Dossier Proyectos modernizadores, accionar estatal e infraestructuras hídricas en el oeste argentino (fines S. XIX - mediados S. XX)
Políticas públicas en torno al agua: urbanización, segregación y accesibilidad en la extensión de las redes sanitarias (Mendoza, fines del siglo XIX y primeros años del siglo XX)
Investigaciones y Ensayos
Academia Nacional de la Historia de la República Argentina, Argentina
ISSN: 2545-7055
ISSN-e: 0539-242X
Periodicidad: Semestral
vol. 73, 2022
Recepción: 27 Julio 2022
Aprobación: 12 Agosto 2022
Resumen:
El agua potable es un recurso escaso, especialmente en una zona semiárida como Mendoza. Es ordenadora del poblamiento y la urbanización, y su administración es determinante para la organización territorial. La extensión de este servicio y el establecimiento de cloacas fueron claves para mejorar la calidad de vida y la salud de la población. Entre fines del siglo XIX y principios del XX, el Estado intervino implementando políticas públicas para velar por la salud de los habitantes, entre ellas, se extendió el servicio de agua potable. No obstante, continuó la escasez en Mendoza y, por ello, la mayor parte de la población se continuó abasteciendo de acequias para el consumo diario. El objetivo del trabajo es analizar las políticas implementadas por el Estado en relación con la extensión de la red de agua potable a partir de las variables segregación y accesibilidad. Durante fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, los dirigentes propiciaron la extensión del servicio. En las propuestas y ejecución de las obras influyó la concepción de estos en relación con el espacio, su jerarquización interna y la población que lo habitaba, generando diferencias en la accesibilidad al recurso y zonas relegadas.
Palabras clave: Mendoza, agua potable, políticas públicas, segregación, accesibilidad.
Abstract:
Drinking water is a scarce resource, especially in a semi-arid area such as Mendoza, which regulates population and urbanization and whose administration is decisive for territorial organization. The extension of this service and the establishment of sewers were key to improving the quality of life and health of the population. Between the end of the 19th century and the beginning of the 20th, the State intervened by implementing public policies to ensure the health of the inhabitants, including the extension of the drinking water service. However, shortages continued in Mendoza and therefore, most of the population continued to be supplied by ditches for daily consumption. The objective of the work is to analyze the policies implemented by the State in relation to the extension of the drinking water network based on the variables segregation and accessibility. During the end of the 19th century and the first decades of the 20th century, the leaders promoted the extension of the service. The proposals and execution of the works were influenced by their conception in relation to the space, its internal hierarchy and the population that inhabited it, generating differences in accessibility to the resource and relegated areas.
Keywords: Mendoza, drinking water, public policies, segregation, accessibility.
El agua en Mendoza
“Resulta que en determinados sitios de la ciudad, los habitantes gozan de agua en abundancia para los diversos servicios de una casa, en tanto que en otros se carece del indispensable elemento durante todo el día” (El Socialista, 14/12/1918).
El agua potable es un recurso escaso, especialmente en una zona semiárida como Mendoza. Es ordenadora del poblamiento y la urbanización, y su administración es determinante para la organización territorial. La extensión de este servicio y el establecimiento de cloacas fueron claves para mejorar la calidad de vida y la salud de la población. Entre fines del siglo XIX y principios del XX, el Estado intervino implementando políticas públicas para velar por la salud de los habitantes, entre ellas, se extendió el servicio de agua potable. No obstante, continuó la escasez en Mendoza y la mayor parte de la población se continuó abasteciendo de acequias para el consumo diario.
Estudios anteriores en Latinoamérica se refieren a la extensión de los servicios de agua potable y red cloacal, estos se ocupan principalmente de analizar el proceso de privatización de los servicios en los años ‘90 y de períodos posteriores cercanos a la actualidad (Cáceres, 2013; 2017; Cabral, 2009; Kreimann, 2014; Rivera Márquez y otros, 2017; Mballa y Hernandez- Espericueta, 2018; Belmonte, López y García, 2021; Castañeda Villanueva, 2021; entre otros), siendo escasas las investigaciones referentes a fines del siglo XIX y a la primera mitad del siglo XX. Para ese periodo resalta, entre otros, el libro coordinado por Birrichaga Garrida (2007), que analiza la infraestructura de servicios sanitarios y las políticas públicas implementadas en relación con el agua en México, como parte del proyecto de modernización del país[1].
En Argentina, Regalsky (2010) indaga en la formación de OSN (Obras Sanitarias de la Nación), y analiza el pasaje de la institución de un organismo ocupado de lo local (saneamiento de la ciudad de Buenos Aires) a otro de alcance nacional, y su transformación en un ente autárquico dentro del área del Ministerio de Obras Públicas. Además, el autor junto a Lanciotti, ha reconstruido la trayectoria de los sistemas de aguas corrientes en Argentina desde fines del siglo XIX hasta su nacionalización en la segunda posguerra, comparando los modelos de gestión público y privado implementados por la Dirección General de Obras de Salubridad (luego reorganizada como Obras Sanitarias de la Nación) en la ciudad de Buenos Aires, y por las empresas británicas The Rosario Waterworks Co. y The Rosario Drainage Co. en la ciudad de Rosario. Vinculan también la evolución de los costos y rentabilidades, así como los resultados en términos de calidad y extensión del servicio (Lanciotti y Regalsky, 2014). Solveira (2014), por su parte, ha abordado las dificultades que enfrentó la ciudad de Córdoba en su intento por establecer los servicios de aguas corrientes y de saneamiento, y las polémicas suscitadas en torno a las modalidades de gestión. Tobías (2019) ha indagado las formas de expansión del servicio de agua potable y el modo en que la figura de los ingenieros –en cuanto “expertos del agua”– ocupó un lugar central en este proceso de consolidación. Argañaraz (2021), por su parte, analiza las redes de relaciones materiales y discursivas que operaron en la construcción del agua como un “servicio” de carácter “público”, en el caso urbano, y como un “recurso” económico, en el caso rural en el abastecimiento de agua para la Provincia de Catamarca (Argañaraz, 2021, pp.21-42). Finalmente, Suárez (2021), haciendo hincapié en los documentos históricos para abordar el estudio del agua en Santa Fe, da cuenta de cómo el agua “en sus múltiples formatos y soportes fue protagonista de la historia”, y señala la importancia de dar a conocer que “la forma en que el acceso en cantidad y calidad al agua condicionan la vida de las personas y genera desigualdades” (Suárez, 2021, pp.10-11).
En la historiografía provincial encontramos los aportes de Cirvini y Ponte (1998), quienes han analizado la importancia de las acequias y las obras hidráulicas en Mendoza, ocupándose de las primeras obras de provisión de agua potable. En la misma tónica, Raffa (2007) ha indagado sobre las condiciones sanitarias de la ciudad de Mendoza a fines del siglo XIX, centrándose en las obras de salubridad implementadas durante la intendencia de Luis Lagomaggiore. Por su parte, Ponte (1987), desde la perspectiva de la historia cultural y de la historia urbana, ha narrado la historia de la ciudad de Mendoza a partir del estudio del espacio, y se refiere a las propuestas y primeras ejecuciones de obras de saneamiento en la capital mendocina. Además, ha relatado la historia de Mendoza a partir del sistema hídrico, entendiendo que el agua impuso sus condiciones y sus consecuencias sobre la forma y la estructura urbana (Ponte, 2006, p.3). Richard Jorba (2011) ha estudiado las condiciones de vida y salud de los sectores populares durante el período lencinista y menciona las gestiones provinciales ante el gobierno nacional para que OSN ampliara la red de agua potable y construyera desagüe cloacal en Mendoza, pero no desarrolla en profundidad la temática. Por último, se encuentra la tesis doctoral de Luis (2019) y las posteriores publicaciones, en las que analiza la extensión de los servicios de agua potable y red cloacal durante el periodo de gobernaciones lencinistas (Luis, 2020), y la relación Nación-provincia a partir de la acción de OSN en Mendoza (Luis y Raffa, en prensa).
En este artículo proponemos profundizar el estudio de las políticas públicas en torno al agua potable y el desagüe cloacal en la ciudad de Mendoza hacia fines del siglo XIX y los primeros años del siglo XX a partir del análisis de las variables segregación y accesibilidad. Para realizar el trabajo consultamos diversas fuentes: prensa local, documentos oficiales editados por el Ejecutivo provincial y la repartición nacional, diarios de sesiones legislativas y mapas de OSN.
Seguimos la perspectiva de Oszlak, quien señala que la estructura espacial urbana tiende a reproducir la estructura social y a yuxtaponerse a ella (2017, p.36). En este sentido, en esta investigación se propone describir y analizar si se reprodujo la desigualdad social en la extensión de la red de servicios de agua potable y desagüe cloacal en el periodo propuesto. Para ello, se acude a la categoría “segregación”, entendida como una cuestión espacial y urbana que comporta el alejamiento, la clasificación y la asignación de espacios determinados a actividades y tipos específicos de población que dan vida y habitan en las ciudades. Es una relación social y simbólica que está marcada por la diferencia y la separación, y se configura en el espacio y a través del tiempo (Roldán, 2016, p. 9).[2]
Del mismo modo interesa la noción “accesibilidad”[3], un concepto habitualmente utilizado en el lenguaje de las disciplinas dedicadas al estudio de la dimensión espacial de la sociedad y en los estudios sobre territorio y poder, ya que el “control de acceso” que un actor ejerce sobre un territorio representa una de las principales manifestaciones geográficas del poder (Raffestin, 1993). En esta concepción, cuando un actor realiza una apropiación (concreta o abstracta) de un espacio, lo “territorializa” (1993, p.143). La accesibilidad está distribuida de manera desigual: no todos los individuos tienen igual acceso a sitios de trabajo, ocio y consumo, a actividades y personas, a recursos y oportunidades (Jirón, Lange y Bertrand, 2010, pp.32-36).
Durante el periodo analizado, los dirigentes plantearon extender la infraestructura de agua potable y desagüe cloacal. Sostenemos que en las propuestas y ejecución de las obras influyó la concepción de éstos en relación con el espacio, su jerarquización interna y la población que lo habitaba. Esto propició el desarrollo urbano de algunos sectores de Mendoza, pero simultáneamente marcó diferentes posibilidades de accesibilidad al servicio por parte de la población, lo que pudo llevar a la generación de zonas segregadas.
Normativas y primeras obras de provisión de agua
Desde el periodo hispánico las autoridades regularon el uso del agua, y esto continuó durante la etapa independiente a través de distintos reglamentos que se transformaron en antecedentes para la sanción de la Ley de Aguas (1884), y que posteriormente fueron consagrados en la Constitución Provincial de 1916. Se determinó que la concesión del agua se realizara mediante una ley específica; se impuso el principio de inherencia por el cual el derecho de riego pertenece al predio y no pueden venderse separadamente; los regantes participarían en el manejo del agua mediante la elección de autoridades de canales que conformarían las inspecciones de cauces; las grandes obras hidráulicas debían ser aprobadas por la Legislatura; y, por último, fue creado un organismo especializado con autonomía, estabilidad política y autarquía financiera, la Dirección General de Irrigación (Ortega, 2021).
Por otro lado, puede observarse también la importancia de la base hídrica en el desarrollo urbano de Mendoza. La ciudad adoptó desde principios del siglo XVI un patrón de crecimiento -por bandas y escalonado- que le impuso el sistema de aprovisionamiento del agua (Ponte y Cirvini, 1998, p.11).
Con respecto al agua corriente, las primeras obras de provisión se atribuyen a San Martín, quien siendo gobernador de la provincia (1815-1817), ordenó iniciar los trabajos para la conducción de las aguas del Challao (5 km al Oeste de Capital) (figura 1), por medio de un canal en mampostería de piedra que terminaba en la pila de la Plaza Constitución (hoy denominada plaza Pedro del Castillo), centro de la antigua ciudad colonial de Mendoza (OSN, Memoria del Directorio 1937). La distribución era a través de canales de riego, a cielo abierto, que servían indistintamente como provisión de agua para el mantenimiento de huertas y jardines; para el aprovisionamiento de agua potable, se hacía previa decantación en piletas en el interior de las propiedades urbanas (Ponte, 1999, p. 120).
Debido a las reiteradas crecientes, se interrumpía el funcionamiento de esa obra y se realizó una toma auxiliar sobre la acequia El Rey (canal Jarillal) que decantaba en una finca al Oeste del extremo sur de la Alameda (probablemente la manzana comprendida entre Godoy Cruz, Avenida España, Barcala y Callejón Fornés), es decir, abastecía al núcleo urbano más importante de la provincia, radicado entonces en lo que posteriormente se denominó ciudad antigua, como veremos más adelante. El servicio que prestaban las instalaciones era intermitente, por ello la población se proveía durante las interrupciones con agua de los canales Tajamar (Figura 2) y Zanjón[4], hasta que fueron los lugares de suministro habitual cuando se abandonó definitivamente el anterior en 1855.
En 1861 Mendoza sufrió un terremoto que destruyó casi por completo las estructuras edilicias. Además, tras el movimiento sísmico la zona sufrió incendios, inundaciones y saqueos, con lo cual la ciudad se vio destruida, con una gran pérdida material y humana[5]. Lo único que se mantuvo en pie fue una iglesia de los jesuitas (actualmente denominada ruinas de San Francisco) y una de San Agustín, ubicadas en torno a la plaza, que luego fue demolida a mediados del siglo XX. El resto de las edificaciones se vieron sumergidas en sus propios escombros de adobe y paja, debido a que se empleaban principalmente estos materiales endebles para su construcción; no en vano se llamó el “Barrio de las Ruinas” (Ponte, 1999, p.84). Las autoridades se ocuparon de reconstruir la ciudad, y las mejoras en la provisión de agua corriente quedaron en un segundo plano. Surgieron entonces vendedores ambulantes que traían el agua en toneles desde el Challao o la Higuerita, vendiéndola a domicilio (OSN, Memoria del Directorio 1937).
Después del terremoto, el sector de la ciudad colonial comenzó a denominarse “ciudad vieja”, y se construyó una “nueva ciudad”, ubicada al sur Oeste de la antigua, dejando aquel sitio lleno de escombros. Ese sector (sección Este o “ciudad vieja”) perdió sus usos administrativos y políticos. Se instaló el matadero público (en el sitio donde se encontraba el destruido cabildo), el lazareto, los conventillos, los prostíbulos. No contaba ni con calles empedradas ni arboladas, así como tampoco con agua corriente ni cloacas, a pesar de albergar una gran cantidad de población, en especial de los sectores populares (Ponte, 1999). Durante dos décadas, la antigua ciudad mantuvo esas condiciones, y fue uno de los motivos por el que la administración municipal pretendía que los sujetos que allí vivían se trasladaran al nuevo sector. No obstante, los sectores populares no contaban con los recursos económicos para construir nuevas viviendas.
El proyecto de ciudad nueva (luego denominada Sección Oeste)[6] fue confeccionado por un agrimensor francés, Julio Balloffet[7], contratado por el gobierno provincial. La nueva traza propuesta estaba organizada como los pueblos que surgieron en Argentina hacia fines del siglo XIX y que trazaban los agrimensores nacionales sobre la base de un polígono de 8 por 8 manzanas (64 manzanas en total) con centro en una gran plaza-parque (de cuatro manzanas) y que en el caso mendocino se llamó Independencia (Ponte, 1999, p.77), como se puede observar en el plano anterior (Figura 3). En torno a este espacio principal se propuso reconstruir el equipamiento público, pero la reconstrucción de las viviendas particulares dependió de cada propietario. Entonces comenzó a albergar todas las reparticiones y oficinas públicas provinciales y municipales. A su vez, se desplazaron hacia este sector los grupos de mayor poder adquisitivo y, posteriormente, se edificó un parque artificial. Había así dos sectores bien diferenciados en el interior de la ciudad: por un lado, la “vieja ciudad colonial” contenedora de todos aquellos elementos considerados “peligrosos” y, por otro lado, la “nueva ciudad moderna”[8], vinculada a los nuevos espacios de sociabilidad de los sectores de mayor poder adquisitivo. Las autoridades municipales y provinciales no consideraban la sección Este como una prioridad en materia de servicios, con lo cual se fue generando una segregación socio espacial en torno a la antigua ciudad, que persistió a lo largo del tiempo (Ponte, 1999 y Luis, 2019), aspecto que se observa en la implementación de políticas públicas en torno al agua potable, entre otras.[9]
Segregación y accesibilidad en la extensión de los servicios
La escasez del servicio de agua potable y la inexistencia de red cloacal contribuyeron a que a fines del siglo XIX el estado sanitario de Mendoza (y del país en general) fuera deficiente. Informes sanitarios de higienistas especializados arrojaban la necesidad de realizar obras de infraestructura y de extender el recurso de agua potable a fin de incrementar la salubridad de la población mendocina, quien mayormente se proveía del líquido de las acequias para consumo humano, que estaban contaminadas debido a que cumplían, al mismo tiempo, la función de riego y de eliminación de desechos, con la consecuente transmisión de enfermedades mediante su uso. La extensión de este servicio y el establecimiento del desagüe cloacal en la primera mitad del siglo XX fueron claves para mejorar la calidad de vida y la salud de la población.
La ciudad andina, al igual que otras ciudades del país, fue un ámbito propicio para el desarrollo de numerosas enfermedades epidémicas (cólera, difteria, escarlatina, gripe, tuberculosis, entre otras), y muchos casos de otras afecciones basadas en las deficiencias sanitarias, como la gastroenteritis. Esta situación crítica estaba relacionada con el acentuado crecimiento demográfico y urbanístico producido desde 1885, a partir de la instalación y desarrollo del ferrocarril y la inmigración, cuando no se disponían de los medios materiales necesarios para garantizar en la ciudad un entorno sanitario adecuado (Cirvini, 1989, p.108).
En ese contexto, tanto desde la esfera gubernamental nacional como provincial y municipal se implementaron distintas políticas preventivo-sanitarias. Desde fines del siglo XIX se planeó independizar los sistemas de riego y los de provisión de agua potable, y en 1876, bajo la asistencia técnica del Departamento de Ingenieros Civiles de la Nación, se construyeron las primeras conexiones domiciliarias en la Ciudad Nueva, con centro en la plaza Independencia.
Se realizaron obras para conducir nuevamente el agua del Challao, y se construyó un depósito almacenador en el extremo Oeste de la calle Unión (actualmente Sarmiento), se montó una cañería principal de distribución de hierro fundido entre el depósito y la calle San Martín, y cañerías de distribución con caños de barro cocido revestidos de material cementicio, que los álamos carolinos de la arboleda callejera destruyeron en pocos años, siendo en 1882 sustituidas por hierro fundido. Además se construyeron grandes filtros para purificación, se colocó una red de surtidores públicos, que llegaba hasta la calle San Nicolás (actual San Martín) y la Alameda, dejando completamente fuera de este servicio a la mitad norte de la Ciudad Antigua, a pesar de seguir siendo esta zona el sector más poblado de Mendoza.
Hacia 1884, durante la gestión del intendente Luis Lagomaggiore se renovaron y ampliaron las conexiones domiciliarias y se extendió la red de surtidores públicos que cubrió entonces una parte importante de la Sección Este[10]. En 1884, además, se había dispuesto ampliar el caudal o dotación, con agua del canal Jarillal y se transformó el depósito existente en un filtro de arena. En 1885 el agua corriente se destinó a los edificios públicos que aún no contaban con ella, entre los cuales se encontraba el Hospital San Antonio[11] y se colocaron dos surtidores más en la Ciudad Nueva (25 de Mayo y La Paz, Necochea y Colombia) y uno en la Ciudad Vieja (Tucumán y Bolivia), próximo al Hospital, hasta donde se había extendido la red (Ponte y Cirvini, 1998, p.43) (Figura 5)
En el verano de 1886 y 1888, durante el desarrollo del cólera, aproximadamente el 95% de la población urbana debía proveerse de agua para beber de los surtidores públicos, que por su número y ubicación no cubrían todo el territorio. Era usual hacer largas colas de espera detrás del surtidor (que con frecuencia no funcionaba), y por el tiempo que insumía esta cotidiana tarea, era encargada usualmente a jóvenes que provocaban riñas a las cuales aludía frecuentemente la prensa. Por ello, siguió siendo habitual (por ser la única posibilidad), en toda la zona norte de la ciudad antigua, en los alrededores de la plaza "del Matadero" (fundacional) y en los arrabales de San José y La Chimba, proveerse de agua de las acequias para el consumo diario (Ponte y Cirvini, 1998, p.44) (Figura 6). Esto da cuenta de cómo la ciudad antigua continuaba relegada de las políticas públicas, aunque constituyera el núcleo urbano más poblado en esa época.
En 1893 se mejoró la provisión de agua. Entre otras obras se construyó la toma en el Canal Zanjón a 500 metros del Dique Nivelador; dos desarenadores y aclaradores en Luján de Cuyo; y filtros en Godoy Cruz, de acuerdo con los proyectos que había realizado el ingeniero Cipolletti (Figuras 7).
Figura 7 - 1-Desarenadores, 2 Aclaradores de Luján de Cuyo, y 3 Establecimiento de Godoy Cruz, fines del siglo XIX. Fuente: OSN, Memoria del Directorio 1937.
Conocemos por la prensa publicada a fines del siglo XIX que gran parte de la población mendocina residía en la Sección Este (ciudad antigua). Si bien no encontramos datos estadísticos de ese tiempo que especifiquen la cantidad de habitantes de las dos secciones de Capital, una nota periodística señalaba: “Hacia el NorEste de la ciudad, allá precisamente alrededor del Matadero, hay una población numerosa y abandonada” (Los Andes, 25/7/1896. En: Ponte, 1999, p.89). Años después, el censo municipal de 1903 mostraba una tendencia similar, la zona más densamente poblada, con 11.154 habitantes, no era la ciudad nueva, sino la porción sur de la ciudad vieja con centro en la plaza Buenos Aires (actual Sarmiento), denominada tercera sección a partir de entonces (Censo Municipal 1903, p.60; Ponte, 1999, p.135)[12]. Si bien el sector más poblado ya no estaba alrededor de la antigua plaza colonial, las zonas cercanas al mismo continuaban siendo el espacio más habitado a principios del siglo XX.
La Dirección General de Salubridad[13] insistía en que era necesario realizar un estudio de reconocimiento sobre las posibles vertientes para provisión de agua potable y su calidad[14]. La ciudad se proveía de agua del Río Mendoza, pero en 1899 el gobierno provincial se acogió a los beneficios de las leyes sobre irrigación, riegos, provisión de agua y se iniciaron estudios para utilizar el Río Blanco como fuente de provisión de líquido potable. El resultado fue que este presentaba condiciones de potabilidad mejores que las del Río Mendoza; no obstante, los dirigentes provinciales optaron por dejar de lado el proyecto propuesto y realizaron mejoras en las obras existentes, provenientes del Río Mendoza durante 1901-1902 (OSN, Memoria del Directorio 1937).
Años después, en 1905 el gobierno de Mendoza asió el proyecto y firmó un convenio para ampliar la provisión de agua potable, utilizando como fuente el Río Blanco (Figura 8). Los trabajos se iniciaron en 1906 y en mayo de 1908 se abastecía a 40000 habitantes. Se realizaron una galería filtrante en el lecho del Río Blanco, un conducto entre esta y Alto Godoy, dos depósitos de reserva en Alto Godoy, una cañería maestra desde los depósitos a la ciudad, y mejoras en las redes de distribución. Las crecientes estivales producían embancamientos de la canaleta de captación, por ello en 1918 se construyó una fuente desarenadora (OSN, Memoria del Directorio 1937).
Figura 8 -Vertedero para aforos sobre el Río Blanco, 1914.
La prestación de los servicios
El servicio de agua potable en ciudad de Mendoza era de jurisdicción provincial, pero en 1900 se transfirió al Estado Nacional mediante la ley nacional N° 3967 que autorizaba al Poder Ejecutivo de la Nación para proceder a la construcción de obras de provisión de agua a varias capitales de provincias. Esto otorgó competencia a la Comisión de Obras de Salubridad (en adelante Dirección General de Obras de Salubridad de la Nación), dependiente del Ministerio del Interior. El traspaso fue efectuado a partir de 1906[15] y desde entonces y hasta 1980[16], en la mayor parte de las jurisdicciones del país[17], la provisión del servicio de agua potable y desagüe cloacal dependió del Estado nacional. En 1912 se creó Obras Sanitarias de la Nación (OSN, ley nº 8889), con el objetivo de centralizar en un solo organismo el diseño, planificación y ejecución de las obras de agua potable y saneamiento en el conjunto del territorio nacional.
A partir de entonces, el procedimiento consistió en el pedido a la máxima autoridad de OSN, de extensión o construcción de determinada red por parte de las autoridades provinciales y/o municipales, y la posterior firma de convenios entre los representantes de ambas instituciones. En éstos se explicitaban las características de la prestación y el tendido específico que abarcaría la red. Los convenios, regulados por la ley N° 10998[18], eran ratificados mediante proyectos de ley en la legislatura provincial. Además de legalizarlos, se preveía declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los terrenos necesarios para las obras proyectadas o afectadas por servidumbres, y se establecía que el pago de los gastos que se originaran sería adjudicado a Rentas Generales de la provincia, con imputación a la misma. Además, se definía que la construcción y explotación de las obras, así como la percepción de la renta que produjeran estarían a cargo de OSN, hasta que la provincia o el departamento finalizara el pago de los trabajos, momento en el cual las obras pasarían a explotación provincial. Así, durante el periodo analizado hubo una constante relación entre Nación-provincia-municipio, y se suscitaron diversos conflictos en torno a los proyectos y la ejecución de las políticas públicas en torno al agua[19].
Para la ejecución de las obras[20], se llamaba a concurso público y la empresa ganadora se hacía cargo de los materiales y construcción de las redes. La convocatoria era anunciada en la prensa, al igual que los resultados del concurso.
El problema de la escasez de agua potable continuaba en Mendoza a principios del siglo XX. En los planos siguientes (Figura 9) podemos observar las cañerías existentes y proyectadas en 1905 en la ciudad nueva.
En 1914 había un total de 3791 conexiones domiciliarias en Capital (DGEM, Anuario 1914), que abastecían principalmente a los habitantes de la ciudad nueva, quedando gran parte de la población destinada a consumir agua de los surtidores públicos o a proveerse del líquido que corría por las acequias, con las consecuentes posibilidades de propagación de enfermedades.
En 1927, para dar respuesta a la escasez de agua, el Poder Ejecutivo provincial presentó un proyecto y se aprobó un convenio mediante el cual se preveía ampliar la dotación de agua potable del Río Blanco y afluentes a la ciudad de Mendoza y departamentos circunvecinos (ley n°931)[21]. El proyecto, que implicaba construir un acueducto que atravesara la montaña, no se realizó; pero se hicieron trabajos parciales para paliar la escasez, como la construcción de dos depósitos nuevos de reserva en Alto Godoy. En 1928 la cantidad de conexiones domiciliarias en capital llegó a 5436[22].
El servicio de agua potable se fue extendiendo también hacia los diferentes departamentos de Mendoza. Luján de Cuyo (1908-1919)[23], Godoy Cruz (en 1917 se terminaron las obras) y Maipú (marzo de 1918) contaban con servicio al comenzar la década del ’20 (Nieto Riesco, 1926, p.273)[24], y luego se extendió a Guaymallén (1922), Tunuyán y San Rafael (1928) (OSN, Memorias del Directorio 1918-1931).
En relación con la red cloacal, el primer proyecto de desagüe urbano para la ciudad data del año 1888, confeccionado por el ingeniero Carlos Nystromer por encargo del Gobierno Provincial.
La obra no pudo realizarse en esa época. Los trabajos comenzaron en 1923[25] y recién en 1926 Mendoza comenzó a contar con ese servicio. El sistema utilizado para el desagüe cloacal hasta entonces, y que continuó por mucho tiempo hasta que se extendió la red, eran pozos de profundidad y diámetro variables, revestidos con mamposterías de ladrillos o palomar, o simplemente cubiertos con una bóveda, en la mayor parte de los casos. La duración de estos era siempre menor a veinte años, con lo cual las casas antiguas contaban con 5 o 6 pozos colmados, constituyendo un gran riesgo sanitario (Suárez, 1924, p.414). El líquido recolectado se derramó en el Campo General Espejo (ubicado en el departamento de Las Heras), después de atravesar las cámaras separadoras situadas en la cabecera del mismo campo.
Tal como podemos observar en la imagen anterior (Figura 10), la red cloacal proyectada a fines del siglo XIX preveía dotar del servicio a la ciudad nueva, con centro en la plaza Independencia, quedando fuera la mayoría de la población, que residía cercana al antiguo casco colonial. Podemos alegar entonces que, tanto los proyectos de provisión de agua potable como los de desagüe cloacal estuvieron destinados a satisfacer las necesidades de un área urbana específica de Mendoza, lugar de residencia de sectores sociales medio-alto y que de ninguna manera constituían el núcleo urbano más poblado de la ciudad en ese momento. Los dirigentes pretendían impulsar el desarrollo de ese espacio urbano, y por ello proyectaron e implementaron políticas públicas en ese ámbito.
Del mismo modo, hubo una desjerarquización del espacio al establecer en una zona del departamento de Las Heras, el Campo General Espejo, como lugar de derrame de los desechos cloacales. Más allá del declive natural del terreno, el departamento, donde residían mayormente las clases populares, había sido desatendido desde el terremoto de 1861 (tal como la zona Este). Además de la falta de agua potable, allí se ubicaron el cementerio, numerosos conventillos que no eran controlados sanitariamente; y el mencionado Campo donde desembocaban los desechos cloacales (Figura 11). Estos son indicadores de un proceso de largo plazo de desatención por parte de los dirigentes políticos.
En este sentido, consideramos que la segregación jugó un papel fundamental a la hora de pensar y proyectar la infraestructura de agua potable y la red cloacal en Mendoza. Esto se denunciaba en la prensa: “es deficiente bajo todo punto de vista el servicio de las aguas corrientes en algunos barrios de esta capital” (…) “Un caso demostrativo es el comprendido entre las calles Videla Correa y Coronel Díaz a ambos lados de la calle San Martín[26], donde la población se ve privada de agua durante más de veinte horas todos los días” (El Socialista, 14/12/1918). Si bien el espacio mencionado contaba con servicio, el periódico explicaba que las cañerías eran pequeñas y que el caudal no alcanzaba a abastecer a la población, por ello criticaba que no realizaran las mejoras necesarias para atender la necesidad de la población que residía en ese ámbito urbano. Del mismo modo ocurría con otras áreas posteriormente urbanizadas, desde fines del siglo XIX, principalmente aledañas a las estaciones del ferrocarril. Así, en la prensa se aludía a la falta de agua en la zona Oeste, debido al incremento poblacional, particularmente de obreros ferroviarios. Decía: “sus habitantes consumen el agua antihigiénica que corre por las acequias, motivando esta situación que se propaguen epidemias” (Los Andes, 6/11/1926).
Consideraciones preliminares
Durante fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX se propusieron e implementaron políticas públicas tendientes a extender y mejorar los servicios sanitarios de agua potable y red cloacal en Mendoza. Pudimos observar que en los proyectos y la ejecución de las obras influyó la concepción de los dirigentes en relación con el espacio, su jerarquización interna y la población que lo habitaba, generando diferencias en la accesibilidad al recurso y zonas segregadas. Así, tal como marcamos a lo largo del texto, ciertos sitios de la ciudad quedaron relegados de las políticas públicas sanitarias, como pudimos observar en el caso del sector ocupado por la antigua ciudad colonial, que, a pesar de continuar siendo el sector más poblado, luego del terremoto de 1861 y de la decisión gubernamental de reconstruir la ciudad al Sur Oeste, constituyó un espacio segregado, abandonado en sus propias ruinas; y el esfuerzo gubernamental se centró en proveer de agua potable y desagüe cloacal a la ciudad nueva, lugar de residencia de las familias acomodadas de Mendoza.
Asimismo, otros sitios de la ciudad de urbanización más tardía, que fueron ocupados por sectores populares, no constituyeron una prioridad a la hora de proyectar y ejecutar políticas públicas en torno a la provisión de líquido potable o de desagüe cloacal. Siendo el sector de la ciudad nueva, en torno a la plaza Independencia, el lugar privilegiado en el cual la población accedía a conexiones domiciliarias de provisión de agua potable y que comenzaron a contar con red de desagüe cloacal a partir de 1926.
Podemos decir que el terremoto fue una suerte de parteaguas en la orientación espacial de las políticas públicas en Mendoza. La decisión gubernamental de priorizar el espacio urbano en torno a la plaza Independencia (ver mapa anterior) no era una respuesta a la cantidad de población asentada (que era mayor en la zona de la antigua ciudad colonial), sino más bien estaba enraizada en la decisión de implementar una nueva ciudad de estilo moderno (a imitación del modelo parisino) después de la catástrofe de 1861 que destruyó el antiguo casco colonial.
Esta investigación abrió interrogantes relativos a las propuestas y ejecución de políticas públicas en torno al agua (provisión de agua potable y desagüe cloacal) entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Queda pendiente para investigaciones posteriores el análisis del periodo posterior al que abarcamos, a partir de los años ’30, cuando OSN ya contaba con sede en la provincia, identificando los pares desarrollo urbano / salubridad pública y segregación espacial / accesibilidad en el análisis de la distribución de infraestructuras de agua potable y servicio cloacal en Mendoza.
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Notas