El trabajo de Martín Castro se instala en un problema transitado por la bibliografía desde una perspectiva nueva que involucra los lenguajes políticos, los usos de ciertos términos, en este caso oligarquía, sus derivas y transformaciones para dar cuenta de la composición de las dirigencias políticas en el tránsito del siglo XIX al XX y del “orden conservador” a la emergencia de la democracia de masas.

Aparece claramente señalado en el texto el doble registro, a la vez moral y político, niveles que inevitablemente se yuxtaponen, de la noción de oligarquía y las distintas connotaciones que adquiere según cuándo y quién la use, lo que supone también la delimitación del otro, el pueblo, la nación, etc.

El punto de inflexión es la llegada del radicalismo al poder, que supone, en el discurso radical, como propone Martín Castro, la asociación de la oligarquía con el régimen que venía a destruir pero también y hacia adelante, el enemigo a combatir en pos de la restauración y la regeneración. Ese enemigo aparece en el texto en las provincias y en el congreso, y también en la universidad.

Me gustaría incorporar al recorrido de Martín Castro a los partidos políticos que, de hecho, en ese período, vienen haciendo un camino que va del rechazo a ser admitidos como un mal necesario, hasta que finalmente son aceptados como actores legítimos en el proceso que se abre con la ley Sáenz Peña. Voy a intentar fundamentar porqué incorporo a los partidos.

A poco menos de un mes del golpe que desalojó a Yrigoyen del poder, Ernesto Palacio publicó una nota en La Nueva República que se titulaba “Oligarquías de comité”. Por supuesto que su intención era proponer a los intereses para reemplazar a los políticos. El votante, decía Palacio, es un número dentro del rebaño que los políticos manejan, el parlamento representa los intereses subalternos de los comités políticos y de la casta oligárquica de los profesionales que monopolizan el sufragio, grupo reducido de políticos, siempre los mismos, el elenco no se renueva. (Irazusta:1975, pp.23-25)

El mismo argumento, aunque asociado a otras perspectivas que, a diferencia de la de Palacio, seguían pensando al sufragio como fuente de legitimidad y a los partidos como los encargados de organizar al electorado, apareció a lo largo de las presidencias radicales para oponerse al gobierno o para dirimir disputas internas. Un ejemplo. Los socialistas independientes, en 1927, cuando se separaron de los del pueblo, acusaron a estos últimos de haber provocado en el partido un estado de crónica demagogia desde un gobierno oligárquico, asociado en este caso el término a centralización y nepotismo.

Vuelvo atrás. Cuando en la Unión Cívica se estaba discutiendo la formalización de la organización con el dictado de una carta orgánica, Francisco Barroetaveña (1891: 351) planteaba que los estatutos, en la medida en que establecerían un gobierno democrático representativo, supondrían un progreso para los partidos porque vendrían a reemplazar a los gobiernos oligárquicos, discrecionales, constituidos por una personalidad prominente, prestigiosa o temida o por un comité centralista formado de manera caprichosa, irregular y para encumbrar a una persona. También era la perspectiva de Alem.

Los partidos empezaban a ser considerados legítimos, no sin tensiones. Las objeciones residían en que la disciplina anularía la deliberación o que no eran necesarios en la medida en que no había fuertes causas de división que los justificaran, cuestión que para otras latitudes fue ampliamente tematizada por Ostrogorski (1979) en 1903 para quien la aparición de partidos rígidos y permanentes coloca el poder en manos de los agentes electorales o por Michels (2001) en 1911 que proponía que las tendencias a la oligarquización son inherentes a los partidos, toda organización lleva en su seno el germen de la oligarquía.

Pero para muchos publicistas y la prensa, hacia fin de siglo, el pueblo no podía ser concebido más que organizado en partidos. Estoy citando a Vicente Gallo (1899), admirador del sistema inglés, pero podría citar a Estanislao Zeballos (1898): partidos permanentes, orgánicos, de principios, que se roten en el poder y un parlamento disciplinado son el modo de sostener el régimen republicano. El problema ya no son los partidos sino su ausencia, en tanto portadores de ese deber ser. Era necesario no solo que se organizaran sino que asumieran una labor pedagógica

Incertidumbre, primero, y decepción después del triunfo radical. El yrigoyenismo identificaba la regeneración con el partido y al partido con la nación, el otro de la oligarquía y esa oligarquía no remitía a sectores concretos, ni clases, ni actores. Y ejercía un, aunque no indiscutido e indiscutible, fuerte liderazgo. Personalismo y máquina puesta al servicio del oficialismo. La ley no alcanzaba para modificar las costumbres y dejaba demasiadas zonas grises. Innumerables proyectos entraron al parlamento, aunque no se sancionaron para morigerar el presidencialismo, reformar la ley electoral, establecer la carrera administrativa y en relación a los partidos, aparece muy tempranamente la propuesta de institucionalizar su vida interna. Matienzo, pero también proyectos de Amuchástegui y Tamborini. En el partido residía la selección de quienes ocuparían el gobierno y la crítica residía en que se transformaban gradualmente en empresarios electorales, nueva oligarquía, reparto en lugar de selección que socavaba el gobierno de los capaces.

En 1922 apareció El último dictador, de Benjamín Villafañe, fuertemente crítico con el gobierno. Entre muchas otras cuestiones, afirmaba que no había partidos, sino facciones, círculos que respondían a quienes los formaban. Entre 1880 y 1922 eso no había cambiado, el que mandaba exigía sumisión y el que no obedecía a la crítica, debía ser perseguido y destruido. En todo caso, la diferencia entre Roca e Yrigoyen, para Villafañe, era que el primero no tenía fe en la capacidad del pueblo y había formado su círculo entre las clases cultas del país y el segundo, lo hacía en el bajo fondo y en el hampa, quería disciplina ciega y adulaba a la plebe, utilizaba los mismos instrumentos que el régimen

Ese mismo año, Julio Costa (Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 1922, pp. 23-27) fundamentó un proyecto de ley para volver a la circunscripción argumentando que garantizaba la presencia del notable local y a través de él la deliberación en el parlamento, acabaría con el personalismo y el presidente elector. De hecho, la intención era acabar con los partidos.

Todos conocemos los argumentos que justificaron el golpe. El sistema representativo, republicano y federal estaba subvertido y el gobierno conservaba lo peor del período precedente, oficialismo y personalismo. Yrigoyen era Juárez Celman, pero aún peor, era Rosas, un demagogo y un tirano. Si a la oligarquía se había enfrentado la reparación, en clave institucional, y la regeneración de prácticas y costumbres, en clave moral, en términos de sus opositores eso no había ocurrido y, en todo caso, daba pie a argumentos como los de Palacio, entre otros, que sostenía que los profesionales de la política habían devenido en una nueva oligarquía, una casta gobernante.

Referencias bibliográficas

Barroetaveña, Francisco (1891) Unión cívica. Su origen, organización y tendencia, Buenos Aires, Ed. Landerberger y Conte

Gallo, Vicente (1899) “Partidos y legisladores”, Revista de Derecho, Historia y Letras, I, III

Irazusta, Julio (1975). Pensamiento político nacionalista. Antología, Obligado Editora

Ostrogorski, Moisei (1979). La democratie et les partis politiques, Paris, Editions du Seuil

Michels, Robert (2001) Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna, Buenos Aires, Amorrortu

Zeballos, Estanislao (1898) “La política del acuerdo y la desorganización de los partidos políticos”, Revista de Derecho, Historia y Letras, I, II

Villafañe, Benjamín (1922) Irigoyen. El último dictador, Buenos Aires, Moro Tello y Cía