Introducción

Trayectoria 1. Ocho años habían pasado desde aquel verano de 1891, en el que Dolores N° 9877 (así se identificaba a los “expósitos”) había sido entregada por la Sociedad de Beneficencia a una señora “para servir” [1]. Faltando al compromiso firmado al retirarla, esta mujer condujo a la niña directamente a la casa de su hermana, ubicada en la calle Méjico 1124, donde trabajó durante años sin ningún tipo de supervisión por parte de las inspectoras del asilo ni del ministerio pupilar. Cansada de sufrir los malos tratamientos de su patrona, Dolores decidió fugarse a mediados de 1899. La Comisaría de la sección 16 pudo constatar que la niña había sido golpeada con un fierro y que existían otras menores a las que la mujer martirizaba en la misma forma.

Dolores fue puesta a disposición de un defensor de menores que rápidamente la (re)ubicó en la casa de un auxiliar de la comisaría en cuestión. A raíz de una serie de irregularidades, la niña fue retirada también de la casa del policía. Aunque después de este suceso perdemos su rastro, es posible pensar que fue reingresada a un asilo a disposición de las autoridades, a la espera de una nueva colocación.

Trayectoria 2. Flara González trabajaba desde los quince años como sirvienta en una casa de familia en la calle Lavalle 673. No sabemos si ése fue su primer empleo, pero sí sabemos que se encontraba colocada allí desde hacía cuatro años y desde entonces nunca había tenido una queja de sus patrones con los que, destacaba, pensaba continuar siempre. Ganaba un jornal mensual de quince pesos en efectivo y lo necesario para vestirse. Era huérfana de padre y madre y no tenía abuelos. Al parecer, esa condición de orfandad era aprovechada por sus tíos los que, según sus dichos, la “asediaban” pretendiendo ejercer sobre ella una dirección que era propia de un tutor o de un padre, obligándola a entregarles sus salarios porque aún era menor de edad.

En el año 1907, Flara inició acciones legales y solicitó a un juez que le designaran un tutor dativo “cualquiera” para quedar bajo su tutela hasta alcanzar la mayoría de edad. Esta era la única herramienta judicial que tenía a su alcance para dejar de ceder sin más el producto de su trabajo a sus tíos. En el marco de ese mismo proceso, pidió también un permiso para ausentarse por un año a Europa en compañía de sus nuevos patrones. Este requerimiento, al igual que el de la designación del tutor, fue concedido por el magistrado [2].

Trayectoria 3. No corrió la misma suerte la pequeña Rosa Cametti, quien no tenía los medios para escapar de la trampa en la que transcurrió su corta vida. Trabajaba para un matrimonio con hijos junto a Elvira, otra sirvienta de mayor edad. Colocada por sus padres, falleció a los siete años por los malos tratos infringidos por su patrona el 29 de agosto de 1915 [3]. En el marco de las indagatorias, la acusada declaró que Rosa “era una chica buena y dócil, que tenía el único defecto de gustarle el alcohol”. También reconocía en ella una “afición desmedida por la manteca”, lo que “(…) motivaba de su parte correcciones” tales como “privarla del postre, de salir, tirarle las orejas, zamarrearla, asustarla con los vigilantes, (…) algún pellizco, cachetada o empellón, a veces con la mano y otras con una regla chica”. Después de examinar los informes de los médicos forenses, el juez concluyó que “las extensas quemaduras causa de la muerte de Rosa Cametti fueron producidas por haber sido volcada sobre las partes interesadas del cuerpo de la menor agua muy caliente” y que -independientemente de que hubiera sido o no un acto voluntario- se trataba sin lugar a dudas de un homicidio.

Trayectoria Nº 4. Margarita Garré, estuvo colocada durante varios años en una casa de familia en la calle Carlos Calvo 1505. Había recorrido un largo camino antes de que su tía Luisa Garré intentara “rescatarla” de su condición de sirvienta y reunirla con sus hermanos más de diez años después de haber sido separada de ellos [4]. Nacida el 21 de septiembre de 1899 en la casa familiar, era la segunda de cinco críos, todos hijos del mueblero Don Pedro Garré y su esposa Agustina. En el verano de 1909, el hombre falleció de tuberculosis. No sabemos si Margarita recibió la noticia, ya que un tiempo antes, tal vez sabiéndose enfermo, Don Pedro la había ubicado en el Colegio San Antonio de Mercedes en la Provincia de Buenos Aires, donde estuvo asilada por años. Como nadie la reclamó, la Superiora de dicha institución la colocó como sirvienta en una casa de familia en la ciudad capital, al tiempo que “normalizó su situación” al ponerla a disposición del defensor de menores.

Seguramente la niña tampoco supo que después de morir su padre nació María, la menor de sus hermanas. Que su madre, puérpera y enviudada, se fue de su hogar abandonando a sus hermanos. Y que fue su tía quien se hizo cargo de todos ellos. De todo esto debió enterarse en 1919, cuando Luisa Garré inició acciones judiciales para que se la entregaran.

El defensor afirmó que Margarita, estaba en un hogar “espectable”, donde velaban por ella “como si fuesen padres”, la instruían de acuerdo a su corta edad y contribuían a su porvenir depositando mensualmente los montos convenidos por los servicios prestados. Añadía que cuando citó a la menor en su despacho, ésta le manifestó que sus guardadores le inspiraban “cariño paternal” y que a la tía no la conocía y nunca había oído hablar de ella [5]. Finalmente el pedido de la mujer fue denegado y Margarita siguió prestando servicios domésticos en la casa de la calle Carlos Calvo 1505.

Con más o menos coincidencias, las historias de Dolores, Flara y Margarita se repiten una y otra vez. Menos común resulta la terrible muerte de la pequeña Rosa, aunque no así muchos de los “correctivos” que le destinaron. En la ciudad de Buenos Aires de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, había miles de niñas y niños pobres, huérfanos, abandonados, institucionalizados o no, que trabajaban como sirvientes o criados, pero sus experiencias son generalmente desconocidas. Sólo podemos acceder a ellas cuando por alguna razón estalló algún drama o conflicto entre los niños, sus familiares, los patrones o las autoridades públicas que hicieron que los ecos de sus vidas llegaran a la policía, los defensores, las damas benefactoras, la justicia, la prensa. Estas y muchas otras experiencias revelan la importancia que tuvo el fenómeno de la circulación de niños y el paso (casi) obligado en sus itinerarios por el servicio doméstico [6].

Este artículo analiza la importancia que tuvo el servicio doméstico como espacio material y moralmente válido para las niñas y niños pobres que habitaban la ciudad. Describe cómo era esta forma de trabajo infantil, las vías de acceso al servicio doméstico y sus particulares lógicas de funcionamiento. Analiza el intrincado vínculo entre el servicio doméstico y el fenómeno de la circulación de niños. Se propone demostrar la centralidad que tuvo el trabajo en las experiencias de los niños y niñas pobres que habitaron la ciudad. Que la crianza generalmente implicó una cuota de trabajo por parte de aquellos que eran “criados”. Que el servicio doméstico era considerado un ámbito conveniente para aquellos menores de edad expuestos al “abandono moral y material”. Que operó como una especie de “refugio”, una alternativa para sacar a los niños de la calle. Que se constituyó en un espacio material y moralmente válido para la infancia pobre, que estuvo ligado a un engranaje socio-institucional más amplio. El trabajo se sustenta en un corpus amplio y heterogéneo de fuentes: cédulas censales, prensa, legajos del Fondo de la Sociedad de Beneficencia y del Tribunal Civil de la Capital, reglamentaciones municipales, entre otros.

“Muchacha se necesita”: niñas y niños en el servicio doméstico

En la ciudad de Buenos Aires de fines de siglo XIX y principios del siglo XX, el servicio doméstico constituía un ámbito complejo de trabajos y relaciones. Implicaba el desempeño de un sinnúmero de tareas y actividades: limpiar, fregar, lavar, planchar, cocinar, pulir, lustrar, barrer, servir la mesa, cuidar niños, hacer mandados, entregar mensajes, etc. Estas y muchas otras labores contribuían a la reproducción cotidiana de los miembros de las familias, aunque no de forma exclusiva, ya que muchas veces los límites entre el espacio doméstico y el de los negocios eran difusos y permeables. Los servicios domésticos eran desempeñados generalmente por “sirvientes” o “domésticos” (las dos formas más extendidas para designarlos). Otras veces, se desdoblaban en diversas figuras ocupacionales (amas de llaves, mucamos y mucamas, niñeras, cocineros y cocineras, cocheros, etc.).

Entre los y las sirvientes, estaban quienes se colocaban “con cama”, quienes trabajaban “sin cama” para una misma familia o bien, quienes trabajaban “por horas” para varios patrones. Estas formas de trabajo, daban lugar a relaciones y formas de dependencia muy diferentes.

Los sirvientes formaban parte de la vida de las familias y de la cotidianeidad de sus hogares y era en este espacio de intimidad y proximidad donde se definían sus relaciones. Para quienes se colocaban “con cama”, modalidad muy extendida en ese tiempo y lugar, el servicio era una suerte de estado permanente. Estaban completamente a disposición de sus patrones. La ausencia de autonomía se volvía más palpable ya que vivían en el mismo lugar donde trabajaban. Se generaba además una situación de extrema dependencia debido a que era a través de sus patrones que satisfacían sus necesidades de habitación, alimentación y vestido (por mencionar las más básicas). Además, el desarrollo de los aspectos más diversos de sus vidas -los momentos de descanso y de ocio, las relaciones afectivas y familiares, las prácticas religiosas y políticas-, estaban condicionados por este medio de vida. A tal punto esto fue así que algunos autores han señalado que más que un oficio, ser sirviente o doméstico era una condición [7].

El servicio doméstico tenía límites difusos y móviles. Su complejidad constitutiva no sólo se tradujo en la existencia de diferentes categorías ocupacionales, tareas y funciones, condiciones de contratación y espacios laborales. Entre las múltiples formas que asumió, se encuentran relaciones de trabajo no remuneradas, “arreglos” en los que lo laboral y lo familiar se yuxtaponen, en el marco de concepciones remunerativas que excedieron al pago salarial.

Este espacio de trabajo se constituyó y dinamizó a partir de la coexistencia de lógicas económicas, prácticas sociales, procesos culturales y políticas institucionales con distintas racionalidades. En su conformación y expansión hubo diferentes circuitos de acceso y colocación. De su descripción y análisis surge una imagen del sector parcial ya que cada uno de ellos estuvo sujeto a dinámicas específicas. Por momentos se presenta como un ámbito de actividad mercantilizado, donde prevalecieron relaciones laborales asalariadas organizadas a partir de la oferta y demanda de trabajadores “libres” para contratar. La caterva diaria de avisos de empleo, las numerosas agencias de colocación emplazadas en la ciudad y los acuerdos a los que se llegaba para iniciar un vínculo laboral constituyen buenos ejemplos de ello. En otros casos, se observa que el sector incorporó sujetos que lejos estuvieron de poder elegir su destino. Tal es el caso, por ejemplo, de las niñas y niños colocados como sirvientes y criados.

El servicio doméstico se encontraba entre los sectores más representativos del universo laboral porteño. Su importancia numérica fue sustancial: para 1869 absorbió alrededor del 20% del total de la población “con ocupación”, es decir unos 20.000 personas. Su importancia relativa fue disminuyendo hasta representar para 1914 alrededor de un 8%, pero aun así, en términos absolutos este segmento laboral siguió engrosando sus filas y cuadruplicó su número, superando los 90.000.

Si bien las mujeres tendieron a ser mayoritarias en el rubro, los varones también participaron de diferentes trabajos. Por su parte, la presencia de niñas y niños en el sector es difícil de dimensionar debido a los problemas que tuvieron los relevamientos censales para registrar el trabajo infantil en general y las actividades domésticas en particular. Conforme a una matriz legalista, los censos nacionales de 1895 y 1914 definieron una edad mínima para requerir información sobre la ocupación. Se estableció que el período laboral se extendía entre los 15 y los 60 años y, en consecuencia, se solicitó información sobre ocupación a “personas mayores de 14 años y más”. El corte etario coincidía con el fin del período escolar obligatorio y también con la edad mínima para contraer matrimonio. Esto redundó en la invisibilización de miles de niños y niñas que efectivamente participaban en el mercado de trabajo. Como ha señalado H. Otero, este precepto legalista era inadecuado ya que la edad al inicio de la actividad laboral era en muchos casos inferior a la establecida por la ley [8].

En consecuencia, para poder estimar su importancia cuantitativa se ha recurrido a las cédulas censales de los relevamientos de 1869 y 1895 [9]. De su procesamiento y análisis se constata que el trabajo de niños menores de 14 años en este segmento laboral era muy frecuente y que a partir de los 6 años de edad (si no antes) muchos de ellos eran colocados como sirvientes, criados o niñeras, para ganarse la vida.

El gráfico siguiente permite apreciar los cambios experimentados. Si bien una porción análoga de los sirvientes y sirvientas considerados no superaba los 25 años de edad, en el lapso que separa a las dos muestras hubo una sensible disminución de la presencia de niños en el sector. Si para 1869 los menores de 14 años representaban el 26% de la población afectada al servicio doméstico, para 1895 constituyeron el 10%. Este movimiento pudo estar asociado a una baja efectiva de su participación, o bien, a cambios en los criterios que tuvieron los censistas para registrar el trabajo infantil.

Gráfico 1
Cédulas censales del Censo Nacional de Población de 1869 y 189
Cédulas censales del Censo Nacional de Población de 1869 y 1895

A excepción del primer censo nacional de 1869, que procuró registrar a todas las personas con “profesión, oficio, ocupación o medio de vida” sin ningún tipo de exclusión, los censos nacionales de 1895 y 1914, sólo recogieron información sobre ocupación a “personas de 14 años o más”. De todas formas, este criterio no fue absoluto (al menos al momento del registro), ya que muchos niños menores de 14 años quedaron asentados “con ocupación” en las cédulas censales. Esto sugiere que la información que aparece registrada para 1895 es una representación accidentada y parcial que no refleja en toda su extensión la presencia de los menores en el universo de los servicios domésticos.

La falta de este tipo de registros para años posteriores puedo suplirse acudiendo a otras fuentes de información disponibles. La publicidad fue uno de los medios que más ayuda proporcionaba para ofrecer y solicitar servicio y era una de las modalidades más antiguas después del conchabo directo. Posiblemente, esta forma de búsqueda laboral permitía una difusión de la información, accesibilidad y practicidad únicas: si el diario no se podía adquirir por falta de dinero, seguramente era facilitado por algún vecino, conocido o por la misma editorial; si no era posible leerlo (por no saber hacerlo), algún alma caritativa podía facilitar el acceso al texto escrito.

El diario La Prensa apareció por primera vez el 18 de octubre de 1869 y a diez años de su fundación ya se encontraba entre los impresos más importantes de la ciudad porteña. Desde la tirada de sus primeros números informó a sus lectores que se publicarían “toda clase de avisos, á un precio módico” [10]. La publicidad era una fuente fundamental de financiamiento, sobre todo si se considera que, a diferencia del resto de los periódicos que circulaban en el ámbito porteño, este proyecto editorial buscaba insertarse sin depender del respaldo económico de las subvenciones del gobierno o de partidos políticos. De esta manera, el mantenimiento de la circulación estaba supeditado al aumento de las ventas de los ejemplares y de los avisos publicitarios [11].

A lo largo del período en cuestión, la estructura del diario fue cambiando. La sección fue extendiéndose notablemente, y de exhibir unos pocos anuncios marginales, pasó a presentar varias páginas atiborradas de los avisos más diversos. A mediados de la década del 1880, los clasificados comenzaron a ordenarse alfabéticamente y, posteriormente, para facilitar su lectura y comprensión se organizaron en rubros específicos y en apartados: “empleos”, “inmuebles”, “servicios”, etc. Por su parte, en el caso de la sección de empleos, se diferenciaron y presentaron con el tiempo dos bloques separados, “ofrecidos” y “pedidos”. La expansión de las columnas de anuncios del servicio doméstico fue tan vertiginosa que en muy poco tiempo se convirtió en un importante canal de acceso al mercado laboral y hacia fines de la década de 1880, la oferta y demanda de servicios domésticos se presentó de forma separada (en distintos apartados) del resto de las solicitadas de empleo, práctica que se mantuvo (al menos) hasta la década del 1930.

Si bien podemos confirmar la permanencia de población infantil en el servicio doméstico a partir de los anuncios, es difícil dimensionar el volumen de esa participación debido a que estas publicaciones (ofreciendo o solicitando empleo) fueron un mecanismo más de contratación dentro de una serie más amplia. De todas formas, estas fuentes siguen siendo útiles para abordar el fenómeno, sobre todo para situarlo en relación a otros grupos sociales dentro del rubro y a otros sectores de actividad.

Pagani y Alcaraz [12] han analizado en el diario La Nación la evolución del mercado laboral de niños y niñas entre 1900 y 1940 demostrando no sólo la existencia de una oferta y demanda permanente para su desempeño en el servicio doméstico, sino también que los avisos específicos de este sector fueron numéricamente mayores en relación a los de otras actividades como las manufacturas o el comercio. Para sumar evidencias, de una contabilización de avisos publicados en La Prensa en 1910 surge que la demanda de menores de edad seguía siendo muy importante y, lo que es más interesante aún, que el mercado organizado en torno a los avisos de empleo evidenciaba un déficit crónico, que se tradujo en un desfasaje permanente entre la gran cantidad de menores de edad que se solicitaban y los pocos que se ofrecían (que representaban aproximadamente entre un tercio y un cuarto de los solicitados).

En las páginas del diario La Prensa aparecen de forma permanente anuncios tales como: “muchacho para el servicio de una corta familia, se necesita uno (…)” [13]; “muchacha de 10 á 12 años se necesita una para todo servicio de un matrimonio (…)” [14]; “Un sirviente sin cama, se precisa de uno 12 á 15 años; es inútil se presente sin informes de buena conducta (…)” [15]; “niñera se necesita una de 12 á 14 años (…)” [16]; “muchacha de 11 á 13 años se necesita, corta familia (…)” [17]; “muchacha de 10 años para poco servicio se necesita (…)” [18].

Tanto los niños como las niñas participaban de este tipo de trabajos. Para 1869, la relación era bastante equilibrada, ya que ellas representaban el 60% y ellos el 40% restante. Sin embargo, con el paso del tiempo esa relación se modifica y para principios de siglo, ocho de cada diez sirvientes eran niñas [19], tendencia que también se observaba en el caso de los servidores domésticos de mayor edad.

Es posible reconocer cierta segregación ocupacional de los niños por género. Los varones habitualmente participaban de los servicios domésticos en general como sirvientes o mucamos y otras veces en tareas más específicas como la limpieza de patios, los mandados, la ayuda en la cocina: “se precisa muchacho de 13 ó 12 años para el servicio de mucamo (…)” [20]; “muchacho de 13 á 16 años se necesita uno para sirviente (…)” [21]; “muchacho se necesita uno de 10 á 12 años, para mandados y quehaceres de casa (…)” [22]; “muchacho se ofrece para peón de cocina de casa particular (…)” [23]; “muchacho para servicio de comedor y limpieza se necesita” [24]; “muchacho se necesita para servicio y mandados, de 12 á 14 años (…)” [25]; “muchacho de 12 á 14 años se necesita para lavar patios y mandados (…)” [26].

Por su parte, a las niñas se las convocaba generalmente como sirvientas, para cuidar niños, para cargar criaturas, y para todo tipo de servicios: “muchacha se necesita una para cargar una chica (…)” [27]; “muchacha de 12 á 14 años se precisa para cuidar niños (…)” [28]; “sirvienta de 13 á 15 años se necesita para todo servicio para un matrimonio solo, con recomendación (…)” [29]; “muchacha de 12 á 15 años se necesita para sirvienta (…)” [30]; “muchacha de 14 años se ofrece á matrimonio solo, mucama y servir la mesa, inútil si no es casa muy seria (…)” [31]; “muchacha de 13 á 16 años se necesita para todo servicio (…)” [32]; “muchachita de 12 á 14 años se precisa para ayudar en el quehacer de muy corta familia (…) [33].

Los avisos de empleo muestran que niños y niñas eran solicitados para servicios domésticos, seguramente porque se encontraban entre los más baratos. Mientras a principios de siglo las sirvientas (jóvenes o adultas) se ofrecían y pedían por no menos de 20 pesos mensuales, los sueldos de aquellos en general rondaban entre los 10 y 20 pesos mensuales [34]. También eran frecuentes otras formas retributivas que, más allá de la percepción (o no) de un sueldo, implicaban el intercambio de servicios por la satisfacción de una serie de necesidades básicas (“casa” con o sin pieza, comida, vestido) o bien, promesas de instrucción o formación en un oficio [35].

Los niños y niñas que participaban de ese espacio de trabajo provenían de los sectores pobres que habitaban la ciudad. Se trataba de huérfanos o abandonados, en situación de calle, hijos de madres solteras, de padres viudos, de familias sumidas en la pobreza o la indigencia. Muchos de ellos eran colocados por sus padres o parientes una vez acordadas las condiciones de la entrega del menor y las formas de remuneración. Otros tantos, previamente institucionalizados, eran ubicados por los defensores de menores o por las autoridades de los asilos donde habían sido ingresados. A las colocaciones de niños y niñas efectuadas por particulares se les sumaron las entregas y colocaciones de menores organizadas por las defensorías y los establecimientos dirigidos por la Sociedad de Beneficencia de la Capital.

En 1875, la primera ordenanza sancionada para reglamentar el servicio doméstico incluyó menciones especiales sobre los menores de edad que trabajaban como sirvientes [36]. En uno de sus capítulos, reconoció dos tipos de colocación que supusieron obligaciones distintas para sirvientes y patrones. Por un lado, hacía referencia a los menores colocados como “sirvientes a sueldo”, quienes estarían afectados por la normativa al igual que los adultos (aunque serían los padres o tutores los responsables de su cumplimiento y el manejo de los contratos por el servicio prestado). Por otro, reconocía la existencia de menores “en servicio de sus tutores o encargados de alimentarlos y educarlos” [37]. En relación a ellos, establecía que no serían afectados por la reglamentación y por lo tanto no serían identificados ni controlados por las autoridades municipales porque justamente estaban bajo la égida de aquellos otros actores institucionales, a saber: el Ministerio Pupilar y la Sociedad de Beneficencia de la Capital.

Circuitos institucionales de entrega y colocación

Junto a las formas de colocación propias del mercado de trabajo urbano, donde se ofrecían y demandaban sirvientes variopintos, se desarrollaron una serie de prácticas institucionales de entrega y colocación de niños y jóvenes a familias particulares para que prestaran servicios domésticos. Aunque menos importantes desde el punto de vista cuantitativo, este tipo de colocaciones imprimieron gran complejidad al sector. Eran oficiadas y sostenidas por el Ministerio Pupilar a través de los defensores de menores y por las autoridades de asilos, muchos de los cuales dependían de la Sociedad de Beneficencia [38].

Las colocaciones institucionales fueron un fenómeno tan extendido que algunos autores han caracterizado a las defensorías como “agencias laborales” aludiendo justamente al rol de sus funcionarios como agentes oficiales que ubicaban niños y niñas huérfanas o abandonadas en las casas de familia para realizar distintos trabajos [39]. Si bien esta apreciación sirve para dar cuenta de la dinámica de las colocaciones oficiales, tiende a reducir su complejidad analítica, ya que estos circuitos tuvieron una serie de mediaciones que no pueden reducirse ni asemejarse a la lógica mercantil de las agencias particulares [40].

Desde principios de siglo XIX, la asistencia de los niños pobres, huérfanos y abandonados, era un campo de acción compartido (y disputado) por órdenes religiosas, funcionarios públicos y por la Sociedad de Beneficencia (entre otras asociaciones análogas). Esta institución había sido creada en 1823 por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y, en ese mismo acto, fue encomendada su administración y dirección a mujeres pertenecientes a familias distinguidas del ámbito local. La asociación recibía recursos públicos para el sustento de colegios, asilos y hospitales destinados a mujeres y niños que habían quedado bajo su gestión, pero así también para la creación de otros establecimientos afines [41]. En 1880, con la federalización de la ciudad de Buenos Aires, pasó a ser dependencia del gobierno nacional, situación que le permitió seguir creciendo pero generó una mayor dependencia respecto de los recursos públicos, tendencia que se acrecentó y se sostuvo hasta su disolución en 1946 [42].

Junto a la Sociedad de Beneficencia se erigía otra institución fundamental de la época, el defensor de menores que, desde sus orígenes y más allá de la mayor o menor ampliación de sus facultades legales, también debió intervenir en los conflictos familiares y proteger a los niños pobres, huérfanos y abandonados que habitaban la ciudad [43]. En 1881, en el marco de la organización de la Justicia de la Capital de la República (Ley 1.144), se crearon dos defensorías y se especificaron sus funciones. En su articulado se explicitó que estos funcionarios debían ejercer la guarda y protección oficial de los menores e incapaces; cuidar de los huérfanos o abandonados colocándolos “convenientemente” y atender las quejas por “malos tratamientos” dados por sus padres, parientes o encargados [44]. Por su parte, el Reglamento para las Defensorías de Menores de la Capital de 1884, les confirió la autoridad para celebrar contratos de locación con particulares que tomaran menores a su cargo [45].

Ahora bien, ¿quiénes eran estos menores? Varios estudios de la infancia han señalado que los “menores” no existían como tales, sino que se trataba de una categoría clasificatoria que se aplicaba a un segmento de la población infanto-juvenil que habilitó a una serie de organismos e instituciones a intervenir sobre ella [46]. Se trataba de niños y jóvenes de ambos sexos que, se consideraba, estaban expuestos a situaciones de abandono y desamparo, vinculados a actividades “peligrosas” o, sencillamente, inmersos en contextos familiares precarios que no les garantizaban sustento material ni contención moral [47]. En este sentido, “menores” eran los huérfanos, los hijos ilegítimos de madres solteras, aquellos desvinculados de sus núcleos familiares, con oficios callejeros (canillitas, lustrabotas), los que no tenían un domicilio fijo conocido, los que delinquían, pero también, aquellos cuyos padres eran calificados como “incapaces” debido a su situación de pobreza. En otras palabras, menores eran básicamente -y en gran medida- los niños pobres o muy pobres que habitaban la ciudad [48].

Los menores llegaban a las defensorías por intermedio de la policía que los arrestaba y desde ahí se los remitía, por otras instituciones (como hospitales o juzgados), por denuncias de vecinos o solicitudes de los propios padres [49]. Algunos eran devueltos a sus familias. Otros, los que quedaban a disposición de los defensores, eran enviados a asilos para menores o casas correccionales en los que quedaban internados hasta resolver su situación. Las dimensiones de este problema se evidencian en los censos municipales, que registraron en 1887 más de 4.500 menores asilados en la ciudad y, entre 1904 y 1910, algo más de 6.500 de 0 a 14 años bajo la tutela de asilos públicos o privados [50]. Por su parte, Emilio Coni identificó para 1917 la existencia de unos treinta y cinco asilos para menores en la ciudad de Buenos Aires [51].

Los establecimientos donde eran ingresados los menores no dependían de los defensores sino que estaban en su mayoría bajo la égida de la Sociedad de Beneficencia. Por otra parte, la facultad para colocarlos no era privativa de aquellos funcionarios: la Sociedad también tenía amplias prerrogativas, y no reconocía limitaciones para el desarrollo de estas prácticas de entrega y colocación [52]. Pretendía conservar la misma tutela sobre los menores internados en sus asilos y sobre los que eran colocados, mientras los defensores argüían que sólo les correspondía la tutela de los que ingresaban “directamente” a sus establecimientos y que aun así, ésta cesaba y pasaba a ser ejercida por ellos una vez que los niños eran colocados en casas de familia. Estos entrecruzamientos dieron lugar a interacciones (y conflictos) permanentes, que giraron en torno a los niños que los defensores derivaban y que las benefactoras albergaban, pero así también en derredor de las colocaciones que ambos viabilizaban [53].

La permanencia en los establecimientos solía ser transitoria, ya que el destino habitual de la mayoría de los menores era la “colocación”. Como ha señalado Aversa [54], las autoridades públicas y asilares tenían a su disposición herramientas administrativas y redes instituidas de entrega y circulación de menores mediante las cuales procuraban protegerlos y “regenerarlos”, encauzando de esta forma esas trayectorias de vida que causaban preocupación por estar ancladas en la miseria y ser fronterizas al mundo del delito.

La idea de la “recuperación” de los menores por medio del trabajo estaba legitimada por un amplio espectro de médicos, juristas, higienistas, abogados (en calidad de intelectuales y de funcionarios públicos), pero también por las damas de la beneficencia y las órdenes religiosas. El trabajo era concebido como una herramienta de disciplinamiento y moralización de las clases menesterosas y como un mecanismo de contención e integración de los niños pobres que, una vez identificados como menores, debían ser objeto de tutela y protección oficial. Una vez ingresados al “ciclo tutelar”, permanecían en un estado de minoridad jurídica y social que se perpetuaba [55].

Las colocaciones laborales debían cumplir una serie de funciones. Por un lado, satisfacer las necesidades de alimentación y vestimenta de los niños, de esta forma el Estado y su brazo asistencial (la Sociedad de Beneficencia) se desligaban del sustento material de los mismos al tiempo que descomprimían los asilos -siempre atestados y con recursos limitados- [56]. Por otro lado, debían instruirlos en un oficio que les proporcionara un medio para vivir y les permitiera integrase al orden social como trabajadores “útiles”. Además, los menores colocados debían corregir hábitos y costumbres nocivas adquiridas en el medio social de origen del cual eran “rescatados” -la calle, el conventillo, la familia- [57].

Las colocaciones efectuadas por la Sociedad eran registradas y se formalizaban mediante un “formulario de compromiso” donde quedaban explicitadas las cargas de las partes. A modo de ejemplo, la Casa de Huérfanas utilizaba a fines de siglo un modelo de contrato en el cual se establecía que la Presidenta de la Sociedad “entregaba” al depositario (en masculino) una niña menor de edad “para que le sirva” [58]. Éste la tomaba a su cargo bajo la condición de “cuidarla y educarla moral y religiosamente” y de “atender á su alimentación y vestido”. A su vez, se explicitaba que no se establecía una obligación salarial hasta que la menor cumpliera 18 años de edad, momento en el cual debía fijarse un sueldo “acordado” con el defensor de menores. La menor colocada podía ser retirada de la casa donde se encontraba en caso de fallecimiento del depositario o si no se cumplía con las obligaciones contraídas. Además podía prestar conformidad (o no) a lo pactado en el compromiso una vez que alcanzara los 14 años (edad establecida por el Código Civil). El mismo debía ser ratificado por el defensor de menores, quien a su vez, tenía que controlar su cumplimiento.

Hacia fines de siglo XIX, las colocaciones domésticas no fueron los únicos destinos laborales posibles. En efecto, los menores (sobre todo los varones) comenzaron a ser ubicados en comercios, talleres, estancias o destacamentos militares a medida que aumentaban las necesidades de control del territorio por parte del Estado y se transformaba la economía local [59]. De todas formas, las entregas en calidad de sirvientes y “criados” nunca menguaron y continuaron siendo un destino ineludible para la mayoría de ellos. Entre 1883 y 1907, las colocaciones domésticas efectuadas (o ratificadas) por los defensores representaron entre el 72% y el 100% de las registradas por las dos defensorías de la ciudad. En términos absolutos, su número fue variable, fluctuando en un rango que iba desde las doscientas a las mil entregas de menores de edad en calidad de criados, sirvientes o aprendices (en menor medida) por año [60].

Si bien los defensores cuestionaban las colocaciones domésticas que efectuaba la Sociedad porque resultaba excesivo el número de años establecido (18 años de edad) para que los niños y niñas colocadas comenzaran a ganar sueldos por sus servicios, sus oficios no arrojaban resultados muy diferentes. Preocupados por sacarlos de las calles, ubicaban a los niños y niñas donde podían y, bajo la consigna de formarlos en un oficio, terminaban por facilitar el acceso a mano de obra infantil a un muy bajo costo. Así, como señala Aversa [61], debido a fisuras y tensiones propias de la dinámica cotidiana, estas prácticas de colocación lejos de velar por una instrucción en oficios ligados a las demandas y necesidades de la economía, terminaron por constituirse en un mecanismo de entrega de niños y niñas como sirvientes y “criados” sin demasiadas expectativas de progreso.

Había pocos requisitos y aún menos controles para “retirar” niños. Los interesados se hacían presentes en los asilos o las defensorías y/o elevaban notas a sus autoridades. Una de las pocas “formalidades” que debían llenar por precaución, era que los solicitantes fueran recomendados por dos personas “honorables” o de “buena posición social” [62]. Además, un inspector del asilo del cual dependían los menores debía emitir un informe (previa visita a la casa de la familia) dando el visto bueno para que se efectuara la colocación. Los niños y niñas asiladas debían tener una permanencia mínima de tiempo que en un momento fue de dos años y medio en los establecimientos antes de ser colocados para evitar posibles conflictos (que de todas formas se suscitaban) con familiares que los reclamaban. Si en ese lapso nadie solicitaba su restitución, la Sociedad procedía a su entrega [63].

A juzgar por las irregularidades y conflictos que se suscitaban y por la cantidad de niños y niñas que se fugaban de los hogares donde eran colocados, estas prácticas de entrega y colocación constituyeron una posibilidad de acceder a mano de obra muy barata, sin demasiados controles ni exigencias contractuales por parte de las autoridades [64]. Los circuitos se asentaban en comportamientos sociales ya establecidos, debido a que se trataba de prácticas consuetudinarias que excedieron los mecanismos propiamente institucionales [65].

Por otra parte, como ha señalado Zapiola [66] (2007), las relaciones entre los defensores, las benefactoras, los niños y niñas pobres y sus familias evidenciaban la persistencia de modelos preexistentes en los cuales las autoridades públicas compartían con los particulares la responsabilidad de proteger a los “huérfanos y abandonados”. En este sentido, los sistemas de entrega y colocación de niños fueron la expresión más clara del carácter dual (público y privado) de las políticas destinadas a ese segmento de la infancia pobre, pero así también de la importancia que en las mismas tuvieron los hogares particulares y, en definitiva, las prácticas privadas informales y extralegales.

Espacios sociales y actividades para la infancia pobre

A fines del siglo XIX, comenzaron a haber signos de una creciente preocupación en torno a la niñez. Legisladores, médicos, juristas y educadores comenzaron a ocuparse de este segmento de la población conformando una grilla que separaba a los “menores” de los “niños” [67]. Esa dicotomía diferenciaba a quienes estaban contenidos en el circuito de la familia-escuela (y en algunos casos del trabajo) de aquellos que, por fuera de estos espacios y actividades, eran tildados de “pobres”, “abandonados”, “delincuentes”, “viciosos” y considerados como menores que crecían en el circuito calle-instituto [68]. En la medida que se reconocía la existencia de esta diversidad de experiencias de las infancias, hubo diferentes consideraciones sobre los espacios y las actividades que debían realizar según su origen social y el entorno en el cual estaban inscriptos.

En el caso de los niños y niñas de las clases trabajadoras, varios estudios han demostrado que en ese tiempo y lugar, se contaban por miles los que realizaban trabajos en fábricas y talleres, en locales comerciales, en las calles, en hogares propios o de terceros [69]. Sin embargo, no todas las formas de trabajo tuvieron la misma consideración social ni generaron las mismas preocupaciones. Principalmente la atención se centró en los que trabajaban (y deambulaban) en las calles y en aquellos que se incorporaban a fábricas y talleres [70]. No obstante, mientras el trabajo fabril fue objeto de debates y controversias, la participación de niñas y niños en actividades callejeras generó una alarma y preocupación generalizada.

En 1906, el diputado socialista Alfredo Palacios presentó un proyecto que establecía un primer marco legal para el trabajo de mujeres y niños en fábricas y talleres. La propuesta generó la oposición sistemática de los sectores conservadores y de los industriales. Mientras los socialistas pretendían prohibir el trabajo de menores de 14 años en fábricas y talleres para promover su escolarización, muchos legisladores justificaban el trabajo infantil y coincidían en señalar que era la necesidad económica la que los empujaba a emplearse en ese tipo de establecimientos. En consecuencia, prohibir su contratación no sólo los perjudicaba a ellos sino también a sus familias, que dependían de sus ingresos para subsistir. Otro argumento distinto -pero complementario- sostenía que era más útil que los niños se educaran en el taller que en la escuela, ya que en definitiva estos también eran espacios de aprendizaje “práctico”. Además, agregaban, este tipo de trabajos no eran incompatibles con el estudio, que bien podían complementarse ambas actividades (por eso proponían bajar la edad mínima establecida en el proyecto original). Que el hecho de que los niños tuvieran que estudiar no les impedía trabajar y que, en definitiva, el problema no era que trabajen, sino que no cumplieran con el mínimo de instrucción obligatorio [71]. Por otra parte, y en sintonía con lo anterior, todos los que impugnaban la propuesta de los socialistas coincidían en señalar que era preferible que los menores trabajaran en fábricas y talleres a que estuvieran en las calles, a las que describían como fuentes del vicio, la perdición y el mal vivir que llevarían indefectiblemente a los niños a la delincuencia [72]. Como ya se mencionó, si la presencia de niños y niñas en fábricas y talleres era consentida por muchos legisladores, no ocurría lo mismo con los trabajos callejeros, los que eran desaprobados constantemente [73].

Ahora bien, ¿qué pasaba con las niñas y niños en el servicio doméstico? En este ámbito, los diversos arreglos de trabajo, la variedad de formas remunerativas y las prácticas de colocación y crianza de niños contribuyeron a desvalorizar e invisibilizar el trabajo en el marco del servicio doméstico. En efecto, a principios del siglo pasado, esa realidad no fue objeto de reflexión por parte de aquellos que comenzaban a batallar por la sanción de leyes protectoras del trabajo de mujeres y niños. El horizonte cultural de lo políticamente posible aquí se vuelve palpable. El fenómeno del trabajo infantil en el sector no fue ni siquiera considerado (menos aún cuestionado) por las corrientes más progresistas. Incluso, algunas figuras representativas en la problemática del trabajo lo miraron con buenos ojos. Consideremos sin ir más lejos, las posiciones de Bialet Massé, quien insistía en la necesidad de avanzar en la reglamentación del trabajo de menores de 14 años en fábricas y talleres, mientras sostenía que en el caso del servicio doméstico no había necesidad de que las autoridades públicas intervinieran:

[…] La ordenanza limita la edad para el trabajo de taller y no para el servicio doméstico; porque en nuestras costumbres está la de criar niños, hijos de sirvientes, peones y empleados, de una manera desconocida en otros pueblos, y que son la expresión más pura de la caridad de las familias. Una señora europea se llenaría de asombro, viendo a nuestras damas cuidar á su chinita, no sólo en su alimento, en su vestido, sinó hasta en su aseo personal y soportar después todos los inconvenientes que esta trae á la familia y no pocas ingratitudes.

Cierto es, pero ello es muy excepcional, que hay quien abusa y maltrata á estos seres desvalídos, pero la caducidad del contrato por causa de sevicia y malos tratamientos, la intervención de los padres y tutores y la del Ministerio de Menores, son medios bastantes para evitar y corregir los abusos; mucho más cuando, en honor de nuestra sociabilidad debe decirse, que no hay abuso que escape á la crítica del pueblo, y fácilmente llega a las columnas de la prensa.

Bialet Massé no sólo no objetaba la existencia de niños y niñas sirvientes, sino que además consideraba en términos positivos la ambigüedad de esas relaciones de trabajo y de crianza que eran habituales en el servicio doméstico. Pensaba que se trataba de costumbres que denotaban sentimientos caritativos y humanitarios por parte de las familias que tomaban menores bajo esa condición (que sólo se cuestionaban cuando existían abusos o malos tratos). Este tipo de expresiones parecen haber formado parte de un sentido compartido, independientemente de las posiciones ideológicas.

El servicio doméstico como destino para los niños y niñas pobres era una realidad que estaba naturalizada y que gozaba de aceptación social. Su entrega a partir de los arreglos de trabajo o de crianza (los límites eran muy difusos) era una alternativa válida para resolver la subsistencia. En los hogares de menores recursos era habitual que la crianza implicara como contrapartida la ejecución de una serie de trabajos o la prestación de servicios domésticos por parte de aquellos que eran “criados”. De esa forma, los aspectos (¿más?) laborales de esos vínculos quedaban muchas veces solapados por la proximidad y afectividad que suponían, porque se consideraba que pertenecían al ámbito de las relaciones familiares.

El servicio doméstico también resultó “funcional” a las necesidades de un Estado que, ejerciendo un rol tutelar, sacaba a los niños de la calle o del conventillo y los reubicaba en casas de familia para que los “criaran” y los “educaran” a cambio de sus servicios. Este segmento laboral estaba articulado a un andamiaje institucional porque era considerado una “solución” frente a otras amenazas. Además de descongestionar asilos atestados e insuficientes en su infraestructura y sus recursos y de achicar los gastos de las arcas públicas (en definitiva los gastos de aquellas “crianzas” recaían en los particulares), a los ojos de las autoridades, las colocaciones de menores en casas particulares funcionaban como un ámbito de contención, como un “refugio”. En definitiva, y sobre esto existía un generalizado consenso, el mayor problema era que los niños estuvieran en las calles. Frente a los riesgos y peligros que ello representaba, eran preferibles las colocaciones domésticas porque al menos de esa forma quedaban contenidos en un entorno familiar y bajo el control de una autoridad moral, los patrones.

La presencia de niños en el sector no fue puesta en cuestión durante mucho tiempo porque se conectaba con los procesos más amplios de reproducción social. El servicio doméstico descomprimía, aliviaba presiones. Esto era así tanto para las familias que enviaban a sus miembros de menor edad a trabajar para resolver su subsistencia, como para un Estado muy poco inclinado a responder a las necesidades de asistencia y protección social de su población. A su vez, aquellas familias que no podían costearse un sirviente de mayor edad o que querían ampliar su plantel doméstico, se contentaban con tomar niños o niñas como sirvientes.

Los elementos desplegados a lo largo de este artículo muestran la distancia que existía entre los hogares populares (sobre todo en sus escalones más bajos) y las modernas ideas de familia, maternidad y niñez que se estaban configurando (la familia nuclear, la intensidad afectiva, el hombre como autoridad y proveedor, la mujer como esposa y madre, los niños como hijos y alumnos). Las bases materiales que debían sostener esos arquetipos no estaban garantizadas para una parte importante de la población. Ante las urgencias que les imponía la subsistencia, las familias se desmembraban, las mujeres buscaban un empleo o medio de vida, los niños se criaban por fuera de sus hogares de origen, no asistían a la escuela y trabajaban como los adultos. Ahora bien, como se demostró, no todos los trabajos tuvieron la misma legitimidad social.

Reflexiones finales

A fines del siglo XIX, la multiplicidad de experiencias de las infancias porteñas comenzó a ser decodificada en base a una clara dicotomía: la del niño (hijo, alumno y trabajador) y el menor (huérfano, abandonado, vago, delincuente, pobre). Como se intentó mostrar, mientras unos formaban parte del circuito familia-escuela-trabajo, otros quedaban por fuera de estos espacios sociales, no completaban la instrucción primaria y, carentes de protección, quedaban expuestos a los males de la calle (de allí su supuesta peligrosidad). Para ese segmento de la infancia pobre hubo espacios y actividades específicas, que eran muy diferentes a la de los que sí podían ser integrados socialmente a través del sistema público de instrucción (que haría de ellos futuros ciudadanos útiles y dóciles).

Los niños y niñas pobres que habitaban la ciudad generalmente trabajaban. Tenían un valor económico y su utilidad era por todos valorada. Desde distintos frentes (funcionarios, filántropos, patrones y familiares) se reconocían sus aportes. Ahora bien, no todas las formas de trabajo infantil tuvieron la misma consideración social. Hubo espacios y actividades que eran apropiadas y otras que no. En efecto, mientras el trabajo en fábricas y talleres era defendido desde diversos frentes, el trabajo en las calles (como canillitas, vendedores ambulantes o lustrabotas) generó ansiedades y preocupaciones entre las elites porteñas y fue prohibido en 1919. Por su parte, el trabajo infantil en el servicio doméstico tenía una particularidad: no era considerado un trabajo, sino más bien, un refugio, un espacio de contención moral y material. No era percibido como un problema, sino más bien una solución porque sacaba a los niños y niñas pobres de la calle y era funcional a diferentes intereses y necesidades sociales.

El servicio doméstico resulta ser un espacio privilegiado para analizar el fenómeno de la circulación de niños. Las fuentes consultadas indican que en aquel tiempo y lugar la crianza implicaba como contrapartida una cuota de trabajo por parte de aquellos que eran “criados”. En el espacio doméstico, trabajo y familia se articularon de forma compleja. El servicio doméstico formaba parte de un engranaje socio-institucional que permite comprender los procesos de reproducción social de las clases trabajadoras. En este artículo se visibilizó la oferta y demanda de niños en los avisos clasificados y la el sistema de entregas y colocaciones institucionales de menores. Con todo esto, se contribuye al conocimiento de esta particular forma de trabajo infantil y el de la historia de la infancia pobre en contextos urbanos.

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Notas