Introducción

Tanto la Argentina, como Brasil y Chile experimentaron cambios organizacionales, doctrinarios y logísticos desde fines del siglo XIX a las primeras décadas del XX, cuyo modelo provenía del Viejo Continente y se encontraba en sintonía con el paradigma de una cosmovisión planetaria eurocéntrica. En el caso de la Argentina, la carencia de un perfil adaptativo que permitiera superar las diferencias idiosincráticas entre el modelo de largo plazo alemán y el día a día del país, impactó negativamente en la evolución y dio lugar a un fenómeno inconcluso y de dilatada concreción. A ello hay que sumarle una intrincada trama normativa, con vaivenes institucionales, y la reiterada falta de acompañamiento presupuestario, todo lo que restó continuidad y eficacia a los avances pretendidos.

El objetivo de este trabajo es analizar la profesionalización del Ejército Argentino desde el punto de vista del desarrollo de los procesos particulares que lo conformaron, a fin de determinar las causas y condiciones que influyeron y le impidieron una conclusión oportuna. Asimismo, se examinarán a modo referencial los casos semejantes de Brasil y Chile para inferir acerca de los factores preponderantes que, en cada uno de esos países, caracterizó el desenvolvimiento de sus instrumentos militares terrestres.

Las leyes de la profesionalización

La ley 4031 y la Organización del Ejército de la Nación

Sin duda la ley 4031 constituyó la piedra angular de la profesionalización militar. Normalmente conocida como ley Riccheri, en alusión a su mentor el ministro de Guerra del presidente Roca, dejó su impronta a nivel institucional mediante la instauración del servicio militar obligatorio, el que perduraría como única fuente de reclutamiento masivo de la tropa durante más de noventa años. No obstante, no fue ese el único aporte que hizo al país, sino que favoreció la implementación de un verdadero sistema de defensa nacional basado en el adiestramiento operativo del soldado conscripto y su proyección, en el largo plazo, hacia diferentes obligaciones militares. De esta manera, se planteaba un compromiso militar igualitario de 25 años de duración para los ciudadanos argentinos. A semejanza del modelo militar alemán, la defensa nacional se estructuraba en tres niveles de fuerzas: el Ejército de Línea, la Guardia Nacional y la Guardia Territorial.

Si bien la duración del servicio militar variaba desde un mínimo de 6 meses hasta un máximo de 2 años, (teniendo en cuenta que este era el tiempo efectivo de incorporación), el ciudadano integraba el Ejército Permanente hasta los 28 años. Vale decir que más allá del período bajo banderas pasaba a componer la Reserva inmediata a ser convocada en caso de conflicto armado. Luego, el individuo integraba la Guardia Nacional hasta la edad de 40 años, y finalmente culminaba con su obligación militar a los 45 años, después de haber formado parte de la Guardia Territorial.

De esta forma se instrumentaba un sistema potencialmente eficaz, toda vez que se aseguraba disponer de una Fuerza apta y adiestrada con continuidad en el tiempo, ya que tanto la Reserva, como la Guardia Nacional y la Guardia Territorial debían ejercitarse con regularidad. Además, se asignaban responsabilidades a los gobiernos provinciales en lo atinente al sostenimiento y organización de los elementos de Guardia Nacional y Territorial correspondientes a cada distrito, incluyendo la designación de los jefes y oficiales, lo que concretaba una federalización del instrumento militar y su rol defensivo (Quinterno, 2014, p. 451). Asimismo, se propiciaban condiciones en cuanto a la preparación militar de la ciudadanía aún antes de ser enrolado, mediante la reducción del tiempo de servicio para quienes demostrasen aptitud en el uso de armas de fuego, después de adiestrarse en los polígonos de tiro. Esta ley esbozó por primera vez una conceptualización integral de la defensa en relación con el territorio nacional, al dividir el país en siete regiones militares (1ª RM: Capital Federal; 2ª RM: Neuquén; 3ª RM: Uruguay; 4ª RM: Litoral; 5ª RM: Cuyo; 6ª RM: Centro; y 7ª RM: Norte. Los territorios nacionales de Formosa, Chaco Austral, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego constituían distritos separados que dependían en forma directa del Ministerio de Guerra). Pero lo más importante era que dichas regiones conformaban el instrumento de movilización que permitía evolucionar de las organizaciones de pie de paz a las de pie de guerra, conformando una División de Ejército al completo. Así, se definía un esquema militar en condiciones de afrontar con razonable éxito una agresión armada, a través del concurso de todas las energías de la Nación, tal como el modelo alemán propugnaba (Goltz, 1927). Dentro del articulado se destaca la negativa en cuanto a la participación política y el ejercicio de derechos electorales del personal militar, de todas las jerarquías, mientras tuvieran mando de tropas. Pero no todo resultaba auspicioso en la ley Riccheri. En efecto, la norma presentaba una debilidad en torno a las excepciones al servicio obligatorio, que con el transcurrir del tiempo acabó por alentar conductas elusivas y no pocos actos de corrupción administrativa. En principio, la ley admitía la permuta entre los individuos a los que les correspondían 6 meses de servicio con aquellos que por sorteo les cabían 2 años de conscripción, a cambio de una retribución monetaria. Esto impactaba negativamente sobre las condiciones igualitarias ante la ley, tal como se declamaba en el Art. 2º, a la vez que estimulaba la especulación, restándole transparencia a los fines altruistas de la norma. En definitiva y en la práctica, la institución militar no lograba superar los vicios del siglo anterior en cuanto a la criticada figura del personero. Tampoco eran demasiado claros todos los posibles motivos de excepción al servicio militar, ya que a la heterogeneidad causal se le agregaba una escasa posibilidad de control eficiente -con los instrumentos disponibles en la época- que permitiera corroborar la veracidad de los dichos y hechos. A esto se le sumaba un aparato burocrático denominado Junta de Excepciones, que debía gestionar las solicitudes al respecto y autorizar aquellas pertinentes. Lo anterior se complementaba con una suerte de impuesto a la excepción denominado tasa militar, por el cual se obligaba al ciudadano eximido de su obligación militar (ya sea en el Ejército de Línea, como en la Guardia Nacional y Territorial) a abonar anualmente un gravamen, el que se hacía efectivo a la Junta de Excepciones en el momento mismo de resolverse el trámite, y anualmente en carácter de renovación. Quedaban exceptuados del pago los pobres de solemnidad, cuya situación debía ser acreditada bajo otro procedimiento intrincado.

La ley 4707 (Orgánica del Ejército)

Esta disposición fue promulgada el 28 de septiembre de 1905, bajo la presidencia de Manuel Quintana, siendo su ministro de Guerra el general Enrique Godoy.

El primer elemento de juicio que se debe sopesar al analizar esta norma es el escaso tiempo transcurrido entre la sanción de la ley 4031 y ésta, vale decir apenas cuatro años, teniendo en cuenta que la ley 4707 derogó a la anterior. La profesionalización lejos de concluirse recién iniciaba su largo camino de implementación. Dentro del articulado de esta nueva ley no sufrieron mayores cambios las disposiciones relacionadas con el reclutamiento y composición de las fuerzas, respetándose las consideraciones de la derogada ley 4031. Sin embargo, se introdujeron modificaciones en cuanto a la gestión de datos para concretar el enrolamiento, involucrando como parte del sistema a los jefes de Registro Civil de la República, una evidencia acerca de las dificultades que el modelo comenzaba a sugerir. Pero la variación más significativa respecto de la ley anterior estaría dada por consideraciones en torno a la carrera profesional del militar y una primera aproximación al tema previsional; dos aspectos que se mantendrían en vilo en los próximos veinte años.

Por su parte, se incluían como Título II nuevas pautas atinentes a cuadros y ascensos -fundamentalmente de oficiales- lo que derogaba la antigua ley de ascensos militares de 1882. Si bien se varió la denominación de algunas jerarquías, se puede decir que la modificación sensible estuvo en la cantidad máxima de las vacantes a llenar por empleos y su tiempo de revista en cada grado, como así también la obligatoriedad de que los oficiales fuesen únicamente reclutados a través del Colegio Militar de la Nación. Asimismo, se establecieron diferentes estadios en la situación de revista, que en la aplicación afectaba esencialmente a los oficiales. Así, en el contexto de un régimen pretendidamente dinámico, se determinaban las condiciones por las cuales el individuo devenía entre la actividad plena y el retiro, según situaciones profesionales, autorizaciones para ocupar cargos públicos en representación de partidos políticos y pases a la Reserva de cualquiera de los tres niveles de fuerzas. Esto propone una interpretación de mejora del sistema de defensa nacional teniendo en cuenta el aprovechamiento del personal a lo largo de su vida útil para el servicio, pero también coloca en el centro de la escena la problemática de retiros y pensiones, que acompañaría al proceso de burocratización militar. Otro aspecto importante que introdujo esta norma fue la sistematización del cómputo de servicios a lo largo de la carrera militar, condensado en un documento que registraba -y aún hoy lo hace- el derrotero profesional de los oficiales, denominado foja de servicios. También conocido como legajo personal, este registro hacía las veces de historia documentada del oficial hasta su retiro, sirviendo como instrumento legal para sustentar reclamaciones o argumentar recursos ante potenciales arbitrariedades.

Una mención aparte merece la figura del tribunal de clasificación de servicios militares, habida cuenta de sus repercusiones a futuro. Como su nombre lo indica este cuerpo colegiado era responsable de evaluar los servicios prestados por los oficiales a partir del registro documentado en el legajo personal, a fin de determinar las listas de ascenso según el establecimiento de un orden de mérito. Este procedimiento de valoración del personal daba preeminencia a la preparación intelectual, otorgando un puntaje mayor para quienes acreditaran diploma de oficial de estado mayor, el de egreso de la escuela de guerra, el de egreso de la escuela de aplicación y el de ingeniero militar. No obstante, una organización inicialmente imperfecta del procedimiento de clasificaciones acarrearía múltiples reclamos e innumerables modificaciones a lo dispuesto, lo que de hecho planteó una prolongación del proceso burocrático, más allá de lo deseable.

El 12 de enero de 1907, transcurridos apenas dos años de la puesta en vigor de la ley 4707, ésta sufrió la primera modificación parcial mediante la ley 5043. Los ítems enmendados se relacionaban con el sorteo de la clase, los cupos de incorporación para el Ejército y la Marina, la obligación de dar cuenta una vez desaparecidas las causas que dieran lugar a excepciones y la integración del cuerpo médico y funcionarios del orden judicial del Ejército a los beneficios reconocidos por la extinta ley de retiros militares de 1895, ya que no habían sido tenidos en cuenta en la norma original. Esto prueba las dificultades a que dio lugar una implementación deficiente de la ley orgánica del Ejército, lo que llevaría a constantes reformas que demorarían la conclusión de la profesionalización militar. Así, el general Rafael Aguirre luego de señalar la superación de los incidentes ocasionados por la revolución del 4 de febrero de 1905, se expide diciendo que “constituir un Ejército, cuyos cuadros permanentes basten para formar […] una fuerza de primera línea eficaz para cubrir en tiempo útil la frontera amenazada, no es obra de un día […] basta al efecto reflexionar que la ley vigente requiere veinticinco años para dar todo su fruto” (Ministerio de Guerra, 1908, p. 12). Aguirre, como un referente de su época, visualizaba un largo camino para alcanzar los objetivos finales de la modernización, y advertía que “el viejo ejército veterano, suficiente en las campañas contra el indio, no podía, por su reducido número, bastar a las necesidades de nuestra defensa en caso de conflicto exterior” (p. 13).

La Ley 9675 (Cuadros y ascensos del Ejército)

Esta ley fue sancionada el 5 de octubre de 1915, bajo la presidencia de Victorino de la Plaza, ocupando la cartera de Guerra el general Ángel Allaria, siendo reglamentada por decreto del Poder Ejecutivo el 28 de abril de 1916. En líneas generales la nueva disposición se dividía en dos grandes partes representadas bajo el nombre de Títulos (I y II). El primero de ellos reiteraba las prescripciones ya contenidas en la ley 4707 respecto del estado militar, las jerarquías, los empleos, situaciones de revista y legajo personal. Hacía hincapié en el número máximo de oficiales en actividad por cada grado e introducía ligeras modificaciones a las jerarquías militares, especialmente en el caso de los suboficiales. Pero es en el Título II donde se incluyeron las alteraciones más sensibles. Así, bajo el enunciado de ascensos se establecían una serie de reglas generales tendientes a estandarizar de manera objetiva las condiciones de promoción a una jerarquía superior. Además del tiempo máximo de permanencia en cada grado, se establecían los porcentajes de renovación anual en un todo de acuerdo con la clasificación, ya no sólo supervisada por un tribunal a tal efecto, sino como responsabilidad del superior inmediato del calificado. De esta manera, los cupos de ascenso llevaban implícito un número determinado de individuos prescindibles. Como una forma de otorgar prioridad a la faz operativa dentro de la calificación del oficial, se imponía la obligatoriedad de que en cada grado se lo comprobara en el mando efectivo de unidades de tropa, a razón -como mínimo- de dos períodos anuales de instrucción, lo que en la práctica significaba convocar, durante el período ordinario de maniobras, a todos aquellos oficiales que no estuvieran destinados en cuerpos de tropa, con las lógicas consecuencias de desplazamiento y erogaciones presupuestarias que ello implicaba. El sistema preveía un reaseguro para evitar la eliminación de aquellos oficiales aptos que no pudieran ascender por falta de vacantes quienes quedaban fuera de cuadros y concursaban para el ascenso al año siguiente. Aun así, para quienes no accedieran a la promoción a la instancia jerárquica superior pasaban a retiro administrativamente, y desde teniente inclusive gozaban de un aumento del veinte por ciento sobre la pensión a que tenían derecho por sus años de servicio.

La burocracia de la evolución orgánica

El inicio de la evolución (1901 – 1905)

Este período se inicia con la sanción de la Ley 4031 y culmina con su derogación, al ser reemplazada por la ley 4707. Se caracteriza por dos hechos importantes a nivel nacional. El primero tiene que ver con la crisis prebélica entre la Argentina y Chile, situación que influyó en la estructuración de fuerzas que finalmente fue incluida en la ley 4031, pero que no debe tomarse como causa excluyente de dicha ley. Tal como surge de las opiniones vertidas en la sesión secreta de la Cámara de Diputados de fecha 21 de septiembre de 1901, se discutieron las opciones más convenientes para organizar las fuerzas militares, cuyos resultados luego serían tenidos en cuenta en las sesiones públicas. Una posterior ronda de sesiones secretas ocurriría el 12 de diciembre del mismo año -esto es, seis días después de la sanción de la ley 4031- y en este caso se daría aprobación al proyecto de ley del Poder Ejecutivo para completar y fortalecer el poder del Ejército y de la Armada, que luego se concretaría en la ley 4035. El segundo acontecimiento de entidad fue la revolución del 4 de febrero de 1905. Sus consecuencias preocuparon al Ejército porque individuos con estado militar tomaron parte en la sedición de los radicales, y aunque el número no fue relevante, bastó para conmocionar la disciplina interna.

Respecto de las organizaciones y funcionalidad del sistema, cabe reiterar que al momento de reglamentarse la ley 4031 se registró la primera alteración de las jurisdicciones originalmente asignadas como Regiones Militares, pasando de diez a siete y que volverían a ser modificadas por decreto del 8 de abril de 1905, disminuyendo a cinco (1ª RM: Capital Federal; 2ª RM: Sur; 3ª RM: Litoral; 4ª RM: Centro y Cuyo; y 5ª RM: Norte). Privó en esta última decisión que la regionalización militar coincidiese con la división política del momento y cubriera todas las fronteras con países limítrofes, a fin de satisfacer las expectativas de potenciales movilizaciones. El 31 de enero de 1902 se produjo la primera manifestación concreta de evolución orgánica a escala como resultado de la Ley 4031. En efecto, fueron creados diez cuerpos de línea de las tres armas. Poco tiempo después, el 25 de febrero, los regimientos 11 y 12 de caballería de línea que se encontraban de guarnición en el Chaco, fueron afectados al servicio de gendarmería de ese Territorio Nacional, asumiendo una función policíaca, con importantes vaivenes en los sucesivos treinta años y para la cual el Ejército no disponía de un adiestramiento particular.

Las sucesivas organizaciones y variantes de los organismos destinados al mando y administración de la fuerza militar revistieron particular interés en el marco de la modernización. El modelo vigente en oportunidad de la sanción de la ley 4031 presentaba al Departamento de Guerra dividido en un Gabinete Militar, mediante el que se ejercía el comando de todo el Ejército, y un Estado Mayor del Ejército que se ocupaba de la preparación para la guerra. En virtud de ello se reglamentaron las atribuciones y funciones del Estado Mayor del Ejército con fecha 17 de enero de 1904 y fue reorganizado en diciembre de ese mismo año.

En términos educativos los impulsos fueron muchos, y todos se orientaban a dotar de mayor intelectualidad al personal militar. Dos aspectos merecen especial destaque. El primero es la creación de la Dirección General de Tiro y Gimnasia de la República, ya que sería el principio de una extensa serie de medidas destinadas a fomentar el tiro y la cultura física entre los ciudadanos, a efectos de instruir las Reservas tal como lo estipulaba la Ley 4031. El otro hecho notorio es el cambio de planes de estudio del Colegio Militar de la Nación -e inclusive de su denominación por Escuela Militar y de Aplicación de Artillería e Ingenieros- en función de incrementar la preparación técnica de algunos oficiales para obtener el título de ingeniero.

Asimismo, cabe señalar las implicancias de la ley 4290 (Construcciones militares). Sancionada el 20 de enero de 1904, otorgó el complemento indispensable al crecimiento en ciernes desde el punto de vista de la infraestructura. Pero los alcances de ésta pronto se mostrarían insuficientes para la magnitud de la empresa propuesta. El objetivo inicial fue proveer a la Fuerza de instalaciones propias y adecuadas a los fines militares.

Un proceso en marcha (1906 – 1915)

El lapso comprendido entre la sanción de las leyes 4707 y 9675 estuvo signado por tres hechos significativos. Por un lado, la tensión de la siempre presente rivalidad con Brasil que a partir de 1908 adquirió características de carrera armamentista en el sector naval. Esta crisis se prolongó hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial y fue conocida como diplomacia de los acorazados. Si bien las derivaciones de este evento -en lo que a nuestra investigación atañe- afectaron principalmente a la Marina, también alcanzaron al Ejército a través de la ley 6283, para compra de armamentos. Como segundo acontecimiento del período debemos resaltar los festejos del Centenario, que involucraron a todas las instituciones y fuerzas vivas del país, pero en particular demandaron el protagonismo del Ejército, cuya transformación fue objeto de comentarios laudatorios entre los visitantes internacionales. El otro suceso para resaltar es el inicio de la Gran Guerra, durante el gobierno de Victorino de la Plaza, donde cabe mencionar la postura neutral de la Argentina y las implicaciones económicas negativas como resultado de la inestabilidad comercial con Europa, en el marco de una política económica de complementariedad. Además, el comienzo de la guerra obligó al regreso inmediato de los oficiales alemanes que revistaban en el Ejército Argentino, morigerando en forma temporal su influencia sobre el sector militar argentino.

En octubre de 1910 se reorganizaban las responsabilidades territoriales de las Regiones Militares y se modificaba su denominación por la de Cuerpo de Ejército, manteniendo la capacidad de alistamiento de las Divisiones de Ejército encuadradas. Posteriormente, en enero de 1915, se completaría la disposición anterior reglamentando la organización de depósitos de movilización en cada Cuerpo de Ejército; de este modo se consolidaba la tarea iniciada en 1907. Por su parte, las tropas de caballería de guarnición en los Territorios Nacionales del norte continuaban su tarea civilizadora a la par de sus funciones de gendarmería, lo que en 1912 permitió fundar pueblos a partir de los acantonamientos militares. Independientemente de la importancia que este tipo de acciones revestía para la seguridad y soberanía de la Nación, el hecho de emplear a las fuerzas militares en tareas afines a lo policial implicaba la distracción de recursos (humanos, materiales y financieros) que retrasaban -en parte- la marcha de la profesionalización.

Desde 1908 el general Rafael Aguirre hacía notar la exigencia de “librar al Arsenal Principal del tutelaje de la industria privada en la mayoría de lo que necesita confeccionar o manipular” (p. 14), lo que reiteraba el ministro Gregorio Vélez en 1912, y ratificaba el general Allaria en 1914 y 1915 al afirmar que los arsenales de guerra “deben obtener la capacidad necesaria para producir los reaprovisionamientos del Ejército [en la] tendencia de independizarnos todo lo posible de la industria exterior” (Ministerio de Guerra, 1915, p. 7). Este concepto de emancipación respecto de la manufactura y producción de materiales militares sensibles marcaba una tendencia que se iría profundizando a la par de la burocratización, alcanzando su clímax con la fundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 1922, pero que persistiría hasta 1929. La profesionalización llevaba implícito el logro de la autonomía industrial como condición sine qua non para realmente completar el modelo de fuerzas adoptado.

1912 constituyó un hito dentro de la modernización del Ejército, al crearse la Escuela de Aviación Militar sobre la base del material aerostático donado por el Aero Club Argentino. A partir de esa fecha la actividad aérea recorrería un camino accidentado que recién vería sus frutos en 1927 con la creación de la Fábrica Militar de Aviones, símbolo de la tecnología y autodeterminación nacionales.

Si bien se registraban avances concretos en la evolución orgánica, no ocurría lo mismo dentro del sistema de enrolamiento. La ley 8129 (enrolamiento general de ciudadanos nativos y por naturalización) de julio de 1911, fue la respuesta a los problemas que el reclutamiento presentaba por dificultades en la gestión de la información, la disponibilidad de organismos para realizar los trámites y la adulteración de documentos; pero como toda solución vinculada con este tema adoleció de parcialidad y, entonces, generó nuevas dificultades a futuro. En cuanto al resto de las normas que concurrían a la profesionalización, encontramos que la ley 6013 (3 de octubre de 1908) autorizaba la inversión de $ 1.000.000 m/n para el fomento de la instrucción de tiro y cultura física, lo que además incluía la construcción de nuevos polígonos para la práctica de aquel, continuando con la instrumentación de un régimen sustentable para la preparación militar de los ciudadanos. La ley 6227 (17 de octubre de 1908) ampliaba el crédito autorizado por la ley 4290 (infraestructura) que, como expresáramos, resultó insuficiente para el fin previsto y sería el antecedente de la ley 6492 (1909), la que establecía un amplio plan de construcciones militares que, por variaciones presupuestarias y agregación de nuevas obras, se extendería hasta 1929. Asimismo, esta ley promovía la creación de la Superintendencia de Construcciones Militares en 1910, para atender la gestión de lo planificado.

La ley 9697 (estadística militar), de septiembre de 1915, definía un progreso en términos de movilización, al legislar sobre la forma de registro de las existencias de los particulares para casos de guerra, quedando dicho trámite bajo responsabilidad de los Distritos Militares.

La Gran Guerra que conmocionaba al mundo era seguida con expectativa por los militares argentinos, quienes emitían juicios acerca de los acontecimientos y valoraban las experiencias, como el general Allaria en referencia a la caballería: “las enseñanzas que sobre el empleo de esta arma da la actual guerra europea, no tienen en este país [Argentina] sino un valor relativo, porque en nuestro extenso territorio y dilatadas fronteras la guerra de posiciones no será lo normal” (p. 11). Tal afirmación ponía en evidencia que la guerra en curso comenzaba a incidir sobre el proceso de transformación, e incrementaría su influencia a partir de 1918 con la finalización de la contienda, introduciendo nuevos desafíos para el desenvolvimiento de la modernización, ya que fue preciso atender a las innovaciones que la guerra europea dictaba con un esfuerzo de adaptación al ambiente operacional probable de la Argentina, pero, lo que era más complejo todavía, sin haber concluido el proceso original de profesionalización iniciado en 1901. Es importante aclarar que la Primera Guerra Mundial introdujo alteraciones sustantivas desde lo tecnológico, pero aplicó los conceptos tácticos y estratégicos que venían siendo observados desde la guerra franco-prusiana de 1870, y sobre los cuales el Ejército Argentino sentó sus bases de cambio desde el principio, aunque en forma irregular e incompleta.

Los obstáculos de la profesionalización (1916 – 1922)

La totalidad de este período coincide con el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen y se caracterizó por un contexto internacional dominado por la Gran Guerra y la Revolución Bolchevique. Como ya vimos, ambos acontecimientos influyeron la escena nacional en forma decisiva. La guerra mundial -que ya estaba en curso y había hecho sentir sus efectos- produjo una crisis económica en todos los países cuyo comercio exterior estaba ligado a Europa. Así, la debacle financiera que se desató en el Viejo Continente durante 1913 hizo eclosión al comenzar la guerra, y proyectó sus consecuencias mediante un retroceso de las inversiones extranjeras en nuestro país, seguido de una baja en la producción, con su consecuente aumento de los niveles de desocupación y presión inflacionaria. Esto afectó integralmente a la Argentina, pero tuvo un impacto decisivo sobre los materiales de guerra -en su mayoría importados- aumentando su escasez ante la gran demanda de Europa, especialmente en materia de combustibles.

La Revolución Bolchevique exacerbó los reclamos sociales y generó condiciones para protestas violentas en el territorio nacional, que desestabilizaron a las instituciones por la acción de sectores ligados con el anarquismo. Tanto las huelgas ferroviarias de 1917 como los hechos de la Semana Trágica de 1919, y los episodios patagónicos de 1920 y 1921 fueron el resultado de la combinación de los factores arriba expresados, obligando al empleo del Ejército en la restitución del orden social en el marco interno, una función pertinente al instrumento militar, pero al mismo tiempo secundaria en el contexto de la profesionalización. Otro aspecto que signó a este período fue la utilización del poder militar en apoyo a las catorce intervenciones federales que dispuso el gobierno nacional; “el máximo que tuvo lugar durante un gobierno constitucional en la Argentina” (Fraga, 2002, p.340).

Ya en términos de gestión, el presidente Yrigoyen se destacó por nombrar ministros civiles tanto para la cartera de Guerra como de Marina, lo que puede ser interpretado como un mensaje de afianzamiento del poder civil sobre los mandos militares del momento. Durante el año 1916, antes de asumir Hipólito Yrigoyen, se había producido una reorganización significativa en el Ministerio de Guerra que profundizaba el arquetipo alemán adoptado quince años antes. Se procedió a desvincular al ministro de Guerra del mando directo del Ejército, cabiéndole antes funciones en la esfera de la alta política nacional. Estos cambios se completaban con una mayor descentralización del poder a favor de los comandantes de Regiones Militares y responsables de las Grandes Reparticiones. A su vez, se establecía un rol esencialmente técnico para el Estado Mayor del Ejército. Todavía durante ese año de 1916, se registraría un nuevo cambio de denominación en las Regiones Militares, pasando a identificarse como Divisiones de Ejército.

La política militar de Yrigoyen, en este lapso, estuvo marcada por una revisión de todo lo dispuesto por su antecesor, con las consecuencias que estas contingencias ocasionarían en la culminación de la marcha del proceso de profesionalización. Entre otras particularidades, podemos mencionar la limitación en los horarios de instrucción y academias para soldados y cuadros, las disposiciones de justicia militar que restringían la administración de sanciones por parte de los oficiales sobre los suboficiales, los procedimientos de contralores más estrictos que limitaban la capacidad de administración autónoma militar en las licitaciones públicas, la disminución de sueldos de los agregados militares, la quita de asistencia a los familiares de militares en nosocomios de la Fuerza, las rectificaciones al reglamento de servicio interno en cuanto a reclamos y recursos del personal, las concesiones para que los suboficiales vistieran uniformes correspondientes a oficiales, y la posibilidad de que los oficiales accedieran a su calificación -de carácter reservado- en casos excepcionales, como algunos de los matices de esta administración.

En el marco de la evolución orgánica, propiamente dicha, cabe señalar una reorganización del arma de Caballería que tuvo lugar el 30 de septiembre de 1917. Por decreto se crearon nuevas unidades y se reordenaron los existentes en brigadas. Un aspecto de particular relevancia fue la creación, en 1917, de un Regimiento de Gendarmería en reemplazo de las funciones que venía cumpliendo el regimiento de Caballería 9 en Formosa, para posteriormente en 1921 disponerse la activación de diez Cuerpos de Gendarmería a fin de prestar servicios en los Territorios Nacionales. Más allá de la coyuntura social que devino en los hechos anarquistas patagónicos de 1920 y 1921, y que fueron la causa de esta medida, queda claro que los cuerpos del Ejército abocados a esta misión policial debieron alterar su adiestramiento original para hacer frente a esta exigencia, demandando una atención diferente de parte de los altos mandos militares e impactando en la orgánica general de la Fuerza.

La disolución de la Escuela de Aviación Militar y la creación del Grupo Nº 1 de Aviación, el 23 de marzo de 1922, también implicaron un retroceso orgánico toda vez que las tareas inherentes a la formación de pilotos quedaron bajo la responsabilidad de una unidad operativa con escasa preparación a tal fin. No obstante, esta medida contrastaba con la importancia que la gestión radical le asignaba al medio aéreo, desvinculándolo de lo estrictamente militar y cimentando las bases de la aviación civil.

Los avatares económicos impuestos por el escenario internacional incidieron negativamente en la duración del tiempo de incorporación de las clases sujetas al servicio militar obligatorio. Así, se registraron reducciones del período bajo banderas, y reemplazo de maniobras finales de Ejército por ejercitaciones de menor envergadura desde 1917 hasta 1921, inclusive. La crisis financiera devenida de la guerra mundial impidió la adquisición de material de reemplazo y partes para el mantenimiento de las aeronaves, al tiempo que enfatizó la dependencia argentina de la importación de productos manufacturados y materias primas estratégicas de uso militar (petróleo, carbón, acero y pólvoras). Nuevamente se manifestó, a lo largo de todo el gobierno de Yrigoyen, la necesidad de alcanzar la autonomía logística como parte indivisible del modelo de transformación en ciernes. Tampoco habían sido suficientes las previsiones financieras para infraestructura contenidas en la ley 6492 del año 1909, tal como lo manifestara el titular del Poder Ejecutivo en su mensaje al Congreso con motivo de la apertura de las sesiones ordinarias del año 1920. Este asunto constituiría una asignatura pendiente de la modernización por un decenio más. La descentralización logística a través de la creación de Subintendencias Regionales formalizó un progreso que dotó de mayor flexibilidad y libertad de acción a las Divisiones de Ejército. Respecto de los proyectos de normas relativas a la Defensa, podemos decir que Yrigoyen percibió tempranamente la urgencia de rectificar las leyes 4707 y 9675, y así lo manifestó al Congreso hasta 1922. En el primer caso la causa era el número insuficiente de oficiales que establecía el escalafón vigente, el que no permitía acompañar un desenvolvimiento armónico del Ejército en su profesionalización; esta iniciativa del poder Ejecutivo no prosperó y tampoco tendría éxito en este sentido el presidente Alvear. En cuanto a la ley 9675 (cuadros y ascensos), se logró una reforma parcial a través de la ley 11.079, suspendiéndose el pase a retiro de aquellos oficiales que habían sido superados por el ascenso de otros más modernos; de esta manera podían permanecer en actividad e incrementar la planta orgánica dentro del cuadro correspondiente. El fenómeno ya mencionado de la conflagración mundial profundizó su impacto sobre el Ejército respecto del período anterior, llamando la atención del presidente -tal como lo expresara en forma reiterada frente al Congreso- ante la obligación de actualizar los sistemas de armas que la contienda traslucía.

Por último, es menester señalar como un hecho importante de la etapa en estudio, la reglamentación del artículo 51 de la ley 9675, que habilitaba la actuación de los Tribunales de Honor, una figura que tendría vigencia en el Ejército por los próximos noventa años. La combinación de las circunstancias internacionales con la actitud revisionista del presidente Yrigoyen en materia castrense, junto con la crisis económica y la inestabilidad social, produjeron un aletargamiento en el desarrollo de la profesionalización del Ejército.

La consolidación (1923 – 1930)

La situación general de este período queda definida a nivel mundial por los efectos sociales, políticos y militares propios del ciclo de postguerra y la crisis económica de 1929, agravada por circunstancias climáticas adversas en nuestro país. En líneas generales Alvear otorgó una clara preponderancia a la Defensa como política de Estado a lo largo de todo su gobierno, lo que se reflejó desde el principio a través de una actitud decidida en materia militar. Prueba de ello es la Orden General impartida el mismo día de su asunción presidencial (12 de octubre de 1922) donde se trasuntaba el rol que le confería al factor militar. Pero más importante aún sería la figura de su ministro de Guerra, el general Agustín Pedro Justo, verdadero protagonista de las iniciativas que permitieron estimular la postergada consolidación del proceso que nos ocupa. Fue el ministro Justo quien tomó una medida de orden conceptual respecto del Ejército -pero con profunda significación simbólica- al sustituir la denominación de Ejército Nacional por la de Ejército Argentino (Domínguez, 1930, p. 252).

Por su parte Yrigoyen en su breve segundo gobierno, mantendría la inercia de cristalización del profesionalismo militar, cabiéndole una destacada actuación a su ministro de Guerra, el general Luis Dellepiane. Volviendo a Alvear, diremos que su gestión permitió el encauzamiento de los esfuerzos militares que habían tenido un comportamiento errático a partir de 1916, y proporcionó la estabilidad necesaria para afianzar la idea de la defensa nacional como sistema. En 1924 al dirigirse a la Asamblea Legislativa sintetizaba su visión sobre el tema expresando:

Las naciones que descuidan sus elementos de defensa, ponen en juego su honor, su soberanía y su misma existencia […] si bien lo esperamos todo de la paz, nuestro amor a ella y los beneficios que nos pueda reportar, no han de ser óbice para que dediquemos a la defensa nacional lo que ella exija. Seguros de nuestra buena fe y de nuestros propósitos y tan respetuosos de los derechos ajenos como de los propios, hemos de limitar nuestras Fuerzas Armadas a lo que exija nuestra seguridad, que eso sí, hemos de basar en el futuro en lo que le sirviera de fundamento hasta el presente: nuestra capacidad propia para hacerla efectiva (Alvear, 1924).

No obstante, el período comprendido entre 1923 y 1930 presentó una ambivalencia -finalmente superada- donde el factor disolvente se corporizó en la negación legislativa hacia el tratamiento de los proyectos de ley relacionados con la Constitución del Ejército y Personal del Ejército, que estaban destinados a reemplazar las leyes 4707 y 9675, respectivamente. En el primer caso, obligó a introducir nuevas y profusas enmiendas que consiguieron sistematizar las obligaciones del servicio militar, más por la experiencia acumulada a lo largo del cuarto de siglo transcurrido desde la sanción de la ley 4031 que, por la acción legislativa, sujeta a los vaivenes de la política partidaria. De este modo, se introdujeron veintiséis modificaciones a la ley 4707 durante la gestión del general Justo. La gestión de Alvear también descollaría por la cantidad de iniciativas parlamentarias tendientes a articular un sistema de seguridad y defensa. Así, los proyectos de ley relacionados con la navegación aérea, la seguridad en los Territorios Nacionales, las comunicaciones radioeléctricas, el relevamiento cartográfico del país, la adecuación del código de justicia militar al código penal y la creación de la caja de jubilaciones y pensiones militares -entre otros- propendían a una visión estratégica y acabarían por cimentar la profesionalización militar. En términos de evolución orgánica se procedió a la creación de las Escuelas de Armas, como institutos de perfeccionamiento que complementaban la formación del personal de los cuadros. Por su parte el establecimiento permanente de la Dirección de Tropas y Servicios de Comunicaciones y de la Dirección de Remonta, fortaleció la convergencia entre la pura teoría y la práctica experimentada en la Gran Guerra. Muy importante fue el replanteo de la figura del Inspector General del Ejército, a quien se le restituyó su autoridad operacional plena para el contralor del adiestramiento de la Fuerza en tiempo de paz y la conducción militar en tiempo de guerra, minimizando el hasta entonces relevante cargo de Jefe del Estado Mayor y desvinculando al ministro de la gestión militar para dedicarse al entorno político, todo lo que había sido desestimado con anterioridad por Yrigoyen. Lo anterior se completó con la instauración del cargo de Inspector de Distritos Militares en cada División de Ejército e Inspector de Arma, quienes colaboraban estrechamente en todo lo relativo a las tareas de movilización. Otro hito significativo en el crecimiento organizacional fue la prioridad de desarrollo de las tropas de montaña y la formación de los Destacamentos de Montaña Norte (Jujuy) y Cuyo (Mendoza), en relación con la expansión operacional del Ejército sobre una frontera históricamente litigiosa. Como ya se viera, la decisión con que se continuó e impulsó la aeronáutica militar -y sus derivaciones de aplicación civil- encontró su punto culminante en la Fábrica Militar de Aviones en 1927. Entre el reconocimiento oficial de la importancia del medio aéreo con el establecimiento de la Escuela de Aviación Militar en 1912 y la impronta industrial para el montaje y manufactura de partes componentes en el país, medió la labor sostenida de individuos visionarios como Mosconi, quien transformó las organizaciones existentes en agosto de 1922 en un eficiente Servicio Aeronáutico (Mosconi, 1983, p. 30). Este hecho contribuiría sustancialmente a la conclusión del proceso de modernización.

Ante la insuficiencia de los edificios disponibles, fenómeno al que no habían dado solución final las disposiciones anteriores (leyes 4290 y 6492), se resolvió una fuerte inversión en construcciones militares que, si bien se prolongaba hasta un plazo de diez años, satisfizo las carencias remanentes del Ejército hacia 1930. También este aspecto favoreció la consolidación del proceso de burocratización iniciado en 1901.

La creciente preocupación de los mandos militares respecto de la autonomía logística se profundizó en este período. De este modo, se conjugaron dos de las principales cuestiones pendientes para el afianzamiento de la profesionalización: los cambios tecnológicos producidos por la guerra y la promoción de la industria nacional, ambos a instancia de las inquietudes militares del momento. Desde lo estrictamente militar se combinaron las acciones del ministro Justo con Mosconi. El primero bregó en forma insistente acerca de la importancia de potenciar la industria bélica nacional, en su más amplio sentido, mientras que el segundo encarnó la profesionalización en términos de autosuficiencia logística. Enrique Mosconi dejó el mando del Servicio Aeronáutico para pasar a desempeñarse como director general y presidente de la Comisión Administrativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, el 19 de octubre de 1922, esto es, apenas siete días después que se hiciera cargo del gobierno Marcelo T. de Alvear. Tanto Mosconi como posteriormente el general Alonso Baldrich encarnarían lo que Carl Solberg (1986) dio en llamar el nacionalismo petrolero, pero que no era más que la aspiración manifestada desde 1907 por el ministro Rafael Aguirre y persistentemente sostenida por la conducción del Ejército. Esto señala que fue la institución militar quien alentó una activa participación del Estado en la promoción industrial. Lo relevante es que, durante la década de 1920, pero especialmente durante la presidencia de Alvear, esta impronta de nacionalismo económico a partir del Ejército contó con el apoyo del Poder Ejecutivo y el consenso de los órganos de gobierno, transformando el punto de vista militar sobre la industria en una potente visión compartida de desarrollo futuro. De esta manera, el Ejército estimuló y sostuvo el protagonismo del Estado en términos industriales y una renuente postura frente a los trusts extranjeros. Sin embargo, el momento más trascendente vinculado con la definición del modelo de autosuficiencia no perteneció a la gestión de Alvear, sino que le cupo a Yrigoyen. En efecto, el 1º de agosto de 1929 la administración nacional, a través de YPF, pasó a controlar el mercado interno mediante la formación de precios, regulando la oferta y quitando la iniciativa de manos de las empresas extranjeras como la Anglo Mexican, la Royal Dutch y la Standard Oil. Este jalón en la Historia económica argentina aceleró la definición de YPF como una de las pocas empresas petroleras estatales verticalmente integradas en el mundo, y al mismo tiempo cristalizó la aspiración militar de la autonomía logística que apoyase el proceso burocrático iniciado a principios de siglo.

En toda esta etapa se destacan dos leyes vinculadas con la Defensa. La primera y más importante fue la ley 11.266 (Armamentos) de 1923, que suplió la carencia de armas y equipos que el Ejército presentaba desde principios de siglo, a la vez que financió el establecimiento de industrias relacionadas con el material bélico y actividades concernientes al relevamiento topográfico de la República Argentina. La otra ley destacada fue la 11.386 (Enrolamiento) que instrumentaba a partir de los Distritos Militares una actividad de estadística y censo poblacional con fines militares de movilización, pero cuyos resultados proporcionaban valiosa información a la administración pública en general.

La efímera gestión de Yrigoyen se caracterizó por mantener los incentivos en torno a la Defensa y, en particular, las derivaciones y continuación de la ley 11.266.

De este modo, la profesionalización emprendida en 1901 alcanzó plena estabilidad y maduración alrededor de 1930, y esto fue posible por la perspectiva estratégica de los mandos militares del momento, pero también, por la decisión del poder político. Esto se trasuntó en una concepción de la Defensa como política de Estado, aunando la gestión administrativa con la instrumentación operativa, para obtener una institución armada en condiciones de cumplir con su rol en forma eficiente.

El presupuesto

En todo proceso de cambio estratégico el aspecto presupuestario y financiero ocupa un lugar importante, y la profesionalización militar no escapó a esta regla. Sin embargo, una de las variables menos estudiada hasta el presente es la correspondiente a Hacienda, induciendo a conclusiones erróneas a partir de investigaciones incompletas. En principio es menester discurrir sobre la estructura del presupuesto del Ministerio de Guerra. La masa de las erogaciones era para el funcionamiento normal de la institución, discriminadas por organismo y repartición, donde se destacaban los rubros de haberes, la alimentación del personal y semovientes, y el mantenimiento en general, todo lo cual se denominaba balance o simplemente presupuesto de guerra. Otro ítem importante era el de construcciones militares, completado con los rubros de leyes y acuerdos especiales (referidos a aquellos gastos no previstos con anticipación y cuya autorización requería de una norma o bien de un acuerdo especial de ministros) y, por último, el correspondiente a retiros y pensiones que en realidad se incluía en las rendiciones del ministerio de Guerra, pero formaba parte del presupuesto general del Estado dentro del Anexo J. Cabe señalar que los fondos destinados al equipamiento a lo largo de todo el período investigado provinieron de leyes secretas dictadas a tal efecto y no formaban parte del presupuesto ordinario. Una primera observación de la evolución correspondiente a Hacienda permite aseverar que las finanzas destinadas al Ejército en el rubro presupuesto de guerra fueron incrementándose en forma progresiva desde 1901 hasta 1920, para crecer exponencialmente desde esa fecha hasta 1930, lo que da como resultado que los últimos nueve años representaron el 59 % del total del presupuesto erogado a través de todo el período en estudio.

En cuanto a las compras de equipos, fueron tres las leyes que permitieron la adquisición de armas y sistemas; dos de ellas (4035 y 6283) regularon las compras tanto para el Ejército como para la Marina, mientras que la ley 11.266 lo hizo en forma independiente para el Ministerio de Guerra. Este factor guarda especial importancia ya que, si bien las leyes 4035 y 6283 establecían montos diferenciados para cada Fuerza, es evidente que la prioridad -en ambos casos- era para la adquisición de buques. La ley 4035 fue producto de la tensión latente que desde 1898 la Argentina vivía con la República de Chile. El proyecto de ley aludía a la necesidad de robustecer el poder disponible del Ejército y la Armada, sin mencionar el monto total del gasto autorizado ni parcializarlo en función de cada Fuerza, lo que en la práctica se tradujo en una inversión de $ 32.247.616,79 m/n en el período 1901 – 1907, con un pico de $ 30.363.806,08 m/n en 1902, que marca la urgencia del gasto, pero no permite determinar la calidad de este. De las fuentes investigadas surge con certeza que, del monto adjudicado en 1902, pueden atribuirse a la compra de armamento $ 24.042.900,36 m/n, que fue la suma asignada a la Legación Argentina en Londres, a través de la que se liquidaban los gastos de compra de armamentos en Europa, pero que también incluía los viáticos del personal destacado a tal efecto y todos los gastos indirectos en torno a las contrataciones. Vale decir que el remanente de $ 6.320.905,72 m/n no se destinó a la compra de armas ni equipos, sino que fue dispensado para atender el mantenimiento de distintas reparticiones del Ejército. En síntesis, la ley 4035 no formó parte de la profesionalización del Ejército como un hecho deliberado producto de una planificación previa, sino que fue la consecuencia de una crisis regional, y sus efectos fueron circunstanciales, siendo mayores los montos asignados a la Marina.

La ley secreta 6283 fue la segunda norma, en orden cronológico, que dispuso la compra de armamentos a partir de su sanción el 16 de diciembre de 1908. Una vez más, la decisión de fortalecer a la Marina queda manifestada en el texto mismo de la norma cuando en el Artículo 1º menciona al Ejército en segunda prioridad, en forma difusa y con carácter accesorio, para finalmente remarcar en el Artículo 4º que se autorizaban las obras pertinentes en el puerto militar para atender la entrada de los nuevos acorazados. A diferencia de la ley 4035, en este caso se precisaba en el artículo 3º los montos máximos autorizados para cada Fuerza los cuales no podían exceder de treinta y dos millones de pesos oro sellado para las adquisiciones navales y de veintidós millones doscientos cuarenta mil pesos oro sellado para armamentos y material de guerra. Si bien se le otorgaba preeminencia a la Marina con un mayor presupuesto para la adquisición de buques, la diferencia de $ 10.000.000 oro respecto del Ejército no nos parece tan relevante si se tiene en cuenta la magnitud de la compra o, dicho de otro modo, el monto asignado al Ejército le permitía efectuar una modernización trascendente de su material, teniendo en cuenta que $ 50.484.800 m/n (esto es, el equivalente a $ 22.240.000 oro) constituía una suma nada desdeñable para la época. Sin embargo, ese no fue el valor finalmente invertido. En efecto, sólo se erogó en concepto de la ley 6283 la suma de $ 28.391.486,65 m/n, a lo largo del lapso comprendido entre 1908 y 1916, correspondiendo al año 1911 la mayor valía con $ 11.749.327,21. Pero de una observación meticulosa sobre la composición del gasto, se infiere que gran parte de los recursos disponibles por la ley fueron destinados a optimizar el funcionamiento del Ejército y el estado de mantenimiento del material y equipo ya existentes, a la vez que liquidar los gastos conexos vinculados con el personal y las comisiones.

La última disposición legal por la cual se adquirieron armamentos y materiales bélicos dentro del período analizado fue la ley secreta 11.266 sancionada el 25 de octubre de 1923. A diferencia de lo que había sucedido con las dos leyes anteriores, en esta oportunidad se aprobaron normas separadas para el Ejército y la Armada, correspondiendo a esta última la ley 11.378 del año 1926. Sin dudas la ley 11.266 vino a resolver no sólo la adecuación que los adelantos tecnológicos habían planteado en la guerra mundial, sino que permitió concretar -en términos de armamento y equipos- la profesionalización militar largamente postergada, toda vez que dotó a la Fuerza de los materiales para cumplir su función operativa y así dar respuesta a la razón de ser del Ejército.

A modo de síntesis del caso argentino, podemos decir que si bien la transformación del Ejército reconoce como punto de partida la ley 4031 (1901), ésta no agotó ni culminó el desarrollo del proceso, dando lugar a la ley 4707 (1905) y a la ley 9675 (1915), las que de hecho constituyeron una prolongación de la primera, toda vez que complementaron aspectos faltantes para desenvolver una evolución armónica. Así, mientras las dos primeras normas pusieron énfasis en el servicio militar obligatorio, la última se ocupó de sistematizar la carrera del oficial -y en menor medida del suboficial o clase- como condición ineludible para cristalizar la mentada profesionalización.

La situación chilena

El escenario trasandino, desde el punto de vista militar, estuvo impregnado por la doctrina y los modelos alemanes, aún en mayor medida que el caso argentino. Esto, contextualizó la realidad política y social circundante a lo castrense y, al mismo tiempo, se equiparó con el entorno argentino al punto de establecerse una notable analogía entre ambos instrumentos militares.

La coincidencia de gobiernos en Argentina y Chile durante los años veinte, donde no faltaban tendencias conservadoras y elitistas, generó antagonismos en torno del control y soberanía de los espacios patagónicos y la línea de fronteras (Fermandois, 2009, p. 33), sentando las bases de un conflicto permanente, aunque controlado para no escalar a la crisis, donde acabó prevaleciendo la razón arbitral a la que se refiere Fermandois (2005). Para resolver tal situación ambos países acudieron a la misma fórmula: reforzar la presencia del Estado en los vacíos demográficos con el ejército en actitud de dirimir el conflicto en forma violenta. Dicha semejanza lejos de generar consensos operó como un factor de rivalidad y competencia, toda vez que el paradigma germano orientó el pensamiento militar y las subsecuentes acciones y estigmatizó al otro como el enemigo. No obstante, el caso chileno fue más allá en su adhesión al prototipo alemán y, abiertamente, se dirigió hacia lo que Frederick Nunn (1970) denominó la prusianización, y Brahm García (2003) reseñó en forma admirable. Con la finalización de la Guerra del Pacífico en 1883, el Ejército de Chile se propuso una reorganización que le permitiese superar las limitaciones operativas que surgieron del conflicto, fundamentalmente en equipamiento, organización, doctrina y aspectos logísticos.

En el marco de las necesidades emergentes de la Guerra del Guano, el 15 de mayo de 1906, el presidente de la República Germán Riesco Errázuriz (1901-1906) al expirar su período presidencial, aprobó la distribución de Regimientos y Escuelas del Ejército en el territorio nacional y otorgó las atribuciones a los Comandantes de Divisiones para atender el orden público debiendo informar de los sucesos al Ministerio de Guerra. Asimismo, en este documento se dejó constancia que los futuros cambios de la distribución de las tropas deberían ser por Decreto Supremo, y la ubicación de las Guarniciones de acuerdo con las necesidades de movilización del Ejército y el orden interno del país.

Las siete Jefaturas de Departamentos que representaban cada una de las áreas que comprenden el servicio del Ejército y los oficiales y empleados puestos a disposición para ejercer este trabajo, constituyeron el Ministerio de Guerra. Los Comandantes en Jefe de las Divisiones (cuatro) ejercieron el mando y dirigieron la instrucción con completa independencia, siendo responsables ante el gobierno. El Inspector General del Ejército, fue el representante del presidente de la República en la supervisión operacional de las unidades. El Estado Mayor General del Ejército, era el organismo encargado de preparar en la paz las informaciones y antecedentes que se necesitaban en caso de una campaña y, por último, la Dirección de Material de Guerra representaba el organismo técnico que trabajaba a las órdenes del gobierno. El resultado de tal distribución estratégica fue que, mientras el 85% del efectivo operacional se encontraba desplegado sobre la frontera oeste y sur (Argentina), apenas el 15 % restante lo estaba sobre el sector norte, en inmediaciones del territorio obtenido al fin de la Guerra del Pacífico.

Las características geográficas del país determinaron la creación de las primeras unidades andinas del Ejército, las cuales constaban en la organización de 1924 como Destacamentos de Montaña compuestos por un Batallón Andino con apoyo de artillería de montaña.

La situación que afectó al país en la década de 1920 tuvo sus repercusiones en el Ejército (Ejército de Chile, 1985). Por sendos Decretos Supremos, el gobierno de Arturo Alessandri eliminó una División e inactivó algunas Brigadas. Entre otras consecuencias, se produjo la transformación de las brigadas de infantería en grandes unidades combinadas mediante la articulación de elementos de artillería y zapadores, y se orientó a los destacamentos de montaña en forma prioritaria sobre la frontera argentina. Asimismo, se mantuvo la preponderancia del poder de combate desplegado en forma permanente sobre los sectores oeste y sur, en detrimento del límite norte. Esta proporción, en términos de brigadas, era del 15% en la frontera peruano-boliviana y 85% en el resto del territorio. Durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931) se suscribió en Lima, el 3 de junio de 1929, el tratado y protocolo complementario que permitió superar la antigua controversia entre Chile y el Perú. Este documento adjudicó la provincia de Tacna al Perú y Arica a Chile. El Ejército mantenía hasta 1929 unidades militares en los territorios conquistados en la guerra del Pacífico las que fueron desplazadas al territorio nacional y modificaron las zonas jurisdiccionales de las Divisiones y guarniciones militares ya existentes. Como dijimos, la presencia germana a nivel militar era muy importante -mucho más que en la Argentina- por el simple hecho de haber sido un oficial prusiano el máximo responsable de la reorganización y conducción del ejército de Chile, hacia 1910. Así, la injerencia del modelo germano a través del concepto de nación en armas sería mayúscula dentro de la realidad chilena (Brahm García, 2003, p. 38), en comparación con el escenario argentino. Para los militares chilenos de la época, el marco teórico que referenciaba su pensamiento, y consecuente acción, era el darwinismo social conjugado con una permanente sensación de constituir el objeto de una maniobra ofensiva convergente de parte de sus vecinos. Esto configuró un nacionalismo extremo que hizo de la amenaza externa el fundamento que justificaba la dimensión del poder militar en resguardo de un espacio vital, teoría por cierto muy germana.

Entre 1920 y 1930 la economía chilena se vio fortalecida por la disponibilidad del cobre, que a su vez constituyó la esencia de la incipiente industria bélica y permitió el inicio de la metalurgia a escala. Al igual que en Argentina, ya en 1928 la aviación había logrado un desarrollo armónico desde el punto de vista de su empleo dual. Tanto la cantidad de aeródromos y hangares como la existencia de un servicio aeropostal que unía Santiago con Arica, permitían el uso del vector aéreo para el desarrollo del transporte y las comunicaciones en tiempo de paz, a la vez que ofrecía bases de apoyo para la utilización de los medios en caso de conflicto armado.

La situación brasilera

El espejo eurocéntrico en el que Brasil y Argentina reflejaron su estatura político-estratégica influyó para que ambos países tendieran a identificarse con el Viejo Mundo, antes que con Sudamérica. Como lo sintetizara José de Paula Rodrigues Alves, diplomático brasilero en Buenos Aires, en telegrama al ministro de Relaciones Exteriores Lauro Müller, el 26 de octubre de 1914: “Nadie piensa en la guerra en nuestro continente, pero la República Argentina, cuyas intenciones pacifistas no pongo en duda, ya está preparada en el plano militar, sigue progresando y se vuelve cada día más fuerte” (Compagnon, 2014, p. 37).

La influencia militar alemana en los ejércitos del ABC se hizo sentir en forma contundente hasta el inicio de la Gran Guerra. En el caso de Brasil tanto el mariscal Hermes de Fonseca desde el ministerio de Guerra como el barón de Rio Branco en su cargo de ministro de Relaciones Exteriores, estimularon la presencia de oficiales brasileños en Alemania a partir de 1906. Estos oficiales imbuidos de la doctrina germana difundieron dichos preceptos y se aglutinaron en torno a un grupo denominado los jóvenes turcos y expresaron sus ideas a través de la revista A Defesa Nacional (Devoto y Fausto, 2008, p. 189). Durante la guerra Brasil y Argentina adoptaron posturas diferentes. Mientras que el primero entró en el conflicto a instancias de los Estados Unidos en 1917, la República Argentina se mantuvo neutral, lo que a los ojos de la región y el propio país se traducía como una preferencia en favor del Imperio Alemán. Con el fin de la guerra, la posición aliadófila de Brasil morigeró la influencia alemana al tiempo que se contrató una misión militar francesa para capitalizar las experiencias del conflicto. El general Maurice Gamelin acentuó el concepto de profesionalismo y profundizó el paradigma de nación en armas ya existente en Brasil, pero ahora de la mano de Francia como potencia vencedora (McCann, 2007, p. 261). Para cumplir su cometido la misión militar francesa puso énfasis en dos institutos para la educación militar de los oficiales, señeros hasta la actualidad en el Ejército Brasilero: la Escuela de Comando y Estado Mayor (ECEME) y la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales (EsAO). Si bien en el caso de la ECEME ella ya existía desde 1905, fue la presencia de Gamelin y su equipo la que impulsó cambios drásticos en los métodos de enseñanza y los contenidos tácticos de la Gran Guerra. En cuanto a la EsAO, fue creada por los franceses en 1919 en vistas a formar los capitanes como jefes de subunidad. La impronta gala se diseminó por el Ejército a partir del efecto multiplicador de los oficiales que cursaban sus estudios en estos establecimientos, contraponiéndose en lo táctico, pero no a nivel estratégico con los preceptos alemanes.

Los antecedentes históricos de rivalidad regional orientaron la labor francesa a la hora de pergeñar el posicionamiento geopolítico de Brasil en el subcontinente, partiendo del concepto que “el planeamiento estratégico brasilero se basaba en la premisa de una guerra con Argentina” (McCann, 2007, p. 327). Durante 1926 los galos pusieron énfasis en los viajes finales de instrucción de la ECEME a las zonas de frontera, e hicieron que los futuros oficiales de estado mayor estudiasen la situación militar de Brasil en relación con “ciertos países vecinos para analizar las hipótesis de ofensivas y la mejor respuesta de defensa propia” (McCann, 2007, p. 322). La misión francesa se mantuvo en Brasil hasta 1939, más simbólicamente que en condiciones efectivas, cuando el comienzo de la Segunda Guerra Mundial brindó la oportunidad del regreso a Europa.

Conclusiones

El paradigma militar eurocéntrico, materializado en el concepto alemán de nación en armas, modeló las estructuras de los ejércitos del ABC, a instancias de procesos similares de reforma y profesionalización, en las primeras décadas del siglo XX.

Si bien las transformaciones se desarrollaron a ritmos diferentes, es posible identificar patrones homogéneos relacionados con la idea del vecino como enemigo natural y las fronteras como zonas de litigio antes que de cooperación. Así, los instrumentos militares terrestres de Argentina, Brasil y Chile se reorganizaron y evolucionaron en el marco de la hipótesis de conflicto que sostenía no sólo la defensa del propio territorio, sino también la expansión de los límites, en la idea que el mayor tamaño del país, el número creciente de población y efectivos militares y la presencia efectiva del ejército a lo largo y ancho del país, manifestaban una soberanía fuerte y un Estado saludable. La adopción del mismo modelo de fuerzas definió una conducta ofensiva e inhibió las posibilidades de confluencia en el escenario de las relaciones regionales. El extrañamiento que implicaba la visualización del otro como el adversario impulsó a los ejércitos a profesionalizarse en base a una guerra determinada y con un enemigo bien definido. Esto orientó las acciones, durante la paz, de preparación del potencial económico con fines militares, y dio lugar al inicio de un desarrollo industrial que, con suerte diversa, acompañó el crecimiento de los países involucrados.

La Primera Guerra Mundial concentró la atención de las transformaciones militares regionales más en lo tecnológico que en los conceptos tácticos o estratégicos, influyendo sobre los ejércitos, pero sin llegar a constituir la causa singular de los cambios, ya que las modificaciones habían comenzado en torno de 1900.

Finalmente, el Ejército Argentino experimentó una profesionalización errática por la falta de continuidad e interés en gran parte del accionar previsto. Los procesos particulares (normativos, logísticos, presupuestarios y doctrinarios) no se desenvolvieron de manera uniforme ni coordinada, quedando su evolución ligada a la coyuntura política del país, antes que a un plan deliberado en tal sentido. Esto ocasionó que los efectos del progreso del Ejército quedasen muy distantes de las causas que le habían dado origen y alcanzasen su culminación -fragmentaria y desarticulada- hacia 1930.

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