El Cruce de los Andes constituye un acontecimiento que vertebra la cultura histórica de los argentinos. Su importancia reposa en el abigarrado de significados dispuestos a glorificar una empresa militar y política puesta al servicio de la libertad e independencia sudamericana. Naturalmente, su evocación erige al Ejército de los Andes, y a su creador, el general José de San Martín, como actores cruciales en la ejecución de un plan de operaciones militares que resultó eficaz para restaurar la libertad en Chile, y encarar una estrategia ofensiva contra Lima, la antigua Ciudad de los Virreyes, convertida en baluarte de la opinión y fuerzas contrarrevolucionarias desde el estallido de los movimientos insurgentes en el Río de la Plata.

De igual modo, las provincias de Cuyo, y su capital Mendoza, ocupan un sitial de relieve en la evocación de la empresa militar, en tanto la “ínsula cuyana” constituyó la sede territorial que permitió centralizar recursos y hombres armados para encarar la desafiante empresa libertaria, en medio de un contexto adverso regido por el reflujo de la marea revolucionaria en el continente y la restauración del absolutismo en Europa. El esfuerzo y compromiso de los cuyanos no dejó de ser reconocida ni por San Martín, ni tampoco por el director supremo Juan Martín de Pueyrredón, quienes saludaron, e inscribieron en numerosos oficios loas o elogios, al “inmortal y heroico pueblo de Cuyo” por sus servicios a la revolución, y a la libertad de América. Tales glosas también fueron impresas en letras de molde, y reproducidas en páginas periódicas, y en los dramas representados en Mendoza, San Juan o Buenos Aires en el curso de las campañas militares que dieron los triunfos de Chacabuco y Maipú.

La temática escogida para conmemorar el Bicentenario del Cruce de los Andes hace hincapié en un tema recorrido por la historiografía sanmartiniana y de las guerras de independencias en América del Sur ^[1]. En efecto, la financiación de la campaña militar ha sido abordada por los historiadores con el objeto de evaluar el esfuerzo fiscal que demandó, y puntualizar las principales fuentes de financiamiento que incluyeron fondos procedentes de la Tesorería de las Provincias Unidas y los extraídos de las economías y sociedades cuyanas. Dicho asunto fue regularmente fundamentado por el gobernador intendente de Cuyo, José de San Martín, los funcionarios locales, y del gobierno central con sede en Buenos Aires. Ya en 1817, Toribio Luzuriaga, el gobernador que sucedió a San Martín, puntualizó ante el Cabildo de Mendoza los rubros principales que habían contribuido a la formación de la maquinaria militar, y mucho más tarde sería el general Gerónimo Espejo quien documentaría los instrumentos fiscales ensayados en la jurisdicción por el “genio organizador” del Ejército que cosechó el éxito de Chacabuco en el verano de 1817, y que restableció el intercambio mercantil con las Provincias Unidas que se había visto interrumpido como consecuencia de la derrota patriota en Rancagua a comienzos de octubre de 1814 ^[2]. Los efectos de dicha contracción habían condicionado el desempeño de las economías locales, por lo que las expectativas depositadas en el restablecimiento del flujo comercial entre los mercados del Pacífico y el Atlántico, no fueron soslayados por los comerciantes locales ni tampoco por el gobierno rioplatense ^[3]. Dicha confianza habría de estructurar la correspondencia oficial, y muy especialmente la de carácter reservado que dirigió el director supremo, Juan Martín de Pueyrredón, al general en jefe del Ejército de los Andes: en octubre de 1816, mientras Pueyrredón comprometía los recursos del erario nacional, retaceaba el apoyo al Ejército del Norte, y tomaba préstamos con particulares para saldar el compromiso de financiar la máquina militar que San Martín organizaba en Cuyo, habría de confesarle: “Espero que Ud. me abra en Chile un manantial de recursos porque de lo contrario nos acabará la necesidad” ^[4]. La magnitud del esfuerzo fiscal tampoco dejó de ser consignada en las Instrucciones reservadas que el Director Supremo rubricó en vísperas del memorable Cruce los Andes, después de intercambiar varios oficios con San Martín, y los hombres de la Logia Lautaro enrolados tras la empresa militar. En el largo detalle de disposiciones que debían ser cumplidas una vez consagrada la victoria en el campo de batalla, y constituido el gobierno independiente, se dejaba constancia del costo aproximado de la campaña, y también subrayaba que dicha inversión debía ser reconocida por el Estado chileno en vista a ser retribuida cuando el erario lo permitiera ^[5].

Desde entonces, el interrogante sobre las vías de financiación del ejército, y su incidencia en las finanzas del gobierno rioplatense ha constituido una regular preocupación entre los cultores de la empresa sanmartiniana, aunque su abordaje ha sido distinto a los estudios dedicados al Ejército del Norte. A propósito de ello, la disponibilidad de información contable (Comisaría de Guerra) de la mano de la maestría del recordado Tulio Halperín Donghi (1971), abonaron tesis perdurables sobre el peso del gasto militar en el erario, de su composición y sus efectos en la economía regional, como en el derrumbe de las Provincias Unidas del Río de la Plata en la dramática coyuntura de 1820 ^[6]. En cambio, los estudios sobre las finanzas del Ejército de los Andes no dispusieron de información básica equivalente, aunque existen ponderaciones de muy diferente tenor. Por lo pronto, vale recordar que Pueyrredón consignó en las Instrucciones reservadas que la suma alcanzaba a dos millones de pesos, que pensaba recuperar una vez restaurada la libertad chilena. A su vez, Ornstein (1937) restituyó un detalle de algunos rubros locales aplicados a la formación del ejército sobre la base de fuentes variadas recogidas en archivos locales, y testimonios aportados por Espejo. Años después, Hoffman (1952) arribó a valores menores a los señalados por Pueyrredón mediante la consulta de informes oficiales confeccionados en 1822 ^[7]. Según estos, el aporte de las Provincias Unidas a la campaña de Chile ascendía a 1.062.313 pesos, y la del Perú a 500.000 ^[8]. Cifras que no incluyeron los gastos comprometidos a sostener prisioneros de guerra, el equivalente a diezmos, y contribuciones de excepción.

El presente artículo recupera resultados de trabajos anteriores con el propósito de mejorar la comprensión de la magnitud del costo fiscal que demandó la formación del ejército, atendiendo a los aportes del gobierno nacional, y al repertorio de instrumentos fiscales implementados en la jurisdicción ^[9]. Asimismo, interesa reexaminar el peso relativo de los salarios de los enrolados en la maquinaria militar en la etapa previa a la travesía andina, y en la posterior; en cuanto permite estimar la gravitación creciente de la masa salarial en el gasto del Ejército de los Andes, y en el de Chile, que resulta indicativa de las severas condiciones fiscales de los gobiernos patriotas para completar la campaña en el sur chileno, y de la compleja alquimia financiera que sería diseñada para impulsar la campaña al Perú.

Antes de ello, resulta oportuno anticipar dos o tres cuestiones en relación a las fuentes utilizadas, que corrigen avances anteriores en función de haber accedido a información primaria complementaria. En aquella oportunidad, se aportaron evidencias sobre la base de los presupuestos ejecutados correspondientes al trienio 1815-1818 (procedentes de colecciones de documentación sanmartiniana) que permitían apreciar la proporción de los fondos transferidos por el gobierno central con sede en Buenos Aires, y los originarios de los pueblos cuyanos bajo la administración del gobernador San Martín. En esta ocasión, la consulta del meduloso expediente confeccionado en 1822, con el propósito de obtener de los gobiernos de Chile y Perú el reconocimiento de la deuda contraída con el disuelto gobierno de las Provincias Unidas, ha permitido evaluar con mayor precisión los recursos derivados por el gobierno central al gobernador de Cuyo, y modificar impresiones previas sobre el gasto militar en vísperas al Cruce. Tal abordaje permite esclarecer las vías de financiación del ejército, y muy especialmente, desagregar la composición del gasto militar, y considerar, en particular, el peso del salario del personal militar. Ambos aspectos posibilitan echar luz sobre la información pionera suministrada por Hoffmann, quien había ofrecido cálculos agregados de los aportes del gobierno rioplatense a la campaña a Chile y del Perú, la cual será abordada posteriormente. A su vez, el análisis del peso de los salarios militares en los presupuestos ejecutados habilitan a trazar puntos de contacto y divergencias con los prevalecientes en el Ejército del Norte, sobre los que se disponen de indicadores relativamente comunes basados, primordialmente, en la composición y distribución del gasto de la oficialidad y de la tropa ^[10]. Dicho cotejo también permite ilustrar los contrastes relativos al papel de los ejércitos revolucionarios en las economías locales.

1. Las vías de financiamiento

En un marco de franca convivencia con el gobierno central de las Provincias Unidas, apoyado en las relaciones aceitadas de la logia lautarina, San Martín fue ascendido a coronel mayor de los ejércitos nacionales a los efectos de jerarquizar la cadena de mandos. Hasta entonces, la militarización sostenida en territorio cuyano había consistido en el “estado de defensa” de la jurisdicción que había recaído, fundamentalmente, en los cuerpos de milicias y en la raquítica tropa regular representada por el cuerpo de blandengues acantonado en el valle de Uco ^[11]. Ante la restauración del pendón real en Santiago, luego de la victoria realista en Rancagua, el Gobernador Intendente dispuso acelerar “la economía para llevar a cabo las grandes empresas”, que tuvo como base un esquema de poder territorial –el “gobierno de amigos sólidos”– que integraba un elenco de personajes fieles a la revolución ^[12]. La obtención de recursos debía apoyarse en resortes políticos de envergadura que superaron los límites estrictos de la jurisdicción. No obstante, las tensiones acumuladas con el director supremo Carlos de Alvear disminuyeron los apoyos de esa esfera por lo que dispuso una serie de medidas coactivas con el fin de extraer recursos de la población asentada en Cuyo. En efecto, si se presta atención al detalle de los pertrechos de guerra enviados por el gobierno central entre octubre y noviembre de 1814, se observa que los mismos representaron 18.933 pesos. Además, conviene consignar que los aportes del “erario nacional” se restablecieron en mayo de 1815, es decir, cuando la crisis que demolió el gobierno de Alvear (al que había contribuido con énfasis) había erigido a Álvarez Thomas como director sustituto. En ese lapso, y una vez ratificado el liderazgo sanmartiniano por las corporaciones e instituciones urbanas, y militares, los aportes del gobierno de Buenos Aires tomaron mayor impulso que resultaron correlativos a la batería de instrumentos fiscales que permitieron engrosar la “renta fija” destinada a fortalecer el sistema de milicias local, impulsar el reclutamiento de la población masculina libre y esclava, y financiar el regimiento N° 11, liderado por Juan G. Las Heras, que permanecía estacionado en la jurisdicción en resguardo de la frontera oeste de la revolución rioplatense.

La caja militar o “renta fija” contempló tres fuentes de financiamiento complementarias: los aportes del gobierno o hacienda nacional, los gravámenes ordinarios y los de excepción.

Cuadro 1
Fuentes de financiamiento del Ejército de los Andes, 1815-1816 (en $F)
Barros Arana (1857; 1889); Larrain (1906); Ornstein (1937; 1962), DHLGSM, t. IV, 1954; Acevedo (1981); AGN, sala X, 44 -7-26.

El Cuadro 1 expone los rubros y montos correspondientes al bienio 1815-1816. Y si bien la descripción de los distintos recursos que fueron captados para dar forma al ejército es todavía incompleta, debido al estado fragmentario y disperso de las fuentes y otros problemas de registro, la evidencia reunida permite plantear algunas consideraciones. En primer lugar, los recursos procedentes de la Tesorería de Buenos Aires aumentaron sustancialmente en el bienio: de 27.837 pesos registrables en 1815, la cifra se multiplicó a 415.228 en 1816 ^[13]. El grueso de este último correspondió a pertrechos y equipos de guerra; el resto (78.000 pesos) se efectuó en metálico o mediante giro de letras de cambio a plazo (no a la vista): en el segundo semestre de 1816, un tercio del monto (20.000 pesos) fue girado por vía de un apoderado en pesos plata; en cambio, el resto provino en valijas en dos cuotas de 4000 pesos oro cada una, antes de la partida del ejército ^[14]. Como se aprecia, para 1815, el aporte representó el 26%; en cambio para el año siguiente, 76%. Es decir, ambos crecieron en términos absolutos, aunque los aportes nacionales superaron en un 50% los de la jurisdicción provincial. Sin embargo, el peso fiscal en la jurisdicción no disminuyó, en tanto los aportes locales pasaron de 78.000 a 130.000 pesos como resultado de contribuciones de excepción a comerciantes y préstamos contrahipoteca. Cabe destacar que dicho aporte resultó complementario de otros bienes o recursos extraídos de la jurisdicción, a los que nos referiremos oportunamente.

A su vez, si se observan los valores recaudados por gravámenes ordinarios, la evidencia permite apreciar los correspondientes a alcabalas que representaron 5935 pesos en 1815, y 4719 en 1816. En cambio, los beneficios del diezmo (que le correspondía al Rey) fueron mayores, alcanzando 13.730 pesos en 1815. Por su parte, los ingresos por licencias y patentes de tiendas y pulperías, ascendieron a 1147 en un año (Ornstein 1937: 303). Por último, la recaudación de las receptorías de aduana de San Juan y San Luis aportó para el año 1815 22.000 y 6000 pesos, y para el año 1816, 27.949 y 6408 pesos, respectivamente ^[15].

Finalmente, los aportes locales incluyeron gravámenes extraordinarios a los “capitalistas” y al consumo popular. En relación a los primeros, San Martín impuso contribuciones extraordinarias a razón de 4 reales por cada 1000 pesos de capital (que representaron 13.400 pesos en el segundo semestre de 1815 solo para Mendoza); dicha contribución se mantuvo a lo largo de 1816, y se hizo extensiva a los comerciantes exportadores no residentes. El aporte de los viticultores (productores y comercializadores de caldos) se tradujo en contribuciones voluntarias equivalentes a 2.449 pesos entre julio de 1815 y marzo de 1816 ^[16]. En San Juan los donativos alcanzaron 14.242 ^[17]. Además, en 1815, el Gobernador requirió los capitales a censo del Convento de las Monjas (1025 pesos) y de las cofradías (la de Nuestra Señora del Rosario aportó 800), y hasta demandó a los padres mercedarios la entrega de la limosna para la redención de cautivos (122 pesos) ^[18]. Al año siguiente, solicitó el capital vinculado a la creación de un colegio en la ciudad de Mendoza (3233 pesos) Asimismo, el gobierno elevó el gravamen al abasto de carne (5939 pesos, en los años de 1815 y 1816); utilizó la multa como sanción para los peninsulares sospechosos y confiscó los bienes de los opositores que se habían fugado a Chile, algunos de ellos estratégicos ^[19]. Finalmente, a principios de 1816 se decretó la expropiación de los bienes de españoles europeos que morían sin sucesión. También se dispuso la venta de tierras públicas (4 pesos la cuadra); se alentó donaciones en dinero o víveres para alimento de la tropa (las contribuciones patrióticas representaron 8700 pesos), y se recortaron los salarios de la administración, lo que incluyó la reducción a la mitad de su propio sueldo ^[20]. La financiación de la maquinaria militar se completó con la aprobación de una hipoteca “hecha de los fondos generales de hacienda de la provincia en favor de los prestamistas de 44.000 pesos”, distribuidos en 24.000 por Mendoza, 18.000 por San Juan y 2.000 pesos por San Luis, a lo que sumó un préstamo 24.150 otorgado por comerciantes de la plaza mendocina ^[21].

Estos registros contables ilustran solo en parte los aportes realizados, en tanto no contemplan otros rubros decisivos para la formación del ejército. Entre ellos, conviene al menos puntualizar los aportes o donaciones en esclavos, víveres y especies. En efecto, los cálculos sobre el costo de los 710 esclavos incorporados al Ejército, mediante la política de rescate aprobada por la Asamblea del año XIII, y que había sido instrumentada por San Martín cuando estuvo al mando del Ejército del Norte, arrojan valores promedio diferenciados en función de las calificaciones profesionales u oficios que desempeñaban; de tal modo, el promedio calculado para los esclavos de Mendoza fue de 233 pesos, los de San Juan 315 y los de San Luis 190. Si se multiplica por el número de esclavos rescatados emanan los siguientes valores: Mendoza (72.463 pesos), San Juan (75.600 pesos) y San Luis (13.300 pesos). En total se trataría de 161.363 pesos, cuyas retribuciones, vale recordar, fueron comprometidas en tierras preferentemente ^[22]. En materia de víveres y animales, y de acuerdo a datos extraídos de informe de Luzuriaga al Ayuntamiento, solo Mendoza aportó 200 barriles de caldos (1600 pesos), 1500 caballos (6000 pesos) y 800 mulas de silla (2400 pesos). En suma, el total correspondiente a esclavos, víveres y animales alcanza 171.363 pesos.

Ahora bien, si se suman las cifras estimadas según los valores provenientes de gravámenes ordinarios, los de excepción, y las donaciones o extracciones documentadas para 1815-1816, el total de ingresos locales alcanzó a 301.517, mientras que los aportes nacionales en materia de pertrechos de guerra alcanzaron 415.228 pesos. Aun teniendo en cuenta dicha disparidad, la información aportada pone de relieve que la presión fiscal sobre las economías locales fue determinante en ese resultado, por lo que no resulta extraño colocar en ese contexto el comentario que vertió en la epístola que el general en jefe del Ejército dirigió el comodoro inglés William Bowles, en la que celebraba el orden que exhibían las provincias de Cuyo, y las tropas, y que había puesto freno a la “desorganización y anarquía” al que se habían visto expuestas las restantes, le había “costado esfuerzos sobre naturales para conseguirlo, ya empleando un rigor extraordinario (que mis paysanos llaman crueldad y despotismo), ya halagando” ^[23].

En efecto, si se toma como indicador de la marcha de la actividad económica local la recaudación por la vía de alcabalas, se observa una tendencia depresiva que se prolonga hasta 1820 con algunas recuperaciones leves, pero que nunca alcanza el valor de 1814 (11.682 pesos), y que acusan el punto más crítico en 1820 (3101 pesos); en cambio, los fondos de la Aduana exhiben otro desempeño: si bien se reducen en 1815 (pasa de 140.000 a 113.623 pesos), a partir de 1816 aumentan significativamente para duplicar el monto en el quinquenio 1814-1819. Asimismo, los valores consignados permiten apreciar el aumento de los fondos de la Aduana a partir de 1816 (cuando aún no se ha restablecido el comercio con Chile), para crecer de manera sostenida con posterioridad a 1817. A su vez, si se suman alcabalas y aduana, y se calcula la tasa de crecimiento anual se evidencia una caída para 1815 del 21%, que luego aumenta todos los años (74% en 1816, 28% en 1817, 9% en 1818, 7% en 1819).

Cuadro 2
Capital de giro, alcabalas y fondos de Aduana de Mendoza (en pesos)
Capital de giro y alcabalas, Acevedo (1981); Caja General de la Aduana de Mendoza, AHPM, Libros de Aduana 66, 68, 69, 71, 73

A los efectos de ilustrar la recaudación entre 1815 y 1816, bienio crucial de la gestión sanmartiniana, consignados en el Cuadro 2, según alcabalas y fondos de Aduana, los datos consignados permiten considerar la disponibilidad de fondos propios, y conjeturar la asociación entre el aumento de la recaudación con las exigencias financieras del ejército, atendiendo al declive del capital de giro y alcabalas. Por consiguiente, y de acuerdo a lo sugerido por Coria, el esfuerzo que demandó la formación del Ejército de los Andes en Mendoza no produjo efectos recesivos, probablemente, por los aportes de otras provincias ^[24]. De modo que una relativa mejora de la actividad económica local, que se tradujo en un aumento significativo en los fondos aportados por la Aduana a partir de 1816, hizo posible el incremento de la presión fiscal sobre la jurisdicción en momentos críticos para el financiamiento de la empresa sanmartiniana.

2. Composición del gasto militar

Los instrumentos fiscales arbitrados resultan ilustrativos del abanico de recursos ejecutados. Interesa a continuación ponderar la composición del gasto militar, e identificar el peso de los salarios, para lo cual hemos realizado diversas aproximaciones en vista a evaluar la evolución entre la organización del Ejército en Mendoza, y en los años posteriores al Cruce.

Cuadro 3
Gastos de la Tesorería del Ejército, junio 1815 (en pesos)
Razón de los egresos mensuales de la Tesorería del Ejército de Mendoza, Mendoza 30 de junio de 1815, DHGSM, t. II, p. 553, 1954.

Como se advierte en el Cuadro 3, los sueldos y pensiones militares representaban en 1815, el 84% del total, los cuales eran seguidos por los gastos de guerra y hacienda. Un porcentaje superior al gasto a salarios del Ejército del Norte (59%), como también de las fuerzas realistas en Chile correspondientes al trienio 1814-1817 (71%) ^[25]. A su vez, la información permite apreciar que menos del 10% correspondían a salarios de los oficiales, y el mayor volumen a la tropa ^[26].

Cuadro 4
Evolución del presupuesto del Ejército de los Andes, 1815-1818 (en pesos)
Razón de los egresos mensuales de la Tesorería del Ejército de Mendoza, Mendoza 30 de junio de 1815, DHGSM, t. II, p. 553, 1954); Presupuesto del 31 de octubre de 1817, ibídem, t. VI, pp. 305-306, 1954; Presupuesto del Ejército Unido de los Andes y Chile al 30 de noviembre de 1818, ibídem, t. IX, pp. 263-4, 1955.

Ahora bien, si se tiene en cuenta la evolución del presupuesto del Ejercito entre 1815 y 1818, como consigna el Cuadro 4, se advierten dos tendencias de interés: el aumento en valores absolutos (esto es, creció casi cuatro veces), y además, la casi absoluta representación de los sueldos militares (por lo menos para 1815 y 1817). En pocas palabras, las evidencias reunidas permiten apreciar que el aumento del trienio estuvo signado por el remplazo de un ejército en formación a otro en campaña, y el esfuerzo militar y fiscal que demandó sostener la guerra en el sur chileno. En este caso, los recursos procedieron de manera exclusiva del gobierno de las Provincias Unidas. No en vano, el director Pueyrredón expresó a San Martín el 2 de septiembre de 1818:

¡Ah mi amigo! ¡En cuantas amarguras nos hemos metido con el maldito empréstito! […]. El resultado de todo es que el Estado no se remedia: que el comercio nacional se arruina, […] que no entra un peso en la aduana […] y lo peor y más ruinoso de todo es que el crédito público se destruye de un modo escandaloso. Estoy ahogado, estoy desesperado. Ayer he dicho que se me proporcionen arbitrios o que se me admita mi dimisión de este lugar de disgusto y amarguras.

Finalmente, interesa incursionar en la distribución del gasto militar entre la oficialidad y la tropa, y evaluar sus tendencias en vista a trazar puntos de contacto y divergencias entre las evidencias disponibles para el Ejército del Norte, y el que hoy evocamos. Para ello resulta conveniente consignar algunas cuestiones relativas al contrato celebrado entre los reclutas y el gobierno al momento de tomar plaza, y los testimonios de Espejo en relación al papel del salario y de la forma en que era retribuido como dispositivo de disciplina entre la oficialidad y la tropa. Si se observa la información volcada en el Cuadro 5 se extraen algunas consideraciones:

Cuadro 5
Distribución de sueldos del ejército de los Andes, 1817 (en pesos)
Sueldos asignados al personal del Ejército de los Andes con rebajas de invalidez y montepío militar para Infantería, Artillería, Caballería y Dragones y Estado Mayor General del 1 de mayo de 1817 DHGSM, t. V, pp. 413-414, 1954; Razón de los sueldos que deben gozar los empleados en él, excepto después de rebajados, invalidos, y monte militar del 23 de agosto de 1817, DHGSM, t. VI, pp. 140-141, 1955.

En primer lugar, las retribuciones de la oficialidad difieren según la fuerza: los sueldos de la infantería eran menores a la artillería y caballería; además, conviene consignar que se practicaron descuentos por invalidez y montepío, a lo que se suma la reducción de salarios vigente desde agosto de 1817 ante la escasez de fondos, tal como lo anunció La Gazeta del 9 de agosto. En segundo lugar, los salarios de la tropa eran superiores a los percibidos por soldados del Ejército del Norte (varió de un peso a dos después de la derrota de Guaqui), y no sufrieron descuentos, seguramente para evitar eventuales conflictos y afianzar la relación de mando-obediencia. Pero por otra parte, la evidencia reunida exhibe la uniformización de los estipendios en todos los regimientos y batallones (artillería, infantería, caballería), situación que contrasta con los salarios percibidos por la oficialidad de los mismos cuerpos. Estos sin embargo, y a diferencia de las retribuciones pagadas en 1815, resultan equivalentes o iguales a los pagados en Buenos Aires en 1816 ^[27]. Es decir, que la campaña a Chile, y la importancia de custodiar el gobierno patriota allí instalado, mejoró los ingresos de la oficialidad de la formación militar, los cuales resultaban también idénticos a los establecidos en el Reglamento Provisorio de sueldos de oficiales y del prest de la tropa del Ejército de Chile que promulgó el director O’Higgins, en febrero de 1817 ^[28].

Con todo, esta apretada descripción de los costos de la expedición quedaría incompleta si se omitiera referir a las severas dificultades del gobierno rioplatense para cumplir en tiempo y forma con los compromisos asumidos. En el curso del año 1818, y en el contexto de una intensa movilización de fuerzas en el sur chileno, el director Pueyrredón ordenó reducir a la mitad los sueldos militares, y se vio con severas complicaciones para enviar recursos que permitieran saldar la deuda con los enrolados, a riesgo de poner entredicho el orden y disciplina de la formación militar ^[29]. Idéntica resolución adoptó el director de Estado chileno, Bernardo O’Higgins en vista a restablecer la “parálisis” de los fondos públicos, ante la necesidad de “sostener una guerra que, por su duración y larga distancia en que se ha hecho, ha consumido y agotado los fondos de la Nación” ^[30]. El general González Balcarce, al mando de la división del sur, puso en agenda la centralidad que esta adquiría para evitar los trastornos que producía la demora de tres meses sueldos. En sus palabras:

[Los] graves males a que se halla expuesta la tropa –sentenciaba en 1818– , en medio de duras fatigas que son propias del servicio de campaña, experimenta escasez tan notable; se sirva adoptar las medidas que estima más oportunas para precaver las funestas consecuencias que fundadamente deben esperarse de semejante situación, y poner mi honor a cubierto de los grandes compromisos a que se encontrará expuesto, si tengo que internarme a un territorio sin recurso alguno, y acercarme al enemigo con una Tropa que lleva tan fundados causas de disgusto ^[31].

Según los testimonios reunidos el presupuesto del ejército correspondiente a diciembre de 1818 ascendía a 41.953 pesos, y la deuda acumulada, solo en concepto de sueldos correspondientes a tres meses, sumaba 129.797 pesos. Sin duda, las exigencias de la guerra en el Litoral que ponían en un cono de sombras la sobrevivencia del “sistema de la unión”, y la renuencia del gobierno chileno de hacerse cargo de los compromisos (lo cual condujo al mismo San Martín a señalarle la oportunidad de responder al pedido de Balcarce), instalaron un panorama sumamente crítico que exigió al director Pueyrredón disponer los libramientos correspondientes para evitar cualquier desmadre; no sin antes consignar a San Martín que dicho cumplimiento no eludía la responsabilidad que debía asumir el flamante Estado chileno en la financiación de la fuerza militar. Al respecto, el director de las Provincias Unidas señaló:

He barrido al Cabildo, Consulado, Aduana y cuando había algún dinero ajeno. Si viene otro, hago bancarrota y nos fundimos. Supuesto que por ahora lo que sobre todo interesa es mantener el ejército. Creo que de V. hacer presente el estado de falta de recursos en que se halla ese gobierno; y pedir que mensualmente se socorra por este al ejército de los Andes con la cantidad que se gradúe suficiente a sus necesidades; y con cargo a reintegro por ese Estado: pues no es regular ni justo que se sirvan de nuestras armas, y que también se las mantengamos ^[32].

3. Palabras finales

La opinión vertida por Pueyrredón en 1818 remite al agudo cuadro de situación de las arcas fiscales para sostener el ejército y la expedición militar al otro lado de la cordillera. Si en un comienzo, el Director Supremo calculaba que el éxito de la campaña podía dar lugar a algún tipo de alivio a la crónica penuria fiscal, la prolongación de la guerra en el sur chileno, demandó nuevos y mayores recursos.

En efecto, la restitución y análisis de los fondos del Ejercito de los Andes entre 1815 y 1818 pone de relieve, en primer lugar, la complementación de recursos extraídos o volcados de la jurisdicción (a través de gravámenes ordinarios y de excepción), y de los aportes o transferencias recibidas del gobierno central con sede en Buenos Aires, los cuales ganaron mayor centralidad en el segundo semestre de 1816. En efecto, el cotejo de los fondos extraídos de la jurisdicción entre 1815 y 1816 con los transferidos de la “Hacienda Nacional”, permiten apreciar que en el primer año fueron relativamente equivalentes. Tal situación se vio sustancialmente modificada al año siguiente, donde el incremento de los recursos monetarios locales fue del 65%, y los bienes (o pertrechos de guerra) enviados de la Tesorería Nacional aumentaron sustancialmente (se multiplicaron 130 veces). Al respecto, es posible conjeturar la evidente asociación entre la mayor disponibilidad de fondos en la jurisdicción a la concurrencia de la aplicación de la masa salarial en el consumo local (como la yerba y la carne que resultaron gravadas), y el impacto relativo en otros rubros militares. Asimismo, el aumento de la recaudación parece expresar una mejora de la economía provincial y la importancia de otros recursos no monetarios (esclavos, víveres y alimentos) para financiar el ejército, situación que pondría de manifiesto contrapuntos con las finanzas de otras provincias del período revolucionario ^[33].

Por otra parte, la evidencia reunida ha permitido apreciar el peso relativo de la masa salarial de los enrolados en las filas del ejército, representando para 1815 algo más del 80% de los egresos de la caja militar. No obstante, la observación de la evolución de los presupuestos del Ejército que siguió al éxito de Chacabuco, pone de relieve, ante todo, el aumento del que fue objeto a partir de las exigencias de guerra (en 1818 el total del presupuesto estaba comprometido a los sueldos militares), las que condujeron en función de la acuciante disponibilidad de recursos a reducir los salarios de la oficialidad bajo promesa de ser restablecidos o compensados a través de aportes específicos. En contraste a la tendencia observada en las retribuciones de los oficiales, los salarios de la tropa no resultaron afectados en el período examinado. Dicho aspecto permite trazar un contrapunto con los retribuidos en el Ejército del Norte para 1816 en tanto, según los datos aportados por Halperín Donghi, estos se vieron afectados en beneficio de lo percibido por la extendida planta de su oficialidad (enero-junio de 1816 alcanzó el 67%, para bajar al 55%).

Las razones de tales incentivos materiales en el desempeño de la formación militar han sido puestas de manifiesto por la historiografía, la cual ha subrayado las dificultades que enfrentaban los ejércitos revolucionarios al ver reducido los contingentes de hombres enrolados en las filas de sus batallones y regimientos por los efectos de la deserción (Abasolo 2002; Bragoni 2005). Dicho dilema encabezó la agenda gubernamental, y la de San Martín en particular, en tanto constituía un componente crucial de la “profesionalización” de la fuerza militar bajo su mando, que implicaba el cumplimiento del contrato militar celebrado entre la autoridad política (o “Estado”), bajo una modalidad “cuasipolítica”, a la que refirió Halperín Donghi oportunamente (1979, 1984), con el fin de evitar la deserción, o en su defecto, conceder a los desertores regulares amnistías, atemperar penas, y/o esquivar suplicios en aras de preservar la composición de la fuerza militar. No en vano, la evocación de tales dispositivos en el desempeño del Ejército de los Andes realizada setenta años después por el general Gerónimo Espejo, que integró el Estado Mayor, puso de relieve la eficacia relativa de estos en la expedición a Chile: “los sueldos se pagaban con religiosidad y preferencia a todo otro gasto”, en tanto funcionaban como “resorte seguro para conservar la moral, corregir faltas y castigar con el último rigor los delitos en que llegue a incidir la mala índole de algunos hombres”. Asimismo, el componente salarial resultaba de capital importancia para el General en Jefe del Ejército, en tanto la campaña militar a Chile debía despejar toda sospecha de que el ejército bajo su mando alimentara cualquier tentación de “saqueo, opresión, ni la menor idea de conquista, o que se intentara conservar la posesión del país auxiliado”. Tal instrucción resultaba capital para “mantener la guerra en orden”, y evitar que se convirtiera en “vandalaje”, como lo confesó a Tomás Guido ^[34]. Aunque algunos historiadores han sugerido matizar el peso de la motivación material en el funcionamiento de los ejércitos revolucionarios en beneficio de componentes épicos ^[35], el testimonio sanmartiniano resulta contundente de la centralidad del salario como dispositivo vertebrador de la cadena de obediencia, que no resulta extraño patentizar mediante una sumaria militar instruida en Santiago de Chile en 1818, ante la insolencia o “delito” de un piquete de soldados que reclamó los haberes adeudados bajo la voz de “plata, plata, plata” ^[36].

Referencias

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Notas