El texto ^[1] se enmarca en la prolífica reflexión de la autora sobre las políticas sociales argentinas en escala provincial y nacional. Entre otros tópicos, dicha línea de trabajo exploró la “formación de la institucionalidad estatal en lo social” (Moreyra, 2017, p. 4) desde sus balbuceos, al calor de las febriles transformaciones que atravesó nuestro país durante el último cuarto del siglo XIX, hasta su consolidación en la primera mitad del XX, como fruto de la expansión de las áreas de competencia del Estado. Tributario de ese bagaje, el artículo aporta a una conversación historiográfica de importante desarrollo en las últimas décadas.

En esta oportunidad Moreyra posa su mirada sobre la cuestión social durante los primeros gobiernos radicales en Córdoba. Para ello entrecruza múltiples dimensiones conceptuales y metodológicas. Recupera, por un lado, la gravitación que tuvieron algunas corrientes de pensamiento en boga durante la década de 1920 en la configuración de los modelos asistenciales y las políticas públicas. Emergen allí el liberalismo laico y el catolicismo social, con injerencia en la formulación de políticas públicas; el krausismo, atribuido al concepto de solidaridad como ética social en el yrigoyenismo; el georgismo, vinculado a la cuestión agraria y la propiedad del suelo. Este registro coexiste con los datos del presupuesto, la estructura y evolución del gasto público. Variables a primera vista lejanas pero imbricadas con solvencia en el relato, en tanto conviven los proyectos y las concreciones, la inspiración y el sustento material de las políticas sociales. El texto también se sumerge en los aspectos pedestres de la política: las disputas interpartidarias, las luchas facciosas en el seno del radicalismo y sus estrategias para resistir a la oposición conservadora.

En sintonía con la temática de la mesa (“El contexto federal y la conflictividad política en las provincias del interior”), en estas líneas recupero una de las claves que el artículo propone: la invitación a repensar los gobiernos radicales desde una escala provincial. Como señaló Jacques Revel (1995) a partir de su célebre metáfora fotográfica, cambiar el foco del objetivo no es solamente aumentar (o disminuir) el tamaño del objeto en el visor, sino también modificar la forma y la trama. El texto de Beatriz Moreyra nos recuerda esta premisa, revelándonos una particular experiencia de gobierno, con aires de familia pero también disonancias respecto al poder nacional y a otros espacios provinciales de la Argentina de esos años.

Cabe recordar, en primera instancia, una dimensión clave de la política cordobesa en esta etapa. Entre 1916 y 1930 se observó allí un Partido Demócrata potente, que entabló una oposición frontal a la Unión Cívica Radical (UCR) e hilvanó un sólido desempeño electoral. Así, en el conteo final del período puede constatarse que, a diferencia del ámbito nacional, en la provincia mediterránea los años de gobiernos conservadores superaron a los radicales. Si estas disonancias imprimieron una fisonomía singular a la política cordobesa, el contexto de sendas gestiones radicales (Eufrasio Loza/Julio Borda, entre 1916/1919 y Enrique Martínez/José Antonio Ceballos, en el bienio 1928/1930) aporta otro dato crucial. Se trata de períodos bisagra a nivel nacional y global. Signados, en el primer caso, por la difícil génesis del ciclo radical, en medio de las convulsiones sociales y económicas propias de la contienda bélica y la posguerra, con sus múltiples consecuencias en el campo político. Una década más tarde, el retorno al poder de la UCR en Córdoba coincidió con el conflictivo segundo mandato de Hipólito Yrigoyen, el crack de Wall Street y el abrupto final de la experiencia radical en el gobierno mediante el primer golpe de Estado del siglo XX. El foco de Beatriz Moreyra en ambas gestiones repone un principio del jeux d'échelles: la posibilidad de ensayar periodizaciones propias, que no siempre coinciden con las de otras escalas e incluso pueden revisar aquellas.

En el cruce entre lo provincial y lo nacional, el artículo desanda preguntas centrales de la producción historiográfica sobre el radicalismo. Nos remite, por ejemplo, al debate sobre el grado de audacia de sus gestiones, a las posibilidades y límites que encontró la UCR a la hora de desplegar una agenda transformadora del statu quo. Se trata, por cierto, de un tema que sigue gravitando en los debates sobre el período, como quedó en evidencia durante las Jornadas de la Academia Nacional de la Historia (2023). Al analizar las políticas económicas, su relación con el movimiento obrero, sus prácticas electorales, entre otras aristas, la pregunta por los cambios y continuidades del ciclo radical emerge constantemente. El escrito explora tres respuestas posibles a este interrogante: ruptura, continuidad o transición.

Una de las características centrales de la década de 1920, de acuerdo a la conocida caracterización de Pablo Gerchunoff (2016), fue la percepción de que algo estaba cambiando pero no lo suficiente como para conmover el orden establecido. Este carácter “transicional” de los años radicales se vislumbra en el texto, al señalarse el pasaje hacia un modelo de mayor intervención estatal en la asistencia social y el reconocimiento de derechos, sin dejar de lado una lógica de beneficencia y un criterio asistencial heredados del reformismo conservador.

Las gestiones radicales cordobesas se exploran también desde una lógica intrapartidaria, tomando en cuenta el peso de los diferentes grupos que coexistían –conflictivamente– en su seno. Sobrevuela aquí la conocida fórmula interpretativa de Ana Virginia Persello (2004): el radicalismo fue uno y muchos al mismo tiempo. En efecto, Moreyra recupera las tensiones que modelaron la trayectoria de la UCR en Córdoba y los rasgos específicos del contexto provincial. Esta diversidad fue resaltada en los estudios en clave nacional, sensibles al caleidoscopio político argentino, así como en una floreciente producción en clave provincial y local sobre el período 1916-1930.^[2] En esa sintonía, Moreyra destaca los grises de la compleja trama interna de la UCR, mostrándonos un partido laxo y una identidad amplia y flexible. Esto representó una ventaja evidente durante la etapa de expansión que acompañó su acceso al poder, en tanto le permitió crecer velozmente y cosechar apoyos diversos. Pero su correlato, menos beneficioso, fue un faccionalismo que modeló la marcha de los gobiernos radicales en sus distintos niveles: nacional, provincial y local. Como es sabido, esta dinámica alimentó múltiples antagonismos, que el artículo explora en el escenario cordobés, las autoridades de gobierno contra las del partido, el personalismo contra el antipersonalismo, entre otras.

Estos claroscuros y polifonías aparecen también en la desigual gravitación del imaginario católico al interior de las fracciones radicales cordobesas, variable que toca un nervio sensible a la hora de revisitar la experiencia de la UCR en las provincias. Observamos en Córdoba la influencia del catolicismo social (principalmente en la gestión de Loza), pero también el peso del liberalismo laico en el gobierno de Ceballos, antecedente de la experiencia sabattinista de los años treinta. Se trata de un tema de relevancia, que podría estimular nuevos abordajes a la hora de investigar esta etapa. Podría explorarse allí no sólo la relación institucional entre los gobiernos radicales y la Iglesia Católica, arista que recibió mayor atención, sino la gravitación del pensamiento católico en las dirigencias radicales y/o la relación entre una identidad católica y la pertenencia a la UCR. Este interrogante engloba tanto a figuras notorias a escala nacional –por ejemplo, al vicepresidente Elpidio González (1922-1928) – como a un amplio abanico de dirigentes de alcance provincial y local. El caso del presbítero Felín Linares Alurralde (1872-1949) permite ilustrar este punto (Santos Lepera y Folquer, 2017; Páez de la Torre, 2019). La labor sacerdotal de Linares Alurralde se mixturó con una activa militancia política en la UCR, desempeñándose como senador provincial en dos períodos (1918-1924). Figura polifacética del Tucumán de entreguerras, al combinar dichos rasgos con el ejercicio de la docencia y la investigación en el campo jurídico, su protagonismo en las filas de la UCR fue resistido en el seno de la institución eclesiástica. Estas tensiones hicieron eclosión a fines de 1917, cuando Linares, desoyendo las advertencias del obispo acerca de la inconveniencia de mezclar la labor sacerdotal y la actividad partidaria, lideró una manifestación política en favor del oficialismo. El presbítero fue sancionado con la suspensión del ejercicio de sus funciones, medida que fue levantada al poco tiempo. Y que no melló, de ningún modo, una adscripción partidaria sostenida a lo largo de los años. Con perfiles, alcances y trayectorias divergentes, los casos de González y Linares Alurralde sintetizan algunos cruces posibles entre los universos radical y católico que el escrito de Moreyra explora desde otro prisma.

En el cierre de mi intervención me gustaría puntualizar la trayectoria de la UCR en Tucumán y cotejarla, grosso modo, con la experiencia cordobesa. Volver, así, sobre la invitación a repensar los gobiernos radicales desde las provincias. A diferencia de su par mediterránea, la UCR tucumana controló el gobierno entre 1917 y 1930. Los conservadores, nucleados en el Partido Liberal, tuvieron un desempeño electoral oscilante que les permitió imponerse en algunos comicios legislativos (pero no así en los ejecutivos). Al igual que en diversos escenarios provinciales, el radicalismo tucumano encontró fuertes dificultades a la hora de tramitar sus conflictos internos y el faccionalismo afloró constantemente a la hora de gobernar. En sus lineamientos generales, las disputas se ordenaron alrededor de tres cuestiones estrechamente relacionadas: el control de la organización partidaria, los posicionamientos de cara a la “cuestión azucarera” y el vínculo con las autoridades nacionales. Asimismo, jalonaron las gestiones de la UCR los ciclos de crisis y recuperación que caracterizaron el derrotero económico de la provincia, una recurrente conflictividad social y el florecimiento constante de tensiones entre una agenda de ampliación de derechos y el mantenimiento de las formas de dominación heredadas de la etapa conservadora (Lichtmajer, 2017).

El primer gobernador radical, Juan Bautista Bascary (1917-1920), mantuvo una relación tormentosa con el poder central. Situación que se explica, principalmente, por la política azucarera de Yrigoyen. Bascary, un comerciante acomodado vinculado al negocio azucarero, no logró durante la campaña electoral apoyos significativos entre los industriales tucumanos, que se repartieron entre la UCR Azul (Pedro Sal) y el partido Concentración Popular (Alfredo Guzmán). Su llegada al poder puso fin a una década de gobiernos de empresarios azucareros: Luis Francisco Nougués (1906-1909), José Frías Silva (1909-1913) y Ernesto Padilla (1913-1917). La reforma electoral y el ascenso del radicalismo al poder minaron la injerencia de los industriales en la definición de las políticas sectoriales en torno a la agroindustria y su capacidad de lobby en la administración nacional. Esta situación se había mantenido, con altibajos, desde el despegue azucarero en la década de 1870. El contraste fue marcado con el yrigoyenismo, que en 1917 llegó a importar azúcar para bajar el precio, en abierto enfrentamiento con los ingenios del norte (Bravo, 2008).

Estas medidas no fueron inocuas e Yrigoyen tuvo dificultades para lograr apoyos mayoritarios entre las dirigencias partidarias provinciales. Así, un rasgo paradójico de las primeras gestiones de la UCR en Tucumán fue que la expresión más plebeya y disruptiva no provino del yrigoyenismo sino del antipersonalista Octaviano Vera. De profesión procurador judicial y de antigua pertenencia conservadora, Vera llegó al gobierno en 1922. En su triunfo gravitó el apoyo determinante del empresariado agroindustrial. Uno de sus principales puntales a nivel nacional fue Vicente Gallo, perteneciente a una importante familia azucarera, cuya resonante carrera política en el ámbito porteño no debilitó los lazos con su tierra natal. Impulsado por Gallo, el antipersonalismo gozó de fuerte predicamento en Tucumán, en virtud de una extendida sensibilidad antiyrigoyenista.

Sin embargo, una vez en el poder Vera renegó de esos apoyos y buscó desafiar al empresariado a través de un programa social y económico audaz. Ante las dificultades financieras de su administración, el gobernador incluyó en el presupuesto de 1923 un impuesto a la molienda azucarera, lo cual generó la resonante oposición del empresariado y de los plantadores cañeros. Las resistencias de los diputados a dar quorum para tratar este tema fueron doblegadas por Vera a través del uso de la fuerza pública. En su afán de ensanchar sus bases populares de apoyo, el gobernador redobló la apuesta al sancionar las leyes de salario mínimo y jornada laboral de ocho horas para los trabajadores agrícolas e industriales. En sintonía con las políticas de Bascary en ese terreno, durante su gestión se reforzó el rol del Estado en las relaciones laborales, a través del Departamento Provincial del Trabajo y la Cámara Gremial (Landaburu y Lenis, 2015).

Vera logró un notable apoyo popular, refrendado en el carácter plebeyo de su figura. Al igual que el lencinismo cuyano, adoptó la alpargata como símbolo identitario y esgrimió un discurso en defensa de los sectores populares urbanos y rurales. El bloque de diputados afines al gobernador adoptó el sugestivo nombre de “radicalismo sovietista”. Más allá de lo pintoresco de estos rasgos, la gestión de Vera expresó, ante todo, los límites de la audacia radical. Al desmembramiento de sus bases de apoyo entre los empresarios y plantadores se sumaron las presiones desde el poder central, canalizadas a través de Gallo. Tras ser conseguidas con el concurso de la fuerza pública, las leyes obreras representaron una victoria pírrica para Vera. Su gobierno, atravesado por los conflictos, fue efímero: duró tan sólo veinte meses y terminó, al igual que Bascary, con una intervención federal. De esta etapa conflictiva emergió el liderazgo de Miguel M. Campero (1924-1928), período en el que la provincia alcanzó una mayor estabilidad política y social, en consonancia con el clima sosegado de la gestión presidencial de Marcelo T. Alvear. El último gobernador del ciclo radical en Tucumán fue José G. Sortheix (1928-1930), de filiación yrigoyenista.

Como afirmó Tulio Halperin Donghi en “El enigma Yyigoyen”, en los comienzos del ciclo radical el problema central fue el conflicto social. Y lo que se le reprochaba a los radicales era “que no sean lo bastante militantes en defender la causa del orden establecido en el conflicto social” (1988, 14). Esta cita es ilustrativa de la experiencia de gobiernos radicales en Tucumán: en 1917, 1919 y luego en 1923 se desarrollaron importantes huelgas de trabajadores azucareros y ferroviarios, los dos actores principales del mundo laboral provincial (Parolo y Gutiérrez, 2017; Fernández de Ullivarri, 2018; Palermo, 2019). Las demandas de los trabajadores y sus avances en la organización sindical alertaron a los gobernantes y las medidas de Vera, arriba reseñadas, deben ponderarse en ese contexto.

Sintéticamente expresada, la trayectoria del radicalismo tucumano revela de qué modo la conflictividad social gravitó en la formulación de políticas para preservar el orden. A modo ilustrativo, cabe recordar la cita de Alejandro Unsain, director del Departamento Nacional del Trabajo durante el gobierno de Yrigoyen, que Juan Suriano y Mirta Lobato trajeron a colación en su estudio sobre dicha institución: “en materia de legislación obrera los hechos suelen preceder a los derechos” (2014, p. 11). En esa dirección, considero que recuperar el lugar de los conflictos en el proceso de consolidación de las políticas sociales nos permite volver, desde otro registro, sobre la experiencia cordobesa caracterizada por Beatriz Moreyra. Y preguntarnos, una vez más, por la diversidad de experiencias que el radicalismo forjó en los múltiples escenarios provinciales.

Así, desde una mirada sobre la cuestión social en Córdoba, la autora nos alienta a repensar algunos temas centrales del primer ciclo radical en el poder. Al igual que en otras etapas de su historia, la Argentina de hace un siglo revela el florecer de intensas demandas sociales, los desafíos que ello planteó al partido gobernante y las dificultades para satisfacerlas desde el Estado. Claroscuros de un período apasionante, que las Jornadas de la Academia Nacional de la Historia revisitaron desde diferentes puntos de vista.

Referencias bibliogfráficas

Bravo, M. C. (2008). Campesinos, azúcar y política: cañeros, acción corporativa y vida política en Tucumán (1895-1930). Prohistoria editores.

Devoto, F. y Ferrari, M. (Comps.) (1993). La construcción de las democracias rioplatenses: proyectos institucionales y prácticas políticas, 1900-1930. Biblos.

Fernández de Ullivarri, M. (2018). La huelga azucarera de 1923 en Tucumán: Trabajadores, política y demanda de derechos. Estudios Del Trabajo. Revista de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo, (55), 122-155. http://ref.scielo.org/b63t27

Gerchunoff, P. (2016). El eslabón perdido. La economía política de los gobiernos radicales (1916-1930). Edhasa.

Landaburu A. y Lenis, M. (2015). Asociacionismo, empresarios azucareros y cuestión social en Tucumán: las huelgas azucareras, 1919-1923. En J. M. Cerdá, G. Guadarrama, M. D. Lorenzo, y B. Moreyra (Coords.), El auxilio en las ciudades: Instituciones, actores y modelos de protección social. Argentina y México, siglos XIX y XX (429-456). El Colegio Mexiquense.

Lichtmajer, L. (Dir.). (2017). La política: de las facciones a los partidos. Ente Provincial Bicentenario Tucumán-Imago Mundi.

Lichtmajer, L. (2023). Los partidos políticos argentinos en clave local (1912-1945). Un balance historiográfico. Avances del Cesor, 20 (28). https://doi.org/10.35305/ac.v20i28.1802

Lobato, M. y Suriano, J. (Comps.). (2014). La sociedad del trabajo. Las instituciones laborales en la Argentina (1900-1955). Edhasa.

López, I. (2018). La república del fraude y su crisis. Política y poder en tiempos de Roberto A. Ortiz y Ramón S. Castillo: Argentina, 1938-1943. Prohistoria editores.

Moreyra, B. (2017). Modelo asistencial e historiografía en Argentina en la modernidad liberal. Quinto Sol, 21 (3). 1-25. http://dx.doi.org/10.19137/qs.v21i3.1448.

Páez de la Torre, C. (29 de marzo de 2019). Sacerdote y político. Problemas de Linares Alurralde con el obispo. La Gaceta. https://www.lagaceta.com.ar/nota/801855/opinion/sacerdote-politico.html

Palermo, S. (2019). Protesta obrera, celebraciones públicas y política electoral en la Argentina. El caso de la gran huelga ferroviaria. En J. Suriano y C. Schettini (Comps.), Historias cruzadas. Diálogos historiográficos sobre el mundo del trabajo en Argentina y Brasil (143-169). Teseo. https://www.teseopress.com/historiascruzadas/

Parolo P. y Gutiérrez, F. (2017). El trabajo: actores, protestas y derecho. Ente Provincial Bicentenario Tucumán-Imago Mundi.

Persello, A. V. (2004). El Partido Radical. Gobierno y oposición. 1930-1943. Siglo XXI Editores.

Revel, J. (1995). Microanálisis y construcción de lo social. Anuario IEHS, 10, 125-143. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5160786&orden=0&info=link

Santos Lepera, L. y Folquer, C. (Coords.) (2017). Las comunidades religiosas: entre la política y la sociedad. Tucumán, siglos XIX y XX. Ente Provincial Bicentenario Tucumán-Imago Mundi.

Solís Carnicer, M. (2006). Algunas reflexiones sobre la historiografía política reciente referida al partido radical. Revista Nordeste, 26, 177-194. https://revistas.unne.edu.ar/index.php/nor/article/download/2606/2306

Notas