Introducción

La Revista de Economía Argentina (REA) ha sido y es una fuente asidua de consulta para la historia económica y política de la primera mitad del siglo XX, aunque poco transitada como objeto de estudio en sí misma. Asimilada a una tribuna casi unipersonal construida alrededor de Alejandro Bunge y su entorno –académico y corporativo– ha quedado además imbricada a dos ideas fuertes, principalmente desde los pioneros análisis introductorios de Juan Llach a la reedición de una selección de artículos aparecidos en sus páginas, publicada por el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) en los años 1980. Allí se subraya el carácter anticipatorio de las intervenciones de Bunge y las contribuciones de la publicación, identificando las piezas del proyecto de una «Argentina que no fue» y el concepto de «demora del desarrollo económico» (Llach, 1985). La segunda idea que instala tanto este trabajo de Llach como aquel clásico artículo sobre el plan Pinedo, es su filiación con una visión enérgicamente crítica del liberalismo económico, pro industrialista y vocera de los sectores corporativos afines a estas ideas. En esa dirección ha sido también analizada como una de las fuentes y hogar de cuadros –fuertemente ligados al mundo católico– participantes de los espacios de formulación de las políticas económicas del primer plan quinquenal peronista (Belini, 2006; Llach, 1984; Pantaleón, 2004).

Este trabajo se propone contrastar esta imagen mayormente erigida sobre la última década de existencia de la REA con las ideas e intervenciones que dieron su impronta a los orígenes de este proyecto editorial en 1918. Desde ese momento y durante la década de 1920, la publicación tuvo una articulación activa con los debates y la formulación de las políticas económicas puestas en marcha durante las presidencias radicales, siendo caja de resonancia de las disputas desatadas por el proyecto de impuesto a la renta presentada por Domingo Salaberry, en el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, y posteriormente en el fallido programa de reformas propuesto por Rafael Herrera Vegas a inicios del gobierno de Marcelo T. de Alvear. Sin embargo, el interés aquí no se dirige a discutir el carácter de las políticas económicas de la década[1], sino que las preguntas de indagación se construyen en el terreno de la historia intelectual y de los saberes de Estado. En ese registro se sostiene que la Revista de Economía Argentina fue uno de los escenarios donde se desplegaron y difundieron intervenciones que sedimentaron, en la siguiente década, en un cambio conceptual respecto de la relación Estado / sociedad, la noción de «crisis» y las herramientas estatales para actuar sobre ella. Por una parte, la ponencia propone complejizar las filiaciones de la REA. Por otra, avanza en una deconstrucción más precisa sobre las innovaciones o las construcciones conceptuales que difundió en esos primeros años. En ese sentido se postula que no puede identificarse una continuidad programática sostenida sino que, enmarcado en un núcleo de inquietudes más o menos coincidentes, construye y difunde debates mediados por las contingencias de la coyuntura. En esa misma dirección, el estudio de esta primera década permite sostener que la REA no agota su perfil en el de su director, Alejandro Bunge, y que en el plano del conocimiento social y su traducción en herramientas políticas, más que identificarse con una «revolución copernicana» en cuanto a nociones respecto del intervencionismo estatal, el nacionalismo económico, las políticas monetarias, sectoriales y el grado de apertura de la economía argentina; forma parte de un proceso más complejo de persistencias y lentos cambios conceptuales y de prácticas, aún inserto en las matrices de la economía política liberal.

La Revista de Economía Argentina en los años 1920. La constitución de una legitimidad: actores y redes^[2]

La Revista de Economía Argentina inició su circulación en julio de 1918, impulsada por una conocida y polifacética figura de la época –funcionario de Estado, profesor, actor corporativo y militante del catolicismo social–: Alejandro Bunge. Su edición se mantuvo hasta 1952, aunque desde 1943 –año en que fallece su fundador– alternó su periodicidad, históricamente mensual, a períodos con aparición bimestral y trimestral hasta su cierre. A lo largo de estas tres décadas la revista asumió diversos perfiles al ritmo de los cambios en su cuerpo de colaboradores, y con ello sus vinculaciones institucionales, organización interna, así como en los tópicos temáticos y propuestas movilizadas en sus páginas. Tomando estos aspectos pueden identificarse a grandes rasgos tres momentos en su historia editorial. Un primer período fundacional, entre 1918 y la primera mitad de los años ’20, caracterizado por un alto dinamismo académico, a la par que por su rol de ‘porte plume’ corporativo de la Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción (CACIP), de participación en los escenarios de desarrollo del conocimiento social, los debates reformistas y espacios estatales activos en la formulación de programas de políticas públicas. Un segundo momento, que cubre la década de 1930, de legitimidad ya consolidada. Por estos años se advierte un nuevo balance entre el peso de la intervención académica que pierde terreno al igual que el impacto de sus ideas en los debates gubernamentales frente a su función de representación lobista acendradamente cercanamente a la UIA. Fue en esta coyuntura que la REA adquirió el perfil que alimentará su imagen más duradera, asimilada a la defensa de programas industrialistas y en sintonía con intereses corporativos[3]. Por último, hacia 1943 su etapa final estuvo marcada por una inflexión más profunda ligada a los cambios del contexto académico y político, e internamente a la desaparición física de su director y las renovaciones generacionales que la convirtieron en la portavoz del nuevo Instituto de Investigaciones Alejandro Bunge, filiándola más estrechamente a un registro confesional.[4] En este desenlace no fue la excepción, ya que siguió un derrotero compartido más ampliamente con otros emprendimientos vinculados a intelectuales católicos de la entreguerras –algunos de ellos presentes en la REA como Tomás Casares o Atilio Dell’ Oro Maini- cuya previa opción por la independencia intelectual más allá de la confesionalidad fue cediendo a lineamientos y organizaciones más disciplinadas y subordinadas a las políticas eclesiales hacia el laicado (Devoto, 2010). Los discípulos de Alejandro Bunge expresarían este viraje en su plena adhesión, en la década de 1940, a la organización de profesionales católicos de la economía[5].

Concentrando la mirada en la primera década de publicación de la Revista cabe resaltar algunos aspectos. Primeramente, en términos cuantitativos la circulación y número de tirada, con un promedio de 7.500 ejemplares, tuvo cierta excepcionalidad si se lo compara con otras publicaciones con similares características del mundo cultural de los años 1920 -por ejemplo los alrededor de 3000 de la Revista de Ciencias Económicas o la Revista Argentina de Ciencias Políticas–. Además, de sus amplios circuitos de distribución, ciertos contenidos fueron potenciados en su impacto por la publicación simultánea en la prensa de gran tirada –particularmente La Prensa, La Razón y La Nación–.

En segundo lugar, otra particularidad de esta revista fue el lugar que la publicidad tanto pública como privada tuvo en su financiamiento –además de las suscripciones-.[6] El perfil de su cuerpo de anunciantes no fue constante. Por una parte, en la década inicial de la publicación el conjunto con mayor presencia fue aquel constituido por bancos, organismos financieros y Ferrocarriles del Estado[7]. No menos numerosas eran las compañías de seguros, tanto extranjeras con sucursales en el país como nacionales[8]. Dentro de este espectro, casi como una excepcionalidad, merece un lugar aparte la incorporación entre los anuncios, desde su fundación y durante casi un lustro, de la publicación internacional de Estadística Metron, cuyo director y propietario era el reconocido estadístico italiano Corrado Gini. Por otra parte, desde los números finales de la década de 1920 se incorporaría un nuevo perfil de auspiciantes, principalmente vinculados a empresas industriales y de servicios[9]. En ese contexto, del cuadro de anunciantes mencionados y sus variabilidades, pueden extraerse algunos corolarios. En primer lugar, la estratégica posición de la mayor parte de ellos en el escenario socioeconómico de la época, ubicándola en las intersecciones de intereses clave del esquema de relaciones internacionales, tanto comerciales como financieras de la Argentina de la primera mitad del siglo XX; articulado principalmente en torno a los vínculos triangulados con Gran Bretaña y Estados Unidos. Factor que aporta elementos para explicar el relativo éxito de este emprendimiento editorial y la amplitud de su tirada a pesar de sus contenidos especializados –los cuales mutan sus focos de interés en una sintonía bastante cercana al cambio de auspiciantes–. En ese sentido podría inferirse como segundo corolario, además de las vinculaciones personales, el valor de la información que difunde la publicación y sus servicios estadísticos para estos agentes en el proceso de toma de decisiones en relación a patrones de inversión, relaciones gubernamentales, políticas comerciales, etc. –dado que la elaboración por organismos oficiales de varios de esos datos era escasa–[10].

Si bien la impronta bungeana se encuentra omnipresente en la publicación –sumando más del 20 por ciento de las intervenciones– una multiplicidad de temas y plumas poblaron sus páginas (Saccavino de Roca, 2003; Pantaleón, 2004; Bacolla, 2013 y 2014). Ese disperso universo de voces que formaron el 80 por ciento restante de las contribuciones impuso también sus rasgos al conjunto del perfil editorial. En primer lugar, observando la composición de su directorio por estos primeros años emerge claramente una «economía de legitimidad»[11]. Si bien sus miembros –Alejandro Bunge, Juan José Díaz Arana, Enrique Ruiz Guiñazú, Luis Gondra y Enrique Uriburu– fueron personalidades cuyas actividades los posicionaban en una multiplicidad de ámbitos –la actividad empresarial, el ejercicio profesional, la militancia partidaria y confesional, la participación en otras empresas editoriales, etc.– todos ellos eran presentados, sin embargo, en la revista según tres criterios: la titulación universitaria, su inserción en dicha institución tanto en la docencia como en la estructura de gobierno, y alternativamente su pertenencia a reparticiones estatales y a instituciones de estudio. Recién con la modificación de su directorio entre 1921 y 1922, se introducen actores no provenientes del ámbito académico o estatal: Mauricio Bunge y Eduardo Tornquist. Igual canon sigue el amplio cuerpo de colaboradores –de muy disímil participación– y que incluye figuras que casi no tuvieron presencia en sus páginas, como es el caso de Estanislao Zeballos, Emilio Lamarca, y entre los extranjeros Charles Gide, Irving Fisher, R. Mc Elwee, Roberto Espinoza, Daniel Martner y Guillermo Subercaseaux; y otros con más contribuciones como Benvennutto Griziotti y Gaston Jèze.

Durante la década de 1920 el perfil del elenco directivo y de colaboradores fue claro. Estuvo conformado en su mayor parte por profesores universitarios, principalmente en ejercicio dentro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en la flamante Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y en la carrera de derecho de la Universidad de La Plata. Todos además tuvieron en algún momento durante ese período participación en el gobierno universitario. En el colectivo ampliado de colaboradores, se encontraban representadas otras universidades argentinas (la de Córdoba, la de Tucumán y la de Santa Fe, antes y después de ser nacionalizadas), algunas instituciones académicas del exterior (principalmente europeas, norteamericanas, pero también de países sudamericanos: Brasil, Chile y Perú) y organizaciones políticas internacionales surgidas luego de la Gran Guerra, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Cámara Internacional de Comercio. Además del ámbito universitario y académico, un segundo espectro de referencia lo constituyen las agencias estatales (la Dirección de Estadística; el Ministerio de Hacienda; el Banco Hipotecario Nacional; el Banco de la Nación Argentina). Por último, un tercer ámbito involucraba instituciones muy activas en el espacio público de la época, destacándose el Instituto Popular de Conferencias del diario La Prensa y el Museo Social Argentino. Con respecto a este último, la REA sería, además, miembro adherente hasta entrada la mitad de la década de 1920, hecho que reafirma las vinculaciones programáticas de ambas, más allá de la inserción individual de algunas figuras. También adheriría su membrecía durante estos años a la CACIP[12].

A través de la selección de pertenencias que son enunciadas y la trama de relaciones que estas explicitan, la revista ofrece uno de los indicadores más fuertes de la imagen que procuró forjar, al menos, en esta primera década de vida. Se trata de un proyecto no sólo editorial sino que produce textos de clara intervención política, que se justifica en un «saber profesional» el cual habilita su palabra sobre fundamentos «científicos». En este sentido uno de sus propósitos principales fue tender un puente en la articulación entre la cátedra universitaria y la formulación de políticas. Participó, en consecuencia, de una robusta red no sólo constituida por las instituciones mencionadas sino por diversas publicaciones, algunas inscriptas en el ámbito académico y otras de circulación e intereses más generales dentro del espacio sociocultural de la época. Sólo por mencionar aquellas repetidamente insertas en los comentarios bibliográficos de la REA, y en las cuales varios de sus colaboradores tuvieron algún grado de participación, se destacan: la Revista de Derecho, Historia y Letras, la Revista Argentina de Ciencias Políticas, Estudios (órgano de la academia Literaria del Plata, ligada a los círculos jesuitas), Revista de Filosofía, Nosotros, Revista de Ciencias Económicas, Revista del Banco Hipotecario Nacional (dirigida en ese momento por Enrique Ruiz Guiñazú),y la Revista de Ciencias Comerciales (editadas por Damián Torino y Argentino Acerboni).

Estas filiaciones definieron claramente la recepción que esperaban para sus enunciados. Sobre estos últimos se detendrá el próximo apartado, focalizando por una parte los temas que concitaron la mayor atención en sus páginas, y, por otra, rastreando el uso de algunos conceptos claves del vocabulario político y económico de época.

La REA en la enunciación de una economía para la «República verdadera»

Los primeros años de circulación de la revista coinciden con una década, la de 1920, cuya complejidad ha pasado no pocas veces desapercibida frente al dramático y colosal quiebre desencadenado por la Gran Guerra en un extremo y la crisis de 1929 en el otro –cuya dimensión económica como señaló certeramente Karl Polanyi aunque precipitó la transformación no pudo explicar la profundidad de los cambios sociales y políticos que la siguieron-. Estos dislocamientos globales coincidirían en el escenario local con un clima de movilización en el cual el primer plano había sido ganado por el complejo proceso desencadenado por la aplicación de la reforma electoral de 1912[13].

La REA se constituirá en esas coordenadas como un espacio de referencia y confluencia para un sector de la elite intelectual y política argentina que continuaba sosteniendo la relevancia del conocimiento científico en la arquitectura de una reforma de la sociedad argentina en su conjunto. Esta perspectiva se haría explícita en su programa inaugural, el cual acompañaría a la publicación por décadas, como recordatorio de sus móviles primigenios. En su enunciación, en una primera operación discursiva recortaba el foco de su interés. El mismo se identificaba con la construcción de insumos para la formulación de políticas que pudieran dar respuesta a los problemas derivados de los procesos de transformación económica, social y política, que rápidamente habían dado su impronta al país a inicios del siglo XX. Y, en un segundo movimiento, definía las tareas que se autoimponía para la consecución de esta voluntad [14]. La primera de ellas, embebida en la médula positivista, era la aplicación de un método rigurosamente científico para recabar los datos precisos que pudieran llevar a la segunda labor, que consistiría precisamente en el estudio de esos hechos en un esfuerzo de investigación coordinada y la contrastación con la experiencia foránea razonada.

Si bien en muchos aspectos se alejaba de los reformistas liberales –en cuanto a asociar la reforma política con proyectos de regeneración político institucional o sus visiones sobre la cuestión social– no dejaba de compartir una serie de presupuestos y espacios de acción. A su vez, los ejes vertebrales de las perspectivas difundidas por la REA se organizaban en torno a la constitución de un campo de saber: el de la Economía; pero también alrededor del proceso más general de impulso de saberes técnicos específicos destinados a insertarse en la labor del Estado[15].

Por el peso de las materias tratadas en sus primeros años de circulación, la REA concentró la factura de sus páginas a una doble tarea. Por una parte, aquella dirigida a proponer y legitimar una serie de tópicos e instrumentos de análisis como parte constitutiva de un campo de saber autónomo, el de la Economía –aún vinculada con el derecho público y aquello que en la época implicaba la Sociología o más precisamente la Sociografía[16]–. Y, por otra parte, a demostrar la dimensión práctica de estos conocimientos. Objetivos coincidentes con la consolidación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA donde se referenciaban una buena parte de sus colaboradores[17].

Esa tarea de difusión tuvo un lugar preeminente en los primeros años de la REA. Un número nada desdeñable de artículos y de extractos difundidos en el apartado de informaciones y comentarios, formaban parte de estos trabajos del cuerpo de profesores, alumnos y egresados. Significativamente los conocidos artículos de Alejandro Bunge «El aumento de valor y el poder de compra de la moneda», reprodujeron parte del material preparado para algunas clases prácticas del curso de Economía Política Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas; las notas de Raúl Prebisch, su tarea como jefe de trabajos prácticos del Instituto del costo de la vida y poder adquisitivo de la moneda; los artículos sobre las novedades en la administración y el tecnicismo bancario ponían de relieve las contribuciones que aportaba el curso de Banco Modelo –a cargo del banquero Sergio Piñero-, y su vinculación con la implementación práctica, por ejemplo en el manejo de cuentas corrientes que presentaba el Bank of Boston o sobre el proyecto de Banco de Estado que se discutía hacia 1920. Las notas sobre los cálculos de primas de seguros de compañías y mutuales traían a colación los abordajes presentes en cursos relativos como el de González Galé o el de Argentino Acerboni. Los análisis sobre hacienda pública los atinentes a seminarios como el dirigido por Weigel Muñoz. Por último, no faltaban la reseña y publicación de capítulos de tesis de los recientes egresados de las carreras afines de la Universidad de Buenos Aires y de La Plata[18].

En esta perspectiva, las estadísticas tomaban un rol central. Estas ostentaban un doble papel: eran una herramienta principal y constitutiva no sólo de la Economía sino de las otras ciencias sociales; a la par que revelaban la clave de bóveda sobre la cual debía apoyarse la construcción de conocimiento que serviría a la acción estatal. La inserción en esos primeros años de Alejandro Bunge en la Dirección General de Estadística de la Nación, reforzaba el peso de la disciplina en el conjunto de la publicación, en dos direcciones. Por una parte, la REA se constituía en un medio de difusión rápida de esa tarea –como lo expresaba el mismo director en oportunidad de publicar elaboraciones parciales de esa dirección-. Por otra parte, otorgaba un amplio espacio para hacer conocer las discusiones que se daban en el plano internacional en torno a las estadísticas públicas; como un verdadero observatorio de estas tendencias y medio de expresión de los diálogos que desde la universidad o las reparticiones públicas del país se mantenían con ellas. Las notas de redacción que a veces acompañaban la reproducción de conferencias, exposiciones y recensiones de libros de estos expertos, reiteraban la centralidad política y económica de esos avances ya que, indicaban, su difusión era particularmente oportuna en una Argentina donde era menester su mejora y perfeccionamiento[19].

Una buena demostración de la participación de la REA en ese universo de ideas, fue la persistente difusión y elaboración de estadísticas sobre los más amplios tópicos –desde los relativos a la población, al desempeño de la producción, el comercio, la hacienda pública, indicadores sociales o la determinación de la capacidad contributiva–; como así también la profusión de artículos razonando los métodos de aplicación de los datos estadísticos a diversos problemas de políticas públicas –desde las discusiones sobre los modelos fiscales, las políticas de comercio exterior, las relativas a los diversos factores de producción, las políticas migratorias o la propia legislación social–.

La REA, invocaba así diálogos metodológicos y procedimentales a partir de los cuales contribuir al primer objetivo que se había fijado en su programa inaugural: construir conocimiento a través del «empleo de un método rigurosamente científico para obtener la más acabada información de los hechos que a esas cuestiones se refieren»[20].

Sin embargo, su tarea programática no se detenía allí, sino que exigía la construcción cooperativa de saberes, y para ello determinaba un segundo imperativo: «examinar constantemente las manifestaciones de la vida nacional, recoger en los países extranjeros los resultados de la experiencia económica razonada, y facilitar la publicación y difusión de las ideas que puedan influir de algún modo en la solución de nuestros problemas»[21]. Esta doble misión, como indicaba Bunge en el tercer número de la revista hacía menester «prestar más atención a la economía positiva, a las anotaciones de los hechos con criterio científico, a las investigaciones orientadas por aquellas circunstancias, y a la ordenación lógica de los resultados obtenidos para descifrar su significado y fundar en ellos nuestra política» (Bunge, 1918, p. 242). La REA, como advertía su director, no araba en un desierto, ya que «(e)l esfuerzo de la Facultad de Ciencias Económicas y de algunos profesores de la Facultad de Derecho señala(ba) ya el camino» (Bunge, 1918, p. 241).

Atendiendo esa labor interpretativa y práctica en sus páginas convocaba en los tempranos años veinte otro conjunto de matrices conceptuales que abonarían el proceso de autonomización –dentro del magma proteico de las ciencias sociales– de dos campos específicos: aquel de la Economía Política, y el constituido por las Ciencias de las Finanzas y el Derecho Administrativo. Estos saberes habían transitado un recorrido común vinculado con sus inicios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, e informaba los primeros momentos de la más joven unidad académica, que se reclamaba como espacio específico de la Economía. Como señalan Mariano Plotkin y Jimena Caravaca, los inicios de la Economía Política como campo de saber en Argentina estuvo marcada por la posición preeminente de la lectura que el liberalismo francés había difundido de los clásicos ingleses, y en tal sentido, por una concepción de la ciencia económica cercana a la gala, la cual se ligaba al Derecho e involucraba el examen de las instituciones como parte de sus intereses. En esa dirección se entrelazaron con otras tres vertientes de interpretación: la escuela histórica alemana, el socialismo de cátedra y el cooperativismo, cuya recepción aparecía también mediada por las experiencias de la Francia de la Tercera República, y que incluso encuadraban a las perspectivas de la economía social de filiación católica (Plotkin y Caravaca, 2009).

La REA hizo explícito el reconocimiento de parte de esta matriz a través de la recuperación de nombres clave en la constitución de los espacios académicos de la Economía Política. Una de estas acciones fue la reedición, a principios de 1919, de un opúsculo publicado en 1880 por el entonces profesor de Economía Política, Emilio Lamarca[22]. Este «magma» seguramente embebía aún a aquellos colaboradores de la REA que habían pasado por las aulas de la Facultad de Derecho, pero tampoco estaba ausente en espacios de sociabilidad intelectual y política que, como el Museo Social Argentino, el Instituto Popular de Conferencias del diario La Prensa –o las iniciativas católicas[23]–, reforzaba el contacto personal de viejos profesores, como Emilio Lamarca, con los jóvenes cultores de la Economía Política. Aún más, como ya se ha señalado, la matriz de pensamiento que había apuntalado emprendimientos como los mencionados, continuaba mostrando una influencia del pensamiento francés nada desdeñable. Seguían en un sentido la evolución de la Economía Política francesa con la consolidación de la Economía Social y la école nouvelle, aún insertas en el medio intelectual francés en las carreras de Derecho, pero autonomizadas del conocimiento jurídico, en cuanto a su autoafirmación por el método y la incorporación de la estadística en ese sentido (Le Van-Lemesle, 1983). Influjo mediado no sólo por los debates en espacios académicos, sino además por la impronta que las elaboraciones francesas dejarían en los inicios de ciertas agencias públicas internacionales como la OIT y la Cámara Internacional de Comercio. La importancia que se le atribuye a la figura de Charles Gide constituye una buena prueba de ello[24]. Gide formaba parte del nutrido listado de colaboradores que la publicación difundía con cada número en su contratapa, a pesar que hubo sólo tres contribuciones firmadas por él en la revista[25]. Sin embargo, las referencias al economista francés merodeaban en la REA como cita de autoridad, no sólo en los artículos sobre cooperativismo, y en las asiduas reproducciones de las actividades de dicha sección del Museo Social, sino también como referente en otros debates como el ya mencionado en torno al «coeficiente de corrección de la moneda», o temas de legislación y economía rural. En su sección bibliográfica, la REA reseñaría textos de Gide, inclusive dos obras a esa altura ya clásicas: Cours de Economie Politique, en ocasión de su sexta edición francesa; y Les Institutions du Progress Social, en la de su quinta reimpresión. En dicha ocasión, el redactor ratificaba el acto de reconocimiento que con esto hacía:

Al hacer mención de las nuevas obras de Charles Gide y de sus valiosos artículos, es oportuno mencionar también, el interés con que el señor Gide mantiene relación con los hombres de estudio de otros países por medio de una activa correspondencia, como ha podido notarse en las publicaciones de esta misma Revista en las cuales algunos colaboradores han solido citar opiniones concretas y aún consultas dirigidas a ellos sobre sus escritos, como Emilio Coni, Alejandro Bunge, etc.; de igual modo cabe mencionar la útil participación de Gide en el estudio de los problemas de la economía y de las finanzas después de la guerra al formar parte de la comisión especial de economistas de la Conferencia Financiera de Bruselas de 1920.[26]

Por otra parte, el fortalecimiento y la reorganización de la REA en los primeros años de circulación estuvieron vinculados a disputas en torno a la definición del perfil de la Facultad de Ciencias Económicas, en la cual varios de sus colaboradores tomaron parte. La confrontación oponía a defensores de la matriz de pensamiento tributaria de la Economía Política con aquellos que abogaban por la incorporación de las perspectivas neoclásicas. La querella llevó al alejamiento de Luis Roque Gondra y la filiación más estrecha de la publicación con los críticos de esta última corriente económica (Pantaleón, 2004; Fernández López, 2000). Sobre estas tramas conceptuales nutridas por las particularidades del consenso en torno al liberalismo económico que se había constituido en una especie de sentido común en el país (Hale, 1996; Plotkin y Caravaca, 2009), lentamente sedimentaban nuevas concepciones y valoraciones respecto de las acciones legítimas del Estado, los modos y medios para construir vínculos e intervenir sobre “lo social”, como así también a quiénes correspondía legítimamente la agencia de estas operaciones. Perspectiva tal vez resumida en una idea que Eleodoro Lobos repitiera en sus discursos como decano:

Hay leyes económicas cuya verificación y antigüedad les han impreso la serena majestad de las leyes científicas. (…) Se estudie la economía política pura antes que la aplicada, y se realice o no esta aplicación para fundar una teoría de los cambios y de los precios, bajo un régimen hipotético de libre concurrencia completa, a fin de armonizar los métodos experimental y racional, el resultado será siempre útil para confirmar esa observación. Una nueva lectura de Adam Smith a través de dos siglos, en presencia de los problemas del presente, con referencia a la obra de los economistas que desde entonces han despejado el camino, suele servir para atenuar nuestro entusiasmo por las innovaciones más atrevidas. El hecho es –y a esto iba mi pensamiento- que el desconocimiento de estos principios por pueblos o gobiernos, tiene su sanción más o menos inmediata y siempre implacable. Se trate de impuestos, de moneda, de crédito, de producción, etc., se podrá ensayar esas innovaciones bajo la presión de las necesidades políticas o fiscales, a costa del consumidor, del trabajador y del capitalista; pero en todo caso el desastre no tardará en seguir a la violación de dichas leyes. Estas se burlan del concepto inglés atribuido a las facultades soberanas del parlamento, toda vez que se pretende confiar demasiado en las reformas legislativas y prescindir de la realidad de los hechos y de la opinión.[27]

Las contribuciones que circulaban en la REA medían en el baremo de esas «leyes inmutables» las dificultades del contexto. Y aun sosteniendo la operatividad de reformas legislativas frente algunos problemas, se detenían frente al lecho de Procusto que éstas imponían. El funcionamiento de estas matrices conceptuales puede apreciarse en un tema nada nuevo en la agenda política argentina: la querella entre el proteccionismo y el librecambio. Esta constituía un único conjunto con los capítulos impositivos internos, la política aduanera, de comercio internacional en general y las decisiones en cuanto a las reglas monetarias que se condensaban en torno a las disputas por la apertura de la Caja de Conversión. En el marco de la cual, más allá de los matices que presentaban los diversos artículos, prevalecía la idea de que los esencial no era la apertura o cierre de esa «caja de Pandora», sino una activa política de Estado, ya que como señalaba el propio Alejandro Bunge

Antes que los paliativos del oro se necesitan, a mi modesto entender, medidas comerciales orgánicas y medidas orgánicas bancarias internacionales. Debo declarar que no soy contrario a las importaciones; en general, que no pienso que podamos bastarnos a nosotros mismos, y que veo con particular satisfacción las importaciones de carácter reproductivo, como maquinaria, vagones, materia prima industrial, etc. Si estas importaciones respondieran a las necesidades de desarrollo, cualquier cantidad resultaría conveniente, pero no debe descuidarse la forma en que conviene saldarlas. (…) En cuanto a las exportaciones, pienso que debe evitarse en lo posible, su restricción y mucho más su alto precio. De la posibilidad que sean bien pagadas en el exterior y de que aumenten la producción y la exportación, depende, en gran parte que podamos comprar y cancelar, aumentando la prosperidad y el bienestar.[28]

Avanzando en la década, las contribuciones de la revista, siguieron insistiendo en la prédica. Remitiendo a una certera profesión de fe librecambista, demostraba que en su seno era posible construir herramientas de intervención pública sin trastocar esos principios que «tienen la serenidad de las leyes científicas». En su cadena conceptual y lógica, más allá de restituir la perspectiva del «proteccionismo oportunista», incorporó nuevas valencias frente a las inesperadas dimensiones que iría presentado el inestable contexto de entreguerras: una política aduanera –aceptada aún por la principal antorcha del librecambio, Gran Bretaña–, capacidades estatales en cuanto a políticas monetarias, y acciones de fomento en coordinación con los intereses sectoriales implicados. Sosteniendo, en definitiva, la idea que «la peor política era no tener ninguna».

Numerosos artículos pondrían en juego esta perspectiva, y un notable ejemplo serían las contribuciones editadas, ya iniciada la presidencia de Marcelo T. de Alvear, con respecto a las leyes sancionadas en respuesta a las demandas de los sectores ganaderos frente a la depresión de los precios inducida por la industria frigorífica –mayoritariamente en manos extranjeras–. En el comentario de las tres leyes –de venta al peso vivo, de control del negocio de carnes, y la ley de precios máximos y mínimos– la REA no veía más que un desacierto técnico y político. Respecto a la primera de ellas, si bien la consideraba acertada y equitativa advertía sobre la irrelevancia del control que proponía, basado en el pesaje en balanza, para el desarrollo de la producción ganadera, puesto que nada podía hacer sobre aquello que interesaba a criadores e invernadores: la calidad de la hacienda para la determinación del precio. En cuanto a la segunda, dirigida al control del mercado de carnes, asentaba que era negativa por dos motivos: por un lado, porque la ley era aplicable sólo sobre las empresas extranjeras que tuvieran casa matriz en Argentina, dejando por fuera a un gran número sin radicación local; por otro lado, la reacción ante la imposición legal podría ser la suspensión del comercio de exportación y en ese caso, el desastre sería inmenso. Sin embargo, el foco de la crítica lo concitaba la tercera medida del paquete legislativo: la ley de precios máximos y mínimos, la cual sentenciaba el redactor

(…) es inspirada en la peor tendencia económica, la de ir contra la ley de la demanda y la oferta, una de las leyes fundamentales de la Economía Política, y contra la cual se estrellarán todas las leyes locales que pretendan regir comercios internacionales.[29]

Reiterando además la idea de que la herramienta más poderosa para la recomposición del comercio exterior argentino era la información y la organización de los actores involucrados. Estos argumentos se desplegaron en otras intervenciones difundidas por la revista tanto de autores individuales –tal el caso de Mauricio Bunge– como en las presentaciones editoriales respaldando la iniciativa de «defensa de las industrias agropecuarias» que la CACIP y la Sociedad Rural Argentina impulsaron con la conformación de la «Organización para la Defensa de la Producción Argentina»[30].

Los informes de Carlos A. Tornquist, reiteraban estos tópicos, evidenciando los cambios de humor que las alternativas de la crisis imprimían a los diagnósticos. El balance que presentaba para el año 1923 dejaba atrás las perspectivas optimistas de 1918, para señalar que los estudios sugerían resultados muy desfavorables en el desempeño de la economía argentina en su conjunto. Los mismos indicaban que una actitud pasiva había desorganizado «toda la economía nacional» y había imposibilitado toda «acción previsora en las finanzas nacionales», sin aprovechar las condiciones favorables que la guerra había otorgado a la Argentina. Esa ausencia de respuestas de los hombres públicos ante los problemas económicos, se contraponía al avance de legislaciones que, si bien justas, no estaban acordes al desarrollo del país. Sentenciando que

(…) como si toda esa inactividad produjera pocos perjuicios, nuestro Congreso aún sanciona leyes en muchos casos improvisadas y con miras electorales, como ser la limitación de horas de trabajo en todos los gremios; la fijación de salarios mínimos, desequilibrados para muchos territorios; la jubilación y pensiones para empleados y obreros con criterio demasiado liberal, que producen un desequilibrio de orden económico, encareciendo con esas leyes excesivamente el costo de la vida, a su vez rebajando hasta suprimir en muchos casos, el beneficio del capital. En consecuencia los capitalistas se alarman, y el capital extranjero que nos es indispensable como a todo país joven dejará de venir con el consiguiente perjuicio para el país, deteniendo nuestro desarrollo y haciéndonos incapaces de asimilar y arraigar la creciente inmigración.[31]

Ésta y otras intervenciones reafirmaron dentro de la revista no sólo una lectura que negaba el carácter transitorio de la crisis, sino que además sostenía la necesidad de nuevos marcos institucionales para darle respuesta. Ésta última fue la apuesta que varios de los miembros de la revista hicieron en los inicios de la presidencia de Alvear involucrándose en las juntas consultivas convocadas por el ministro de Hacienda Rafael Herrera Vegas[32].

En ese registro, se comprende que para la REA la agenda contemporánea debía específicamente poner en discusión un conjunto de tópicos que se habían constituido en fundamentos cuasi inamovibles de la modernización y el desarrollo económico desde la organización nacional, y rescatar otros que consideraba los puntales de la reconversión que defendía. Si había una de dichas premisas que conservaba su carácter autodemostrable era la del librecambio. Contrariamente, el pacto fiscal sobre el cual se sostenía y las instituciones emergentes del mismo, debían ser sometidos a una rotunda revisión en el marco de la «República ampliada». Precondición necesaria para avanzar hacia el corolario del progreso, que sin rechazar el desarrollo del sector externo primario exportador, lograra –como los «padres fundadores» lo habían hecho con esta primera etapa– consolidar el pasaje hacia la segunda fase ya planteada por la teoría smithiana, la de las manufacturas[33].

La dificultad de la respuesta acordaba con la del interrogante: si una faz de la misma tenía una clave puramente «científica» y «técnica» –de qué se trataba si no era de resolver procedimientos financieros y prácticos de la economía pública– el envés era neurálgicamente político. Volver a discutir el régimen fiscal –en tanto conjunto de reglas que establecen una serie de obligaciones que un conjunto de contribuyentes debe cumplir para con el Estado, y que involucra acuerdos en cuanto a otorgar la capacidad de decidir su uso soberano– era una discusión colectiva y por tanto política. Ya que se formulaban las reglas por medio de las cuales se tomarían las decisiones sobre su producción, sobre quienes soportarían el peso de sus costos y quienes disfrutarían de sus beneficios. De este modo se comprende que en último término dos conceptos políticos se ponían a prueba: la definición de qué cosa era el Estado, y concomitantemente cuál era la legítima relación de éste para con la sociedad civil sobre la cual ejercía su soberanía. Lo cual remitía nuevamente al problema no resuelto a pesar de la reforma electoral, el de la representación.

En esa tarea, sus contribuciones se referenciarían en otras líneas de especialización académica: las Finanzas Públicas y su vinculación con el Derecho Administrativo. Ambas emergentes a inicios del siglo XX, al calor de los debates consecuentes a la crisis de 1890, en la enseñanza universitaria del derecho en la Universidad de Buenos Aires, pero que continuarían en la constitución de la Facultad de Ciencias Económicas (Plotkin y Caravacca, 2009; Zimmermann, 2006 y 2010; Bacolla, 2017). Un buen ejemplo de estas coincidencias puede constatarse en la amplia difusión de la visita, hacia 1923, de una eminente figura del Derecho Administrativo francés: Gaston Jèze[34]. A través de reflexiones y comentarios sobre el programa de gobierno que intentaba llevar adelante la administración del presidente Alvear –reformas tributarias, política aduanera, monetaria, revisión de la legislación social yrigoyenista, colonización rural– el jurista francés exponía la síntesis de sus perspectivas teóricas, deudoras de un claro sincretismo entre la matriz del derecho público francés y las nuevas tendencias administrativistas e institucionalistas norteamericanas. Estas exposiciones transcriptas y asumidas editorialmente por la REA, planteaban todo un arco de cuestiones atinentes en último término al sempiterno galimatías de la relación entre política y administración. Invitaba por una parte a asumir el carácter programático y político de la ley presupuestaria, a la par que sostenía la premisa que las finanzas como materia exclusiva del Estado debían alejarse de la política –como acción partidaria y electoralista– mediante la centralización de la responsabilidad de su elaboración en una agencia específica del Poder Ejecutivo –que otorgaría el reaseguro necesario del equilibrio fiscal y los límites a «los servicios» que el Estado debía asumir–. Por otra parte, sostenía la necesidad de herramientas para viabilizar el compromiso entre «administrados» y «poder administrador»; principalmente a través de espacios de colaboración entre «los poderes públicos y aquellos que estudian».

Los finales de la década traerían varias novedades a las orientaciones de la REA. Si bien continuaron presentes las preocupaciones por mantener actualizados los tópicos abordados desde su fundación, el interés por sus debates académicos iría cediendo terreno al «laboratorio de la práctica». Su directorio y el perfil de sus anunciantes se transformó, desapareciendo la explicitación de membrecías institucionales –aquella relativa a la CACIP y al Museo Social– y asumiendo un explícito rol de porte plume de la UIA, a partir de los nuevos lineamientos expresados en el liderazgo de Luis Colombo. En esa dirección, acusando una lectura atenta de las novedades del contexto nacional e internacional, la publicación ahondaría con mayor contrición dos ejes temáticos. Por una parte, aquel relativo a la discusión de políticas proteccionista y de diversificación de la estructura productiva federal –con un componente central en la reforma del sistema fiscal–. Por otra parte, junto a este debate, tomaba nueva relevancia un meticuloso análisis del modelo económico norteamericano per se y en relación a las posibilidades de vinculación con las capacidades argentinas de desarrollo. Aspectos en los cuales, en no pocas circunstancias, las tareas del lobbista ganaban con premura a las del «hombre de laboratorio»[35]. Estos tópicos eran acompañados, en el marco de las crecientes tensiones políticas de finales de los años 1920, por una mayor adhesión a programas donde adquirían un sentido más pleno aquellos postulados jezistas sobre el reaseguro que para la república significaba el fortalecimiento del «poder administrador».

Sin embargo, la REA no dejó de señalar certeramente el legado en el cual quería incorporarse. En el resto de la década dos elecciones simbólicas confirmarían esas filiaciones.[36] Una de ellas, fue la adopción del nombre de Vieytes como seudónimo para la firma de notas que fungieron como opinión editorial entre 1924 y 1925, en el calor aún de las tensiones generadas por los fallidos proyectos de reforma aduanera, tributaria y de colonización propulsados durante la presidencia de Alvear. La otra operación de selección se tradujo en la incorporación entre los años 1927 y 1929 de una nueva sección –«Contribución a la historia económica de la República Argentina a través de medidas de gobierno»–, reproduciendo en ella comentarios, decretos y leyes promulgados en lo que la revista nombraba como «el largo siglo de vida del país».

Estas decisiones editoriales resumían los lazos imaginados que la revista elaboraba con una variopinta matriz de pensamiento que había impregnado la construcción del Estado nacional e informado las ideas defendidas por las elites que animaron dicho proceso. Por una parte, la figura de Juan Hipólito Vieytes participaba del panteón edificado por la historiografía liberal en la escritura del relato fundacional de la Nación Argentina –identificado con su rol como publicista y organizador revolucionario en su simbólica jabonería–. Junto al grupo de ilustrados rioplatenses, Vieytes había defendido programas de reforma económica dentro del virreinato e impulsado, en sintonía, la construcción del liberalismo tardocolonial, en el marco de los debates que se iniciaron con la «Representación de los Hacendados» en torno al proteccionismo y el librecambio, que circularon en el Telégrafo Mercantil y se sostuvieron en la publicación Semanario de Agricultura, Industria y Comercio (Chiaramonte, 1994). En esa dirección –posiblemente formateadas en lecturas como la Historia de la República Argentina de Vicente Fidel López– dos figuras se sumaban asiduamente a la nueva sección de «medidas de gobierno»: Mariano Moreno y Manuel Belgrano[37]. Ambas, al igual que Vieytes, confluían en el conjunto de letrados y funcionarios reformistas que habían apuntado sus críticas a un Estado colonial y una elite desinteresada en el progreso. La «nueva doctrina» que había sido su bandera constituía, según la selección de la revista, una suerte de liberalismo fisiócrata atemperado, según el cual la fuerza industriosa de las naciones era la madre de todas las riquezas contra la extendida idea mercantilista que identificaba el patrimonio de un país con su acervo de metales preciosos –y cuyas consecuencias para estos ilustrados había sido el relegamiento del sur de América a un lugar totalmente secundario en el imperio español–. Pero la revista no sólo rescataba los diagnósticos de este liberalismo vernáculo, sino que adhería a sus argumentos propositivos respecto a las etapas del círculo virtuoso que desencadenaría el progreso de la economía del Río de La Plata, según el cual la agricultura debía ser el destino obligado del capital al principio de la acumulación, permitiendo avanzar desde una «economía pastoril» a una agraria, para luego llegar a las manufacturas y al comercio de ultramar[38].

En ese registro, la REA se inscribía a sí misma en el esfuerzo «inacabado» de modernización iniciada un siglo antes. Introducía además figuras más cercanas, como aquella de Dalmacio Vélez Sársfield, en sus acciones como ministro de Hacienda en la presidencia de Bartolomé Mitre, reforzando esa filiación que tenía otro nudo de condensación en la experiencia de la «República posible». Referenciada en la figura del jurista y el resultado benéfico de sus contribuciones normativas en la afluencia decimonónica de capitales extranjeros e inmigración, la REA subrayaba las bondades que el amplio reconocimiento de las libertades civiles y económicas había tenido como reaseguro de una política secular de progreso que debía ser reactualizada.

Consideraciones finales

La Revista de Economía Argentina constituyó un proyecto editorial con una múltiple vocación de intervención en el espacio público. En este sentido una característica central de este colectivo fue su empeño, al menos en los años iniciales, de construir articulaciones entre la cátedra universitaria y la formulación de políticas de Estado. Participó, de este modo, de una robusta red constituida por diversas instituciones, espacios de sociabilidad y publicaciones del período que aportaron a ese proceso bifronte que señalara Zimmermann, de profesionalización de las ciencias sociales y de transformación en la matriz de relaciones entre Estado y sociedad que atraviesa las primeras décadas del siglo XX. En ese contexto, la experiencia de la REA fue también parte de un proceso más largo y complejo de «reconversión» de ciertos sectores de las elites tradicionales y el trabajo de reconstrucción identitaria que supusieron las nuevas reglas de la democracia ampliada y los ecos globales de la crisis del liberalismo. La revista constituyó en este sentido una usina. Las trayectorias de sus colaboradores, en gran parte muestran esos pasajes, con sus tensiones y experiencias: individuos provenientes de familias tradicionales, con un amplio capital relacional tanto nacional como internacional, activos en la función pública, la universidad, comprometidos en la política –partidaria, gubernamental y en la defensa de intereses sectoriales– sosteniendo la legitimidad de su palabra desde diversas fuentes: como profesionales, como académicos, como empresarios.

El vigor de su participación en la constitución de las ciencias sociales y los debates políticos que alimentaron el reformismo de la época se expresaron nítidamente en sus páginas. Por una parte, albergando disputas, temas y voces claves en las tensiones que enmarcaban los procesos de especialización del conocimiento social; inmerso en las matrices que informaban el robustecimiento de las estadísticas públicas, la Economía Política, las ciencias de la Finanzas y de la Administración. Por otra, cobijando activamente algunas experiencias con vocación innovadora de la acción estatal y la práctica política. Hemos visto, en ese registro, cómo los tópicos discursivos y las filiaciones invocadas muestran una REA donde aún siguen teniendo preeminencia las estructuras conceptuales de un liberalismo alimentado, no en un tono menor, por los debates franceses en múltiples aspectos.

Esas «Revistas de Economía Argentina» de los años 1920 y los tempranos 1930, más colectivas y diversas, fueron proyectos que podían concebirse en el espíritu de entreguerras, donde a pesar de la efervescencia política e ideológica –el ascenso del fascismo, la consolidación de la experiencia soviética, los ensayos corporativos– aún dialogaban y convivían las posiciones más diversas. Esa pluralidad se desvanecería frente a los matices que adoptó en los años cuarenta; donde ciertamente prevalecieron, como señala Belini, las posturas favorables a la industrialización y el influjo del catolicismo social (Belini, 2006). Fue también ese mismo contexto de posibilidad el que se desvaneció, transmutado por las nuevas claves de lo político y las texturas que la economía asumiría en el escenario abierto por la segunda posguerra.

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Notas