El último cuarto del siglo XIX constituye un período histórico de intensas transformaciones que afectaron diversos aspectos de la sociedad argentina. El vertiginoso crecimiento económico, la expansión territorial, la incorporación de cientos de miles de inmigrantes, el desarrollo de la red de transporte y comunicaciones, y el avance de la urbanización son las características más destacadas junto con el establecimiento definitivo de la sede del gobierno federal. Como es bien sabido, este último hecho sólo fue posible después de un enfrentamiento armado entre el Ejército Nacional y las milicias de Buenos Aires que ratificó la supremacía del gobierno federal por sobre las reivindicaciones de autonomía provincial. Ese suceso y las transformaciones mencionadas motivaron variadas indagaciones por parte de los historiadores para ofrecer claves explicativas acerca de su sentido y alcance. El material es abundante y los enfoques, ricos y diversos.

En las páginas que siguen me interesa entablar un diálogo con algunos textos que, desde diferentes perspectivas, proponen lecturas sobre las ca­racterísticas y el funcionamiento de la vida política en la etapa mencionada. Especialmente voy a referirme a dos aspectos que han sido objeto de estudio y que han derivado en conceptualizaciones medulares. En primer lugar, los abordajes sobre el elenco gobernante. En segundo lugar, los análisis acerca de la participación política en sus diferentes instancias y modalidades. Como po­drá advertirse a lo largo del texto, el diálogo incluye libros y artículos referidos a la esfera nacional de la política y otros que se ocupan específicamente de los escenarios políticos provinciales, en particular de la provincia de Tucumán. Aunque mis propias investigaciones aluden al escenario tucumano, pretendo ofrecer algunas hipótesis que no se limiten al estudio de caso provincial, sino que funcionen como herramientas para confrontar interpretaciones más gene­rales sobre las dirigencias y la participación política ^[2].

Natalio Botana ha formulado definiciones para ambos temas en su clásica obra El Orden Conservador y, si bien en las sucesivas reediciones ha introdu­cido matices y nuevos interrogantes, el marco interpretativo que sustenta su lectura sobre la política argentina entre la federalización de Buenos Aires y la reforma electoral de 1912 no ha sufrido alteraciones sustantivas ^[3]. Sin duda, esas definiciones han resultado un poderoso estímulo para variadas investi­gaciones que contribuyeron a enriquecer el conocimiento del periodo, pero, por otro lado, se han convertido en estereotipos que obturan el análisis de la vida política de esos años. Por ejemplo, las nociones de “gobierno elector” y “representación invertida” empleadas en el estudio de los escenarios políticos provinciales, ámbitos claves de la lucha electoral, han desalentado los inte­rrogantes sobre los mecanismos de producción del sufragio y han dejado de lado las eventuales disputas electorales para subrayar la eficacia del control gubernamental ^[4]. Algo semejante ha sucedido con los conceptos de “oligarquía” y “régimen oligárquico”. Según lo señalado por Botana, oligarquía designa al grupo reducido de actores “que se apropia de los resortes fundamentales del poder” y que, a su vez, “está localizado en una posición privilegiada en la escala de la estratificación social”. Sobre la base de esos elementos se articula “la dimensión política del fenómeno oligárquico” que, en el caso argentino, implicó también la exclusión de los grupos opositores y el establecimiento de un sistema de hegemonía gubernamental ^[5]. Aunque en ese mismo texto el autor sugiere ciertos matices, el término oligarquía parece cristalizarse en las imágenes ofrecidas por los escenarios provinciales que contrastan, sobre todo, con la vitalidad del espacio político porteño ^[6]. Importar tabla

Durante los últimos años se han desarrollado investigaciones para algu­nas provincias que muestran un panorama diverso de las jornadas electorales y examinan las diferentes instancias relacionadas (prensa, clubes, mítines, etc.) ^[7]. Allí se destacan las alternativas que se planteaban en torno a los comi­cios -que en no pocas ocasiones fueron jornadas de intensa competencia- y la relevancia de un universo variado de actores. Sin duda, esas conclusiones justifican y estimulan una revisión del uso que habitualmente se le confiere a la noción de gobierno elector como característica inmutable de todo el período y apropiada para todos los escenarios provinciales. Sin embargo, la mayoría de esas exploraciones tienen como límite cronológico el año 1880. La década inaugurada por el triunfo del proyecto de centralización encarnado en la figura de Roca no ha merecido demasiadas indagaciones sobre el tema, y la imagen de gobernadores que controlaban todos los engranajes del mecanismo de sucesión subsiste sin impugnaciones. Así, los estudios sobre la política en las provincias todavía muestran un panorama incompleto que sólo ofrece indicios, si bien sugestivos, para contrastar con la expresión alberdiana de los gobiernos electores.

La afirmación de un sistema de control de los comicios y de escasa alternancia en los cargos electivos fue clave para la conformación y el fun­cionamiento del régimen oligárquico postulado por Botana. El Partido Au­tonomista Nacional (PAN) dirigió ese régimen, de sus filas procedieron los sujetos que integraron casi excluyentemente el elenco gobernante y que, en la mayor parte de las provincias, habría coincidido con las familias más ricas y prominentes. Este último rasgo ha sido destacado en estudios recientes sobre las provincias del norte y, aunque con enfoques dispares y matices diferentes, las conclusiones apuntan a reafirmar la identificación entre el poder político, la concentración de la riqueza y la preeminencia social ^[8]. Desde esa perspectiva, la dinámica propia de la esfera política aparece subordinada a la articulación de redes de parentesco y de patronazgo devenidas del ámbito privado de las familias y de los negocios.

Las reflexiones aquí presentadas se enmarcan en el período que transcu­rre entre 1867 y 1893, es decir que no se ajusta a la cronología clásica. Esta decisión responde a las alternativas específicas de la política provincial, pero se espera, además, que contribuya a replantear el corte del ochenta que durante los últimos años ha comenzado a ser discutido ^[9]. El 30 de junio de 1867 y el 7 de septiembre de 1893 se produjeron levantamientos armados que lograron la destitución de las autoridades provinciales y propiciaron un recambio del elenco gobernante. En los dos momentos el recurso de la violencia se justificó con base en la usurpación de los derechos del pueblo por parte de un régimen despótico y en ambos el gobierno nacional legitimó el derrocamiento de las autoridades constituidas (en 1867 el Ejecutivo se abstuvo de intervenir y en 1893, primero mediante la ocupación militar y, luego, a través de una inter­vención federal aprobada por el Congreso, sancionó la destitución del gober­nador). Entre esos episodios se recortan dos etapas diferentes, en extensión y características. Por una parte, entre 1867 y 1887 se reconoce un período de estabilidad institucional, caracterizado por el funcionamiento regular de los procedimientos de renovación de las autoridades y sólo algunos episodios menores de violencia. Por otra parte, los años transcurridos entre 1887 y fi­nales de 1893 exhiben una intensificación de la conflictividad asociada a la reivindicación de la violencia como mecanismo legítimo de acción política.

En las páginas que siguen presento un breve resumen de los avatares que atravesó el elenco dirigente provincial, con sus sucesivas recomposiciones, y un examen sobre los diferentes modos y espacios de intervención pública, precisando algunos de sus actores fundamentales y sus mecanismos de par­ticipación. Con ello pretendo poner en discusión la noción de oligarquía en tanto caracterización de la clase gobernante y también como categoría analítica sobre la fisonomía y el funcionamiento del régimen político.

El elenco gobernante tucumano entre 1867 y 1893: consensos ELECTORALES Y RUPTURAS REVOLUCIONARIAS

Durante la década de 1990 se multiplicaron los estudios sobre los sectores dominantes que privilegiaron el uso de categorías de análisis que se pretendían superadoras del reduccionismo -y la carga peyorativa- asociado al vocablo oligarquía ^[10]. Paradójicamente, en varios casos referidos a la política tucumana las conclusiones planteadas por esos estudios no son demasiado diferentes. Así ha resultado, por ejemplo, con el uso del término élites ^[11].

En un artículo que plantea líneas de investigación y formulaciones muy sugerentes para el análisis de la política provincial, María Celia Bravo y Daniel Campi postularon el empleo del concepto élite porque “permite incluir de un modo amplio al conjunto de individuos, familias, sectores propietarios, etc. en los que confluyen prestigio social, riqueza y poder” y que en el caso tucumano de la segunda mitad del siglo XIX alude “a un grupo de familias que contro­laron de un modo más o menos exclusivo la gobernación, la legislatura y el aparato administrativo provincial” ^[12]. A partir de esa herramienta conceptual esperaban refutar aquellas caracterizaciones sobre la dirigencia tucumana que establecían una identificación directa entre los sectores más concentrados de la agroindustria azucarera y el elenco gobernante, y que describían un esce­nario de control coercitivo sobre las clases populares. En sintonía con varias de las propuestas de ese texto se desarrollaron investigaciones que alumbraron diferentes aspectos de la composición de la dirigencia, especialmente sus estrategias matrimoniales y su íntima vinculación con el negocio azucarero que, a partir de finales de la década de 1870, mostró una vertiginosa expansión. También se reparó en la importancia de la relación entre nación y provincia para el crecimiento de la economía provincial y en el papel destacado de al­gunos sujetos que funcionaron como intermediarios entre ambas esferas de gobierno ^[13]. Sin embargo, esas exploraciones restituyeron un perfil bastante estilizado de los llamados gobiernos de familia, en tanto subrayaron los lazos de parentesco y las sociedades empresariales, pero desdibujaron el peso del componente político, que quedó subordinado a las otras variables. De aquí se derivan al menos dos obstáculos para discernir la conformación de los elencos dirigentes y su dinámica. Por una parte, se soslayan los interrogantes referidos al capital político, dado que este aparece como una traducción casi automática de la preeminencia social y de la fortuna material. Por otra parte, se elude o minimiza la tematización de la conflictividad política porque se magnifican las solidaridades devenidas de los negocios y matrimonios y se excluyen las tensiones propias del ámbito político ^[14]. Quisiera contrastar las lecturas elabo­radas desde tales enfoques con un breve repaso de las alternativas políticas del escenario tucumano entre finales de la década de 1860 y el ciclo de revo­luciones radicales de 1893.

El 30 de junio de 1867 se produjo un levantamiento armado que forzó la renuncia del gobernador y significó la derrota del llamado “clan Posse”, que desde 1862 habían establecido un gobierno sustentado en su amplia red de parentesco y alineado con el liberalismo triunfante en Pavón. La destitución del gobernador Wenceslao Posse conllevó la marginación de los integrantes del grupo que, sólo de manera paulatina y sin la capacidad de liderazgo ostentada en los años previos, lograron posteriormente reincorporarse a los espacios de poder provincial. Por otra parte, luego de un interregno durante el cual la provincia estuvo gobernada por el jefe militar de la rebelión y bajo la influen­cia taboadista, se perfiló una nueva etapa caracterizada por la incorporación paulatina de sujetos pertenecientes a familias de tradición federal por la vía de los comicios ^[15]. Durante la década de 1870 esa incorporación se efectuó princi­palmente en la Legislatura provincial, aunque algunos también ocuparon car­gos en el Ministerio de Gobierno provincial y en el Congreso Nacional como diputados o senadores. Las elecciones competitivas eran una excepcionalidad y, en líneas generales, las actas electorales muestran el triunfo canónico de los candidatos previamente acordados. A fines de 1877, la política de concilia­ción de los partidos impulsada por el presidente Avellaneda también implicó acuerdos electorales a partir de “listas mixtas” que le asignaban la mitad de los cargos al mitrismo, excluido de los espacios de gobierno provincial desde 1873 ^[16]. Aunque los comicios convalidaron tales acuerdos, al poco tiempo una serie de desavenencias entre la Legislatura y el gobernador pusieron a la pro­vincia en la antesala de una intervención federal. El conflicto fue finalmente zanjado por la mediación del Ejecutivo Nacional.

Ya bajo la presidencia de Roca, los mitristas volvieron a quedar rezagados de los cargos públicos, mientras se consolidaba y se ampliaba la participa­ción de los federales. La sucesión presidencial expuso las divisiones locales y configuró un escenario en donde las identidades políticas desempeñaron un papel fundamental. El levantamiento armado de 1887 y la intervención federal posterior apuntaron a esta característica del elenco gobernante: no sólo se trataba de un gobierno que había falseado el voto popular y violentado el sistema representativo, argumentos clásicos de la retórica revolucionaria, sino que además constituía el regreso del partido derrotado en Caseros ^[17]. El derrocamiento de las autoridades y los comicios subsiguientes permitieron una nueva conformación del elenco dirigente tucumano, no sólo en términos de adscripciones partidarias, sino también generacionales. Así, más de la mitad de los sujetos que accedieron a un cargo legislativo -provincial o nacional- entre 1887 y 1888 carecían de experiencia política previa. Por otra parte, el sector desplazado conformó luego el núcleo de la Unión Cívica en Tucumán y, a finales de 1890, logró la renuncia del mandatario provincial y una nueva reconfiguración del cuadro gobernante. Los años posteriores, al menos hasta el ciclo de revoluciones radicales de 1893, estuvieron atravesados por impor­tantes conflictos y turbulencias que impidieron la consolidación de un elenco estable de dirigentes.

Este apretado resumen permite apreciar los vaivenes de la dirigencia polí­tica y poner en duda la imagen de una clase gobernante compacta y excluyente que plantea la noción de oligarquía. Si bien confirma la limitada importancia de los comicios como instancia de selección de los representantes, esboza un nivel de alternancia significativo en los cargos públicos, no sólo a partir de acciones violentas, sino también a través de acuerdos electorales. Asimismo, expone las tensiones y conflictos que suelen quedar solapados en aquellos estudios que enfatizan las relaciones de parentesco y la preeminencia de los empresarios azucareros en la conformación del gobierno provincial.

Recientemente, en una revisión de la producción historiográfica sobre el “orden político oligárquico”, Eduardo Míguez argumentó sobre la vigencia del concepto. Si bien admite los cuestionamientos a las lecturas que señalan el dominio político exclusivo de una oligarquía caracterizada por la preemi­nencia social y económica, sostiene que el término resulta válido en tanto “era muy difícil sino imposible” que los “líderes intermedios” accedieran a los cargos más encumbrados, como gobernador, ministro o legislador nacional, ya que tanto el prestigio como el poder “estaban reservados, con muy pocas excepciones, a un círculo social restringido” ^[18]. Aunque estas afirmaciones encuentran soporte en la evidencia empírica, no resulta tan evidente por qué la caracterización de “oligárquico” es apropiada para diferenciar esta etapa de la política argentina del período previo, ya sea que consideremos como punto de comparación los elencos gobernantes de la Confederación rosista o los años post Caseros. Por otro lado, pienso que las constataciones realizadas sobre las dirigencias requieren complementarse con otras exploraciones que permitan un abordaje más complejo del problema de la construcción y funcionamiento del poder político. Sin duda, el repaso de las trayectorias políticas y el detalle de los cargos públicos desempeñados constituyen una primera aproximación al universo de los elencos gobernantes. A su vez, la verificación de vínculos entre dirigentes políticos y élite socioeconómica ofrece información valiosa. Pero es fundamental plantear otros interrogantes que nos permitan dar cuen­ta de la variedad de mecanismos y elementos que explican por qué ciertos sujetos -y no otros- lograron construir liderazgos y alcanzar posiciones en­cumbradas en el escenario político del último cuarto del siglo XIX. Creo que las respuestas a tales interrogantes ofrecerán una pluralidad de situaciones lo suficientemente significativa para cuestionar -o al menos matizar- el uso de la categoría oligarquía.

El tema ha merecido algunas indagaciones entre las que se destacan las referidas a las provincias de Jujuy y de Mendoza ^[19]. En ambos casos, las investigaciones dan cuenta de las complejas articulaciones entre quienes controlaban la propiedad territorial y la economía provincial, las familias más prominentes, y los sujetos que lograban una carrera política ascendente y sostenida en el tiempo. En esos estudios no se niega la significación de las relaciones de parentesco, ni de la base patrimonial de los sujetos, pero se presta particular atención a la experiencia política mediante la cual cada individuo definió nuevos lazos y solidaridades y desarrolló una pericia específica del quehacer político ^[20]. Desde esa perspectiva adquieren relevancia otros ámbitos de sociabilidad - clubes políticos, instituciones educativas, el Ejército y las milicias - y se dibuja un universo que incluye actores diversos. Asimismo, cobra importancia el análisis de los conflictos políticos y se restituyen la incertidumbre y la contingencia como variables fundamentales del proceso histórico y de los itinerarios de los actores. En los siguientes apartados voy a detenerme sobre dos momentos de intensa confrontación en el escenario político tucumano para delimitar las modalidades que adquirió la tramitación del conflicto y las herramientas puestas en juego por los distintos actores. El examen de esas coyunturas implica pasar a un registro de tipo événementielle para precisar el derrotero de las disputas y la concatenación de elementos que definieron su desenlace.

La disputa entre federales y liberales: estrategias y macanismos en la tramitación del conflicto político

La mañana del domingo 12 de junio de 1887 se produjo un ataque con­tra la iglesia Catedral y el edificio del Cabildo, en donde se encontraban las autoridades provinciales. El combate se prolongó durante el resto del día y concluyó con el triunfo de los rebeldes. El saldo de los enfrentamientos fue de aproximadamente 40 muertos y 60 heridos. El gobernador, sus ministros y gran parte de los integrantes del Poder Legislativo fueron puestos bajo arres­to. De inmediato el Congreso se abocó al tratamiento del asunto y, luego de debatir si se trataba de una revolución popular contra las autoridades o una sedición fraguada por miembros de la oposición secundados por contingentes del Ejército Nacional, sancionó una ley de intervención a la provincia “a objeto de restablecer las autoridades legalmente constituidas, de conformidad con los artículos 5° y 6° de la Constitución Nacional” ^[21]. Apenas cinco días después de asumir, el interventor declaró la ilegitimidad de las autoridades derrocadas, incluida la totalidad del Poder Legislativo y del Colegio Electoral, y convocó a elecciones para restablecer su funcionamiento. Los comicios convalidaron el resultado de las armas y el líder del levantamiento fue electo gobernador ^[22].

¿Cómo se había configurado el conflicto y quiénes habían sido sus actores fundamentales? Los contendientes habían quedado claramente es­tablecidos en la campaña presidencial de 1885-1886, pero la confrontación venía desarrollándose desde tiempo atrás en distintos escenarios. El año 1883 había sido especialmente convulsionado en el ámbito de los comicios, lo cual se tradujo en violentos enfrentamientos y en un marcado incremento de los votos registrados. Comités y clubes políticos, periódicos y movilizaciones callejeras le dieron el tono a la vida pública y convocaron a nutridos grupos de partidarios. Al mismo tiempo, la reforma de la constitución provincial en 1884 había introducido varias modificaciones sustantivas en el ordenamiento institucional y político. Con respecto al poder ejecutivo, la nueva carta exten­dió el mandato del gobernador a tres años, pero mantuvo la restricción para la reelección inmediata. Además, se modificó el procedimiento de elección con la instauración de un Colegio Electoral permanente cuyos integrantes se renovaban por tercios cada año ^[23]. En cuanto al poder legislativo, se adoptó el modelo bicameral y se eliminaron los requisitos de profesión o propiedad para ser electo como legislador (lo mismo se realizó en relación con el titular del Ejecutivo). Es decir que, además de ampliarse el número de cargos, se simpli­ficaron las condiciones para su acceso que, al menos desde la normativa, era prácticamente universal.

La sucesión presidencial reactivó las disputas y entre enero y junio de 1885 se organizaron comités para respaldar las distintas candidaturas que comenzaban a elevarse en todo el país ^[24]. A diferencia de las elecciones presi­denciales de 1874 y 1880, los distintos grupos de la dirigencia política provin­cial no habían zanjado sus discrepancias para apoyar a un único postulante. Más aún, la propia campaña presidencial contribuyó a la intensificación de la confrontación y a la consolidación de los grupos tras las candidaturas de Irigoyen y Juárez Celman. Aquí se combinaban factores de orden nacional y de orden local. En relación con lo primero resultó decisiva la postura de Roca que retrasó la declaración acerca del candidato de su preferencia, permitiendo que tanto Irigoyen como Juárez especularan con su apoyo, lo cual generó una situación de fluidez e incertidumbre en el escenario político general ^[25]. En el ámbito provincial, los enfrentamientos y fracturas suscitados por las disputas electorales reeditaron una retórica articulada en torno a las identidades parti­darias que profundizó las divisiones y atizó los conflictos ^[26].

La postulación de Irigoyen contó con el respaldo categórico del ofi­cialismo local y para él fueron los votos de los electores tucumanos ^[27]. La finalización del ciclo electoral aquietó momentáneamente la confrontación, pero pronto los juaristas retomaron la actividad opositora. Voy a detenerme a describir la estrategia y las herramientas empleadas porque considero que son ilustrativas para analizar el tema planteado.

La reactivación de las disputas se inició con una discusión sobre la dura­ción del mandato del gobernador impulsada por los juaristas, mientras orga­nizaban manifestaciones de aclamación de su candidato: Lidoro Quinteros ^[28]. La polémica refería a un artículo de la constitución provincial recientemente reformada y buscaba generar un conflicto institucional que derivara en la intervención de la provincia para así modificar el equilibrio de fuerzas a favor del juarismo ^[29]. Sin embargo, el pedido de intervención no fue atendido, Juárez todavía no había asumido y Roca aconsejó una conciliación entre las partes mediante la renuncia del gobernador cuestionado y la convocatoria de una nue­va elección. El oficialismo aceptó la indicación, pero no admitió la designación de un candidato transaccional. Su mayoría absoluta en el Colegio Electoral le garantizaba el control de la sucesión. Tampoco se les ofreció a los juaristas ningún cargo relevante dentro de la administración provincial, por lo cual mantuvieron su postura de abierta oposición. El nuevo mandatario era Juan Posse, industrial azucarero de reciente trayectoria en las filas del oficialismo y con un capital político limitado a vínculos de parentesco. Por otra parte, se intentó atraer a sectores del mitrismo a partir de la designación de Ángel Pereyra en el Ministerio de Hacienda e Instrucción Pública ^[30].

Hasta este punto la disputa política se había tramitado dentro de los cau­ces habituales. Los grupos en pugna habían empleado diferentes recursos para conseguir sus propósitos. Por su parte, los juaristas usaron su minoría en el Colegio Electoral para impulsar la polémica sobre el mandato del gobernador y movilizaron a sus partidarios por las calles de la ciudad para exhibir sus apoyos ^[31]. También recurrieron a la autoridad del gobierno nacional para que interviniera la provincia y mediara a su favor en la resolución de la disputa. En cuanto al oficialismo, en principio trató de sostener al mandatario impugnado, pero debido a la intromisión de Roca, accedió a negociar la renuncia. Luego utilizó su mayoría en el Colegio Electoral para elegir un candidato salido de sus filas que podía sumar nuevos apoyos en virtud de sus redes de parentesco y de su vinculación con sectores del mitrismo.

Aunque la situación parecía consolidada a favor del oficialismo, el con­flicto no había alcanzado una resolución definitiva. En los meses siguientes adquirió un tono de mayor virulencia, especialmente a través de la prensa. El detonante final fue el encarcelamiento Silvano Bores, director del periódico y rector de la Escuela Normal por una publicación que agraviaba al gobierno. Mientras el Congreso Nacional tomaba injerencia en el asunto, se organizó un levantamiento armado liderado por las principales figuras del juarismo local y sustentado en dos recursos clave: el control del ferrocarril y la disponibilidad de fuerzas del Ejército y de la policía de Córdoba. El jefe de las fuerzas mo­vilizadas era Lídoro Quinteros, administrador del ferrocarril. Algunos datos de su biografía resultan útiles para alumbrar el tema que aquí nos interesa y delimitar aquellos rasgos específicos de una trayectoria política.

Quinteros había nacido en Tucumán a mediados de 1848, y se presume que era hijo ilegítimo del gobernador Celedonio Gutiérrez ^[32]. Sus primeras experiencias políticas las había realizado en el contexto del Batallón Belgrano de la Guardia Nacional y en la organización del “Club Democrático” en 1869 ^[33]. En ese tiempo también ejerció un cargo en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Ya en 1872 fundó el diario La Razón y al año siguiente formó parte del Club “El Orden”, herramientas básicas de la campaña presidencial de Nicolás Avellaneda en la provincia. A partir de entonces, su carrera política combinó la esfera nacional con la local: en 1874 y 1878 fue elegido diputado y, luego, en varias ocasiones ocupó un cargo en la Legislatura provincial. En el Congreso tuvo una destacada participación en los debates de 1880 sobre la federalización de Buenos Aires y en 1884 fue miembro de la Convención Constituyente en Tucumán. Como ya señalé, las elecciones de 1887 realizadas bajo la intervención federal lo convirtieron en gobernador ^[34]. Bajo su mandato se conformó un nuevo elenco gobernante que incluyó a un gran número de individuos que ingresaban por primera vez a un cargo público.

La coyuntura examinada pone de manifiesto el repertorio de elementos y espacios de la acción política, y muestra escenas que reunían a variados sectores de la población. El cuadro incluye movilizaciones electorales y un levantamiento armado, instancias que convocaban mayoritariamente a los grupos subalternos, pero nuestro conocimiento sobre la participación de esos sujetos es aún muy exiguo. Distinguimos las redes principales que articulaban su movilización que, por cierto, no se limitaba a los tradicionales vínculos de patronazgo, pero todavía es bastante superficial lo que podemos decir acerca de su intervención en la vida política del período y de las consignas que la orientaban. En el siguiente apartado examino otra coyuntura de intensa mo­vilización que ofrece algunos indicios sobre este mismo tema.

Las movilizaciones callejeras en el escenario del noventa: la acción política en el espacio público

Luego de la renuncia de Juárez Celman a la presidencia se desarrolló un ciclo de movilizaciones en la capital tucumana que resultó un factor decisivo en los avatares de la política provincial ^[35]. Durante varios meses en la ciudad de San Miguel de Tucumán se realizaron actividades públicas y manifestaciones callejeras de diversa magnitud: desde pequeños actos de apoyo a figuras parti­darias, hasta importantes mítines que reunieron y movilizaron a varios miles. Si bien esa movilización mostró fisonomías cambiantes, se caracterizó por la participación de diferentes sectores urbanos y por su voluntad de interpelar a las autoridades provinciales. En efecto, esa determinación tuvo un papel clave en la dimisión del gobernador Silvano Bores, quien había sucedido a Quinteros y estaba identificado plenamente con el juarismo. También las movilizaciones callejeras fueron el canal por el cual se plantearon las demandas y se exhibie­ron las discrepancias que tensionaron al gobierno que reemplazó a Bores y que había sido aclamado como un triunfo de la voluntad popular. En ese contexto se recorta con mucha claridad la actuación de las agrupaciones políticas y de la prensa. Concretamente, la “Unión Cívica de la Juventud”, la “Unión Cívica de Obreros” y el diario El Orden. Tanto las agrupaciones como el periódico formaban parte de un entramado de relaciones que dio cuerpo a la Unión Cívica tucumana. No constituían sujetos colectivos independientes, sino que, por el contrario, eran parte de una red que los vinculaba con los diarios y las asociaciones partidarias establecidos en la Capital Federal.

Si bien 1890 constituye una coyuntura particular del último cuarto del siglo XIX, creo que resulta útil para iluminar la presencia y funcionamiento de varios elementos que nutrían la dinámica de la esfera política y que habi­tualmente ocupan un lugar menor en los análisis que buscan dar cuenta de las alternativas del período. Durante las décadas previas, el funcionamiento de las agrupaciones que recibían el nombre de “clubes” había sido bastante intermitente en el escenario tucumano. Sin embargo, a partir de la elección nacional de 1868 se fueron estableciendo como un mecanismo fundamental de los ciclos electorales asociados a la renovación presidencial. Los clubes se convirtieron en el espacio de definición de candidaturas y de articulación de los trabajos electorales. Si bien expresaban las divisiones y disputas de las di­rigencias, también funcionaron como un ámbito para unificar voluntades y, en ciertas ocasiones, disciplinar a los díscolos. Al mismo tiempo, se presentaron como el canal adecuado para la incorporación de distintos sectores: los traba­jadores manuales (los llamados “artesanos” en la década de 1870 y “obreros” a finales del 80); los clubes de la “juventud”, que reunían a los estudiantes del Colegio Nacional y jóvenes interesados en la política, y, finalmente, asocia­ciones establecidas en las poblaciones rurales para sumar a los habitantes de la campaña. Estos componentes de la vida electoral se multiplicaron, aunque con ciertas especificidades, en los diferentes escenarios políticos del país. Los clubes eran la expresión organizativa de los partidos que, ya en la década de 1870, aparecían como actores legítimos de la disputa electoral y que, como tal, fueron incorporados al desarrollo de los comicios con un representante en la mesa receptora de votos ^[36].

Aunque la organización de los clubes permanecía arraigada a la cir­cunscripción provincial, la prensa se ocupaba de enlazar el accionar de esas agrupaciones en las diferentes provincias y darle una perspectiva nacional. A través de los clubes, se organizaba el reclutamiento de los sujetos para la inscripción en el Registro Cívico y la concurrencia a las urnas el día de la elección; además se ocupaban de convocar y coordinar manifestaciones para homenajear a los candidatos o, luego de los comicios, celebrar su triunfo. Esas manifestaciones articulaban actos que se realizaban en espacios cerrados -era muy frecuente el uso de los teatros- con procesiones en las calles que recorrían puntos emblemáticos de la ciudad y que, invariablemente, convocaban más gente que la propia jornada electoral. Ese tipo de eventos, además, se con­virtieron en un espacio de activa participación de los clubes que reunían a la juventud y a los trabajadores. La campaña presidencial de 1886 ofrece varios testimonios de su protagonismo durante la visita de Bernardo de Irigoyen a Tucumán que fue parte del viaje para sostener su candidatura. Durante esas jornadas se puso de manifiesto el desarrollo organizativo de los clubes y su capacidad para convocar a un universo variado de sujetos que excedía amplia­mente a aquel identificado con el voto. Así se verificaba -y se celebraba por parte de los cronistas- la participación de mujeres, extranjeros y de jóvenes que aún no tenían la edad requerida para votar.

Ahora bien, ¿cuál es la importancia de estas experiencias asociativas y de las movilizaciones colectivas en la dinámica política del llamado “orden conservador”? Como ya anticipé, el accionar de los clubes y la realización de manifestaciones públicas fueron un elemento clave de los sucesos que, en 1890, siguieron a la renuncia de Juárez en Tucumán. Pero, por otro lado, parece evidente que la expansión de estas agrupaciones y la celebración de mítines con nutridas concurrencias no redundaron en un incremento de la participación electoral. Por el contrario, tal como pude constatar en las actas electorales de Tucumán, resulta indiscutible el descenso del promedio de la cantidad de votos registrados en las elecciones de finales de la década de 1870 y la primera mitad de la década siguiente ^[37]. Sin embargo, la participación en los clubes políticos y en los actos por ellos organizados proporcionó una experiencia política para muchos sujetos que requiere ser tenida en cuenta. Un componente clave de esa experiencia -y una posible vía de abordaje para reflexionar sobre la misma- son las identidades políticas que se expresaban y constituían en la acción de participar de la vida asociativa y de las distintas instancias de movilización. Desde esta perspectiva, la prensa partidaria desem­peñó un papel fundamental como engranaje de la organización de las distintas actividades y como enunciador de las coordenadas simbólicas que las dotaban de sentido. Así, la importancia de las identidades políticas en la configuración de los conflictos que caracterizaron la vida política tucumana de la década de 1880 quedó claramente explicitada en la coyuntura de 1887 que enfrentó a liberales y federales, pero también puede advertirse en el escenario de 1891¬1893, especialmente en torno a la configuración de la Unión Cívica Radical.

Por otra parte, la participación en clubes políticos y el acto propio de la movilización funcionó como una práctica que privilegiaba la acción política y que fácilmente podía transformar el tono celebratorio en exclamación de protesta. Asimismo, la vinculación de esos espacios asociativos con prácticas conspirativas fue una característica casi constitutiva de la política post Case¬ros. Aunque con variaciones importantes según la coyuntura, la posibilidad de que los comités electorales funcionaran como instancias de organización de levantamientos armados fue un aspecto siempre vigente en la perspectiva de los actores que tuvo su comprobación efectiva en la revolución de julio de 1890 y, probablemente también, en los levantamientos radicales de 1893.

COMENTARIOS FINALES

A cuarenta años de la primera edición de El Orden Conservador, la vida política del último cuarto del siglo XIX motiva renovadas exploraciones bajo variados interrogantes. En este texto esbocé algunas reflexiones para confron¬tar las lecturas que, a partir del esquema interpretativo planteado por Botana, han establecido definiciones sobre el elenco gobernante y sobre el funciona¬miento del régimen político en los escenarios provinciales. Así, la figura de una clase dirigente compacta que sistematizó mecanismos para el control de la sucesión sigue orientando una parte considerable de los abordajes y de las interpretaciones, y, en el caso tucumano, es subsidiaria de aquellos estudios enfocados en la configuración de las redes de parentesco y negocios que habrían definido el desarrollo de la agroindustria azucarera. Desde esa pers¬pectiva, los interrogantes sobre la esfera política resultan bastante limitados e, incluso, sesgados. Las dirigencias son caracterizadas como un grupo estre¬chamente articulado y definido por su pertenencia a las familias más ricas y prominentes, mientras hay una escasa -o ninguna- tematización del conflicto y una omisión casi absoluta de la participación de otros actores.

El repaso aquí ofrecido sobre los avatares de la política tucumana y la ex­posición de algunos de sus componentes principales no supone un argumento definitivo para dirimir las cuestiones involucradas en la noción de “régimen oligárquico”, pero sí pone de relieve varios elementos que contrastan con las interpretaciones establecidas. En primer lugar, he señalado varios momen­tos que marcaron, en mayor o menor medida, la alternancia de los elencos gobernantes. Esa alternancia se asentó en dos mecanismos principales: los acuerdos electorales y las destituciones violentas, pero también incluyó, si bien excepcionalmente, la acción combinada de la prensa y de manifestacio­nes callejeras que, en un contexto general de turbulencias e incertidumbres, derivaron en la renuncia del gobernador. En segundo lugar, quisiera destacar que esos distintos momentos implicaron la movilización de grupos variados de la población, aunque con relevancia y fisonomía diversas en cada una de esas ocasiones. Ciertamente, aquellas coyunturas definidas por los acuerdos partidarios fueron en general circunstancias de menor movilización, pero no debería pasar desapercibida la intensa participación política desarrollada bajo la consigna de conciliación de los partidos. Entonces, la organización de los clubes y comités de campaña, y el despliegue de la prensa tuvieron una función primordial en la convocatoria de nutridos contingentes de extracción social variada. Nuestro conocimiento acerca de esos contingentes todavía está circunscrito a las dirigencias, mientras sigue siendo muy vago el perfil de las jefaturas intermedias y prácticamente nula la información sobre las bases. Los registros de su actuación, tanto en lo que se refiere a las agrupaciones políti­cas como a su integración en cuerpos armados, son escasos y fragmentarios, pero sólo podrán escrutarse si los abordamos con los interrogantes adecuados. Pienso que ese es uno de los principales déficits de los análisis historiográficos aquí contemplados, incluidas, por supuesto, mis propias investigaciones. La revisión de los conceptos instalados en las narraciones del período demanda el diseño de investigaciones con preguntas renovadas para dar cuenta de la intervención de los distintos actores y de las eventuales articulaciones entre la esfera político-partidaria y la escena pública. Aquí esbocé algunas caracterís­ticas de esa intervención y procuré mostrar la relevancia que, en determinadas circunstancias, tuvo esa intervención en el derrotero de los sucesos políticos del último tramo del siglo XIX.

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Notas